El Gobierno frena la subida del diésel para evitar protestas del campo y la clase media

El Gobierno frena la subida del impuesto del diésel. O, con mayor precisión, la eliminación de la bonificación del gasóleo para igualar su tasa impositiva con la de la gasolina. La medida, que llegó a contemplarse en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2021, pero que quedó descartada en la negociación con el PNV, es una de las figuras fiscales que el Ministerio de Hacienda espera ver reflejada en el inminente informe del comité de expertos. Sin embargo, la situación económica y política lleva al Ejecutivo, y en esto están de acuerdo PSOE y Unidas Podemos, a congelar la decisión.

Los carburantes se encuentran en este momento en precios máximos en España. Este viernes la gasolina batió récord, alcanzando 1,56 euros por litro de media. El diésel, por su parte, alcanzó su segundo registro histórico, 1,44 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE. En este contexto el Gobierno prevé recibir a finales de mes —las fuentes consultadas apuntan al día 28 para, durante los primeros días de marzo, realizar una presentación oficia— el informe de los expertos, un documento en el que, según advierten desde el Ejecutivo, contendrá "recomendaciones". Luego será Hacienda quien "tome las decisiones" que considere oportuno en materia fiscal, recuerdan las fuentes consultadas.

El área socialista del Gobierno no contempla, en definitiva, la eliminación de la bonificación del impuesto del diésel por varios motivos. En primer lugar, por el contexto económico actual. La subida de los precios penaliza, especialmente, a las clases medias y bajas, de modo que una subida de este carburante supondría una carga extra para las familias, concluyen en el Ejecutivo. Lo mismo ocurre para determinados colectivos profesionales, desde los transportistas hasta el campo, protagonista de la última campaña electoral en Castilla y León. El Gobierno, por tanto, prefiere esperar para abordar una medida fiscal de este tipo y hacerlo en un escenario económico más favorable.

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En el Consejo de Ministros también son conscientes de "lo impopular" de una subida del diésel en un contexto de escenario electoral. Tras Castilla y León las siguientes elecciones serán las de Andalucía, aún sin fecha definitiva. Y luego vendrán las municipales y autonómicas y, a continuación, las generales. El calendario de comicios, por tanto, desaconseja una medida de este tipo, indican las mismas fuentes.

Congelar la subida del diésel implica que la apuesta del Gobierno por la fiscalidad verde quede coja. No paralizada, pero sí incompleta. No obstante, el Ejecutivo considera que el compromiso adquirido por Bruselas en el Plan de Recuperación permitiría posponer la decisión sobre el carburante más contaminante. En efecto, apuntan estas fuentes oficiales, en el 'operational agreement' o el contrato de aplicación sellado con la Comisión Europea, no se menciona el impuesto al diésel. Sí se recoge avanzar en la fiscalidad verde, con menciones expresas a "impuestos medioambientales" como el de matriculación, el de circulación y los peajes en búsqueda de, mención textual, "un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".

Todas estas medidas deben ser abordadas antes de finalizar abril de este año y será, según las previsiones del Gobierno, mencionadas por los expertos de Hacienda. Pero no hacer referencia en el 'vademécum' pactado con la UE al impuesto al diésel podría permitir a España no poner en riesgo los fondos europeos. Recuerdan en Hacienda que hay otros ámbitos en lo relativo a la fiscalidad verde en los que sí se está avanzando: el impuesto a los plásticos, por ejemplo.

Congelar la subida del diésel implica que la apuesta del Gobierno por la fiscalidad verde quede coja

También sigue congelado por Hacienda el impuesto a los billetes de avión, que buscaba desincentivar este medio de transporte en trayectos de corto y medio alcance. Esta tasa llegó a someterse a consulta pública días antes de la irrupción del covid. Pero la pandemia y la crisis para el turismo y el transporte aéreo ha llevado al Gobierno a meterla en el congelador.

La tributación del diésel, un combustible utilizado mayoritariamente en el campo, no ha sido motivo de confrontación política en la campaña de Castilla y León. Sí lo fueron, en cambio, los peajes. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, acusó al Gobierno de que tras los comicios iba a "imponer" el sistema de pago en carreteras. La portavoz socialista en la Cámara alta, Eva Granados, respondió que se trataba de un bulo. La realidad es que la Comisión Europea sí exige al Ejecutivo avanzar en el diseño del modelo a principios de este mismo año. Ya está en ello el Ministerio de Transportes. El compromiso con Bruselas es tener el sistema implantado a finales de 2023, según se puede leer en el citado 'operational agreement'.

Agrio debate fiscal en la coalición

PSOE y Unidas Podemos ya están enfrentados por el debate fiscal y eso que aún los expertos de Hacienda no han presentado sus conclusiones. Los morados fijaron en el debate en una entrevista de Nacho Álvarez, número dos de Belarra, en El Confidencial. Más tarde, en un acto con el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, de invitado, pusieron sobre la mesa un impuesto específico a la riqueza y un recargo de Sociedades a las eléctricas, entre otras figuras. La ministra de Hacienda les respondió la pasada semana hablando de una propuesta "inoportuna". "Lo lógico", reprochó María Jesús Montero a sus socios, "habría sido esperar a tener el documento que el propio Gobierno ha encargado a un grupo de expertos que han trabajado de forma altruista poniendo lo mejor de su conocimiento al servicio de la sociedad".

Apenas una hora más tarde, llegaba la respuesta de los morados, en boca de Ione Belarra. "A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en plena crisis todavía las pymes y trabajadores paguen el doble de impuestos que las grandes empresas", aseguró la ministra de Derechos Sociales, para quien la batalla fiscal es un aspecto central y "urgente" de lo que queda de legislatura.

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Fuentes de Hacienda añaden que "el Gobierno ya ha adoptado muchas medidas en el ámbito fiscal en la primera parte de la legislatura". Dan por cumplido el pacto de Gobierno en la materia en torno al 80-90%. Y citan las siguientes medidas: subida del IRPF a las rentas superiores a los 300.000 euros, el incremento a las rentas de capital por encima de los 200.000 euros, el tipo mínimo de Sociedades al 15%, la exención de plusvalía, el impuesto a determinados servicios digitales, la tasa a las transacciones financieras y el endurecimiento del régimen tributario a las sicavs.

Belarra, por su parte, respondía ayer a Montero en el cierre de campaña de Unidas Podemos en Valladolid: "Fijaos que ya empiezan a esconderse detrás del informe de expertos para no cumplir el acuerdo de Gobierno sobre la reforma fiscal", afirmaba la secretaria general morada. "Cuando nuestros votos son imprescindibles los acuerdos se cumplen. Y a partir de ahora los ricos en España van a tener que empezar a pagar lo que les toca. Basta ya de privilegios fiscales para los ricos mientras los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas pagan el doble de impuestos que las grandes empresas. Sin justicia fiscal en España nunca va a haber justicia social", añadía.