El Supremo cita como imputado al diputado del PP Alberto Casero

El magistrado del Supremo Andrés Palomo ha citado para el próximo 20 de junio al diputado del PP Alberto Casero como investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018. La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la localidad pidió al alto tribunal que le investigara por una serie de contratos que se remontan a 2017 y 2018, tras lo que la Fiscalía apoyó esta solicitud apuntando a los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Una vez revisados sus respectivos escritos, la Sala de lo Penal ha abierto causa y designado como instructor al magistrado Andrés Palomo. Las contrataciones investigadas abordan cuatro cuestiones: el fichaje de un psicólogo, una gala de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú y la promoción de la Feria Nacional del Queso.

​La Feria del Queso

Trujillo celebra la Feria Nacional del Queso desde 1986. Su organización depende de la Institución Ferial Ferex, que aglutina a la Junta de Extremadura, las dos diputaciones provinciales y el Ayuntamiento de Trujillo. Las fotografías de la edición de 2018 muestran a Casero junto al entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara. Con él como alcalde, la magistrada de Trujillo investigó el contrato que adjudicó ese año para promocionar la feria.

"El procedimiento de contratación resultó inadecuado, según la nota de reparo del interventor, pues se trataba de un servicio periódico y previsible año tras año, que no podía seguir los trámites del contrato menor, haciéndose constar igualmente en dicha nota la ausencia de previsión presupuestaria", explica la exposición razonada remitida al Supremo. Casero cerró el acuerdo por 14.303 euros, pero la magistrada incide en que no avisó a los servicios competentes ni recabó informe del órgano de contratación.

"Nosotros nos encargamos de la gestión integral de la promoción de la Feria del Queso para atraer visitantes. El éxito o el fracaso se basaba en la venta de tiques, que eran para una degustación que me parece que estaba a 50 céntimos. El Ayuntamiento lo que quería era aprovechar la gran afluencia de personas que van durante los cuatro días de feria para llevar al mayor público posible a la plaza mayor", explican a El Confidencial desde Ícaro Consultores en Comunicación, la adjudicataria del contrato.

Según recuerda la magistrada, la organización de la Feria del Queso corresponde a la Institución Ferial Ferex, pero el Ayuntamiento cerró este acuerdo por sí solo. "Parece ser que estas cuatro instituciones tenían la obligación de hacer una aportación económica para mantener la Institución Ferial y, por lo visto, el Ayuntamiento, en lugar de esa aportación económica, se hacía cargo de la promoción, pero eso es algo que yo no lo he visto por escrito...", reconocen desde Ícaro Consultores.

Casero abandonó la alcaldía en junio de 2019 sin haber pagado los servicios contratados y el nuevo equipo de Gobierno se puso entonces de perfil ante las demandas de Ícaro Consultores: "Cuando entró el nuevo alcalde, José Antonio Redondo, del PSOE, se negó a pagar por un tema político, porque era una cuestión heredada del anterior". Pero, tras recurrir a los tribunales, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Cáceres terminó por darles la razón el 26 de octubre de 2020.

"De la documental obrante en el expediente administrativo y la incorporada con la demanda, en especial el reconocimiento efectuado por el alcalde de la corporación, resulta acreditada la existencia, realidad, legitimidad y exigibilidad de la cantidad que por importe total de 17.306,63 euros de principal la demandada adeuda a la actora como consecuencia de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales", explica la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario.

25 días antes de que se notificara esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cáceres emitió una similar. En este caso, condenaba al Ayuntamiento de Trujillo a pagar a Radio Interior S. L. 18.119,75 euros "por los servicios profesionales prestados como consecuencia del contrato celebrado entre las partes para la promoción turística de la ciudad". El Confidencial se ha puesto en contacto con esta empresa, pero no ha obtenido respuesta antes de la publicación de este artículo.

En la exposición razonada enviada al Supremo, la magistrada de Trujillo explica que lo ocurrido con Radio Interior también se enmarca en la promoción de la Feria Nacional del Queso. En concreto, para la edición de 2019. "No cabía el procedimiento del contrato menor, ya que su cuantía era superior a los 15.000 euros, y porque se trataba de una prestación periódica", advierte. Una vez más, una nota del interventor explicaba que "se habían omitido los requisitos esenciales en la contratación".

De un psicólogo a un convenio

El primer contrato investigado se remonta a marzo de 2017, cuando Casero fichó a un psicólogo para el Ayuntamiento. Según la magistrada, "cobró cuatro facturas" y firmó un "contrato menor de servicios de psicología, con duración de un año, por un importe de 18.000 euros anuales". "El investigado no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto", sostiene.

El caso acabó una vez más en los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Cáceres condenó al Ayuntamiento de Trujillo a pagarle dos facturas por importe de 2.949,5 euros. "Yo estaba trabajando y me ofrecieron una cosa que luego no salió: trabajar como psicólogo para el Ayuntamiento", explica el psicólogo en cuestión. "Mensualmente, yo facturaba, pero no me las abonaba, así que mi presión ya hizo que me firmaran un contrato mercantil en agosto, que es el de 18.000 euros y no lo cumplí: fueron solo dos meses y, como seguían sin pagarme, me fui. Ahí es donde interpuse la denuncia. De los 18.000 euros, solo se me abonaron 3.000".

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Los dos últimos contratos hacen referencia a una gala anual de entrega de premios y a un acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España. En cuanto a este último, Casero "se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiar" un convenio con ellos, pero "no informó a los servicios económicos ni jurídicos del Ayuntamiento". Una vez más, el contrato acabó en los tribunales y, según apuntan desde la Cámara de Comercio a El Confidencial, "se dictó sentencia a favor" de su entidad, "ya consentida y ejecutada".

Respecto a la gala de premios, esta se "acordó verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant" para su celebración en Trujillo en 2017. A cambio, Casero "aportaba 18.000 euros", pero "no tramitó expediente administrativo de contratación ni, al ser un contrato menor por el importe, tampoco incorporó, como debía, un informe del órgano de contratación que motivara la necesidad de contrato". El acuerdo se plasmó a su vez en la firma de un contrato el día 15 de junio de 2018: de esta manera, el Ayuntamiento cerraba un "patrocinio con la citada asociación" por 18.000 euros y también reconocía "la obligación de la aportación convenida en el año anterior por el mismo importe".