El juez rechaza que la Generalitat se persone como acusación en el caso Pegasus

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Generalitat de Cataluña de personarse como acusación en el caso Pegasus. Según argumenta en un auto fechado este mismo miércoles, no existe una habilitación legislativa específica para que personas jurídicas como la Generalitat puedan ejercer la acción popular: ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni la normativa autonómica permiten inferir que las entidades públicas tengan esta facultad en el procedimiento penal.

El magistrado abrió el pasado 3 de mayo una investigación por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia de la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles con la herramienta Pegasus. El juez dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la práctica de las diligencias de investigación que considerara convenientes a la hora determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, así como de las personas que en ellos hayan participado. Dos días después, declaró secreta la causa y ofreció personarse a Sánchez y Robles.

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Con la investigación ya en marcha, la Generalitat pidió entrar como acusación en base al informe de Citizen Lab que apunta a que al menos 65 personas vinculadas al independentismo catalán también fueron espiadas con el sistema Pegaus. La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ya reconoció el pasado 5 de mayo en la comisión de secretos del Congreso que los servicios de inteligencia habían realizado escuchas a 18 dirigentes independentistas con este mismo programa por presuntas actividades ilícitas, entre ellos el 'president' Pere Aragonès, pero insistió en que obtuvieron una autorización preceptiva del Tribunal Supremo para ello.

No conforme con esta explicación y a falta de aclararse el resto de espionajes, la Generalitat puso el foco en la el caso abierto en la Audiencia Nacional y, el 10 de mayo, presentó un escrito en el que pedía al magistrado que tuviera "por comparecida a esta parte en calidad de acusación popular" y que entregara "copia de las actuaciones". Según defendía en el mismo, “el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que los poderes públicos deben promover el pleno ejercicio de las libertades y la ciudadanía", a lo que se sumaba la “gravedad extrema de estas actividades ilícitas y el ataque a los derechos fundamentales de las personas afectadas".

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Lejos de dar por bueno este razonamiento, tanto la Fiscalía como el magistrado echaron por tierra su personación: "La falta de legitimación de la Generalitat de Cataluña para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara, por cuanto que ha de ser un concreto precepto de ley el que recoja esa opción, y actualmente no hay habilitación legislativa general para que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular", sostiene el auto.

Frente a los argumentos esgrimidos por la Generalitat, apunta a que "la acción pública para su ejercicio en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal, no teniendo cabida el ejercicio por parte de personas jurídicas públicas de la acción popular fuera de los casos en los que esta posibilidad se encuentra contemplada legalmente, sin que en el presente supuesto exista previsión legal específica en la que pueda ampararse la personación pretendida por la Generalitat de Cataluña".

De esta manera, cierra la puerta a que la Generalitat, lo que no quita que los presuntos espiados traten ahora de personarse uno por uno como acusación particular. Esa es la posibilidad que ofreció a Sánchez y Marlaska, por lo que el número de acusaciones podría terminar por superar la decena. De hecho, tras recibir una ampliación de la denuncia de la Abogacía del Estado, el magistrado ya extendió el pasado 11 de mayo la investigación a los supuestos ataques contra los teléfonos de los responsables de las carteras de Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, pero por el momento, el caso no aborda el espionaje al entorno del independentismo.