Moncloa no bajará más impuestos y dispara la desconfianza de Feijóo sobre Sánchez

El Consejo de Ministros ha aprobado Plan de choque contra el impacto económico y social de la guerra que llegará al Congreso de la mano del presidente Pedro Sánchez este miércoles. Un paquete de 6.000 millones de euros de ayudas directas y 10.000 millones en créditos ICO que deberá ser convalidado por la Cámara Baja y para el que el Gobierno insiste en pedir unidad. El PP ya ha avisado de que no contempla lo acordado en materia de impuestos aunque se abre a la negociación. El Gobierno descarta seguir con las rebajas fiscales aunque avisa de que pondrá "alfombra roja" al líder de los populares, que será proclamado este fin de semana en el congreso de Sevilla. "Si quiere tener un papel de Estado lo tendrá", sostuvieron fuentes del Ejecutivo, convencidos de que el presidente Sánchez lo recibirá en Moncloa.

Las vicepresidentas de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, Trabajo, Yolanda Díaz y Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecieron de forma conjunta para desgranar los detalles del plan que trata de plantar cara al shock económico por la invasión de Ucrania. El mensaje del Gobierno, como hizo un día antes el presidente Sánchez, fue reclamar apoyo a los grupos políticos en un momento límite. “¿Qué más tiene que ocurrir para dejar a un lado rencillas y sectarimos?”, entonó el presidente. Un argumento en el que insistió Calviño. “Este es un Gobierno buscando la unidad porque si no es ahora, ante un reto tan extraordinario como una guerra a las puertas de Europa, cuándo vamos a responder unidos”, entonó la vicepresidenta.

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El Gobierno descarta más rebajas de impuestos, como pide el Partido Popular para sumarse al plan. La Conferencia de Presidentes del pasado 13 de marzo en La Palma logró un texto unánime, auspiciado por el presidente de Galicia y futuro líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, que contenía un compromiso vago sobre bajadas de impuestos orientadas a los sectores más afectados por el alza de precios. En concreto, el acuerdo señalaba expresamente que se impulsarían medidas orientadas a "desarrollar e intensificar" propuestas "ya anunciadas", como son las "rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas".

Ese es precisamente el mayor punto de discordia entre Gobierno y oposición. Los socialistas entienden que la prórroga de las reducciones impositivas decididas hace casi un año ya es suficiente como para dar por satisfecho el acuerdo de La Palma, mientras que el PP insiste en que el Gobierno "no ha cumplido su palabra" al no incluir en su plan de choque propuestas como la reducción del IVA al 4% en suministros básicos que reivindicó Feijóo y el resto de presidentes autonómicos del PP.

A excepción de Isabel Díaz Ayuso, en cuyo equipo calificaron de "filfa" las conclusiones de la Conferencia de Presidentes, el PP vendió como un éxito el acuerdo alcanzado con el Gobierno, al entender que Sánchez había accedido a su propuesta de rebajas fiscales por el mero hecho de incluir esas dos palabras en una declaración final llena de inconcreciones. Pero nada más lejos de la realidad. Los socialistas insisten en que su compromiso no pasaba por impulsar nuevas propuestas en materia impositiva, sino trabajar en todo caso en las que ya había encima de la mesa, tal y como establece la literalidad del documento.

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Las rebajas de impuestos que ha aprobado el Gobierno se limitan a la prórroga del IVA de la luz, que seguirá reducido al 10% (frente al 21% habitual) y el impuesto especial de la electricidad, al 0,5% (frente al 5,1%). No se tocan impuestos especiales ni hidrocarburos. Desde muy pronto, el Ministerio de Hacienda dejó claro que no apoyaba ese modelo de rebajas fiscales sino que prefería ayudas directas. Una posición en la que se han mantenido anclados desde el principios los socios de Unidas Podemos en la coalición, que rechazan tocar impuestos como medida para aliviar el bolsillo de los ciudadanos. El Gobierno defiende, además, que los propios transportistas rechazaron la bajada del IVA para rebajar los precios de los carburantes.

Calviño insistió en que todos los grupos se van a ver “reflejados en las medidas” aprobadas y defendió que el Gobierno ha mantenido “un maratón de reuniones”, previas a la aprobación del decreto, por lo que confía “en el apoyo unánime del Parlamento”. La vicepresidenta de Asuntos Económicos defendió que toca unidad y apoyar el plan nacional de respuesta para amortiguar el impacto negativo de la crisis y que este "ya incorpora" una bajada de impuestos en el IVA de la electricidad y el coste de los carburantes. Esgrimió el informe del Banco de España, que rechaza como fórmula para hacer frente a la crisis una bajada de impuestos, que acapararían las clases más altas en los tributos indirectos, porque son los que más consumen. Calviño insistió en que esa ayuda directa a los carburantes, que entrará en vigor el 1 de abril y que alcanza los 20 céntimos por litro, 15 del Gobierno y 5 de las petroleras, tiene un efecto más directo que la bajada de la carga impositiva a los carburantes. Obvió la vicepresidenta que el gobernador del Banco de España discrepa del plan de choque del Gobierno, advirtiendo de que debería dirigirse a las familias y empresas más vulnerables y evitar el 'café para todos', como ocurre con la bonificación de la gasolina.

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El PP, dispuesto a "negociar"

Los populares han ido modulando el tono respecto a su respaldo al decreto económico de Sánchez conforme iban pasando las horas. La portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, solicitó personalmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, un borrador del documento aprobado este martes en el Consejo de Ministros, pero su petición fue ignorada por Moncloa. Así las cosas, en el PP rechazan fijar posición hasta conocer "todos los detalles" del plan aprobado por el Gobierno, y se ofrecen a "negociar" el contenido antes de su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Héctor Gómez, ha cerrado la puerta a abrir una nueva ronda de negociación al entender que ya se han mantenido los cauces de comunicación necesarios con los grupos parlamentarios y que el Gobierno ha sido "permeable" con sus propuestas. En todo caso, y aunque el PP termine borrándose del acuerdo, el Ejecutivo tiene prácticamente asegurados los apoyos al decreto con los socios habituales de investidura. Sin ir más lejos, Podemos cierra la brecha con el socio mayoritario y se congratula porque el plan económico tenga su sello, citando propuestas como el límite a los alquileres o la subida del ingreso mínimo vital.

Por su parte, tanto ERC como Bildu sugirieron este martes su apoyo favorable pese a considerar que el plan "se queda corto" o que las ayudas son "insuficientes", mientras que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, abrió también la puerta a posicionarse a favor del decreto cuando llegue a la Cámara Baja. "Decir 'no' al acuerdo es decir 'no' a que se tomen medidas", sugería el dirigente en rueda de prensa.

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Como ya ha manifestado públicamente Ciudadanos, el PNV se plantea solicitar la tramitación del decreto como proyecto de ley para poder introducir enmiendas en el caso de entontrar "discrepancias" durante las negociaciones con el Ejecutivo una vez conozcan el texto final. El Gobierno no ha cerrado públicamente la puerta a la tramitación como proyecto de ley, pero fuentes de Moncloa aseguran que no tiene ningún sentido este proceso cuando la mayoría de las medidas, salvo las referidas a los créditos ICO, tienen una duración de tres meses y expiran el 30 de junio. Fuentes parlamentarias coinciden con este diagnóstico, y añaden además el carácter de "urgencia" de las medidas, ya que la inclusión de enmiendas dilataría los plazos para la aprobación definitiva del paquete en la Cámara Baja.

El plan aprobado en el Consejo de Ministros entra en vigor una vez que el decreto-ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 1 de abril, aunque después debe ser convalidado por mayoría simple en el Congreso en un plazo medio de 30 días. “En este momento hacemos una propuesta y vamos a ver la respuesta de los grupos políticos, confiamos en que prime la unidad pero no voy a adelantar acontecimientos hasta que veamos si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad para mostrar un cambio de orientación del PP”. El Gobierno defendió que el descuento en las gasolinas afectará sobre todo al transporte, de mercancías y personas, y también a las clases medias. Con eso juegan, para presionar al PP para que se sume al plan.