El TC ve relevancia constitucional en el 'cordón' a Vox en el Parlamento vasco

El Tribunal Constitucional analizará a fondo el recurso de amparo presentado por Vox contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco que restringieron en agosto de 2020 la capacidad de intervención del partido en la Cámara y las iniciativas que pueden presentar. El asunto se ha elevado al pleno después de ser abordado la pasada semana por parte de la sala a la que había correspondido. Fuentes jurídicas consultadas explican que la cuestión reviste "relevancia constitucional" y advierten de su complejidad. El partido de Santiago Abascal considera que la medida impone un "fascista y totalitario cordón sanitario" a este partido al limitar sus tiempos de intervención y las iniciativas que puede presentar.

El acuerdo alcanzado por todos los grupos de la Cámara vasca, salvo PP y Cs, establece que el tiempo de intervención de la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, "será de un tercio del previsto para el resto de los grupos" en todos los debates plenarios y solamente podrá registrar una propuesta cada tres plenos ordinarios, y una propuesta cada tres plenos de control. También se limita a uno el número de asistentes y que el grupo mixto no incluya sus siglas.

La dificultad de la deliberación se centra en varios de los aspectos que presenta el recurso. De entrada, afecta a la igualdad de los parlamentarios, al principio de proporcionalidad y a la autonomía parlamentaria, concretamente a las facultades de las mesas de las cámaras para regular el funcionamiento interno de los parlamentos, organizando y dirigiendo los debates, con el debido respeto a la igualdad de derechos de los diputados.

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Los magistrados tendrán que valorar si resulta equitativo que una única parlamentaria disponga del mismo tiempo y espacio de intervención que el resto de partidos, incluyendo el mayoritario, que dispone de 30. Otra de las cuestiones que se estudiarán es el riesgo de sobrerrepresentación que existe a la vista del número de votantes que apoyaron a cada formación presente en la Cámara. También se abordará el equilibrio entre la representatividad de un parlamentario único frente a la de un grupo que cuenta con más diputados y que, por ello, debe repartir su tiempo entre todos ellos y la capacidad del TC para interferir en decisiones adoptadas en el marco de la autonomía parlamentaria con gran apoyo, como es la del caso.

La decisión del TC se produce después de que, el pasado mayo, el tribunal de garantías rechazara la paralización cautelar del acuerdo que había reclamado Vox. El Constitucional consideró que congelar de urgencia la medida que apoyaron el PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU no suponía un perjuicio para el partido recurrente, puesto que el sistema les permite "seguir haciendo valer los intereses de los concretos votantes de la formación política por la que resultaron elegidos" aun con un porcentaje de participación reducido.

El recurso

Vox formalizó su recurso en octubre de 2020. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y la parlamentaria afectada explicaron entonces que la decisión supone en su opinión una discriminación para la formación y para sus votantes y se dirige a "sesgar y silenciar la voz de los 18.000 vascos que dieron su confianza a Vox" en las pasadas elecciones autonómicas.

El partido de Abascal defiende que el acuerdo de la Mesa infringe tanto el reglamento de la Cámara como otros precedentes parlamentarios adoptados en los casos de Aralar, UPyD e incluso Podemos. Para el partido, las limitaciones son contrarias al artículo 25.1 del reglamento de la Cámara, que indica que la participación del grupo mixto será "idéntica" a las del resto de grupos, y al artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a la participación política y al acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.