TRAS LA REFORMA LEGAL DE 2017

El truco de los contratos menores de 14.999,99 euros para esquivar el umbral legal

Casi el 10% de las adjudicaciones de suministros y servicios entre agosto de 2018 y julio de 2019 se amontonan entre 14.900 y 14.999,99 euros, justo por debajo del límite legal de 15.000

Foto: Ayuntamientos pequeños han utilizado el contrato menor para contratar a artistas como Antonio Orozco. (EFE)
Ayuntamientos pequeños han utilizado el contrato menor para contratar a artistas como Antonio Orozco. (EFE)

En un año, entre agosto de 2018 y julio de 2019, las administraciones públicas adjudicaron más de 35.000 contratos menores de suministros y servicios que superaban los 5.000 euros. Casi el 10% (3.261) son como lemmings apelotonados al borde del precipicio: están entre los 14.900 euros y los 14.999,99. ¿Ese es el rango más habitual de mercado de todo lo que se compra o se encarga desde las administraciones públicas? No, es el límite legal para poder usar el contrato menor: a dedo, casi sin controles ni transparencia.

Y si cambia ese límite —como pasó con la reforma que entró en vigor en marzo de 2018, que lo bajó de 18.000 a 15.000 euros—, cambia el coste de muchos de esos suministros y servicios como por arte de magia. Patrimonio Nacional contrató en 2017 y 2018 a la firma Opyser para el funcionamiento de las fuentes ornamentales de la Granja de San Ildefonso en Madrid, un atractivo turístico. Cada año, firmaba con ellos un contrato menor por la cantidad exacta de 17.999,99 euros. En abril de 2019, ya con los nuevos umbrales en vigor, ese mismo contrato se ajustó debajo del nuevo límite y pasó a costar 14.900 euros. Y, así, pagamos menos por el mismo servicio —¿o estábamos pagando de más?— y ellos pueden seguir dando el contrato a dedo y sin pasar por el proceso de un concurso abierto y transparente.

Este no es, ni de lejos, el único ejemplo que encontramos en los datos del Portal de Contratos del Sector Público, que agrupa los contratos menores de la mayoría de administraciones públicas locales, autonómicas y estatales. Los gobiernos autonómicos contratan agencias de calificación de riesgo para que establezcan su 'rating', esto es, cuál es su capacidad para pagar sus deudas o, dicho de otra forma, qué riesgo tiene invertir en esa deuda. El Gobierno de Cantabria contrató en 2018 y 2019 a una de las grandes, Fitch. ¿La diferencia entre ambos contratos menores? El primero costó 17.999 euros, justo por debajo del límite de 18.000, y, el segundo, ya con la reforma en vigor, 15.000. Una cifra, esta última, que además es ilegal, puesto que solo se pueden conceder esos contratos a dedo por debajo de 15.000 euros, no 15.000 exactos.

A la hora de comprar algo desde una Administración pública, el marco mental debería seguir este recorrido: quiero esto, pienso qué puede costar, dependiendo de ese precio, ¿puedo usar un contrato menor para adjudicarlo o no? Pero en muchos casos, como demuestran los datos y los numerosos ejemplos, en realidad es: quiero ahorrarme procesos o contratar a esta empresa sí o sí, así que ajusto el precio para que quede por debajo de los umbrales que establece la ley. Las consecuencias de estos ajustes son varias. La primera, que se contrate a precios que no son reales —si antes algo valía 17.999 euros y ahora 14.999, ¿estábamos entonces gastando de más?—; la segunda, que se apretuje el coste para esquivar la publicidad y la competencia, lo que hace que otras empresas no puedan presentar mejores ofertas.

Más ejemplos. La DGT pagaba a la empresa Equipos Industriales de Manutención, en julio de 2018, 17.999,17 euros para el mantenimiento preventivo de sus helipuertos. Un año después, la prevención importa exactamente 3.000 euros menos, lo que bajó el umbral con la reforma de la ley, y contrataron la misma empresa por 14.852. O el Servicio de Salud de Baleares, que en enero de 2018 pagaba a la entidad sin ánimo de lucro de payasos en hospitales La Sonrisa Médica 17.999 euros y, en abril de 2019, les recortó el contrato hasta los 14.999.

En los contratos de obras, la historia se repite, aunque en este caso la cifra mágica es distinta. Si antes de la reforma el precio debía ser inferior a 50.000 euros para poder usar la figura del contrato menor, desde marzo de 2018 ese límite es de 40.000.

Los menores de 15.000 € exactos son ilegales

Los datos del Portal de Contratos del Sector Público incluyen contratos menores que superan esos límites legales. ¿Qué ha pasado ahí? En algunos casos, se trata de excepciones a la norma (que hemos eliminado de nuestros datos); en otros, simples errores cometidos por los responsables de introducir los datos, y otros, simplemente, son ilegales.

La ley es clara: se puede usar este procedimiento exprés por debajo de los umbrales, pero no en los umbrales. Esto es: todos los contratos menores de 15.000 euros exactos en suministros y servicios o de 40.000 euros en obras son ilegales. Pero, en ocasiones, quienes los tramitan no conocen bien la ley. Prueba de ello es que de los 1.101 contratos menores de suministros y servicios adjudicados de agosto de 2018 a julio de 2019 que se pasan de los umbrales, más de la mitad (671) son exactamente de 15.000 euros. Lo mismo en obras: de los 172 que se pasan, casi la mitad (79) está justo en los 40.000.

En agosto de 2018, el Ayuntamiento de Águilas (Murcia) contrató a Niña Pastori, Antonio Orozco y Rozalén para que actuaran en sus fiestas. El caché de todos ellos era el mismo: 15.000 euros por cabeza. Todos estos contratos menores incumplen la ley. En Madrigueras (Albacete), sí leyeron bien la norma y pagaron a Rozalén 14.900 euros.

El apelotonamiento al borde de los 15.000 euros "incrementa la probabilidad de un uso distorsionado o desvirtuado" de la figura del contrato menor

La Agencia Antifrau de Catalunya, en uno de sus últimos documentos de trabajo, también detectó "una importante concentración de las adjudicaciones justo por debajo de los importes vigentes en cada momento para los contratos menores". Este apelotonamiento al borde del límite, en sus propias palabras, “incrementa la probabilidad de un uso distorsionado o desvirtuado que ponga en riesgo la igualdad en el acceso a las licitaciones públicas, la libre competencia y la eficiencia en la compra pública”.

Para garantizar esa competencia, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) dictaminó, en su primera instrucción, que todas las entidades del sector público estatal debían pedir tres ofertas, siempre que fuera posible, también para firmar contratos menores. ¿Qué ha pasado desde entonces? De los 79.288 contratos firmados a partir de esa fecha, el 82% solo registró una oferta. El 5%, dos. Y el 11%, tres, lo que pedía la entidad de control. Esto es: hay entidades públicas que cumplen, pero la adjudicación a dedo a una empresa sin consultar otras opciones sigue siendo el 'modus operandi' más habitual.

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David Cabo (datos) y Carmen Torrecillas (visualizaciones) también han participado en la producción de este reportaje. Además, Miguel Ángel Gavilanes, María Álvarez del Vayo y Ángela Bernardo colaboraron en el largo y doloroso proceso de limpieza de datos. El reportaje completo y la metodología detallada se pueden consultar en la página web de la Fundación Ciudadana Civio.

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