Cordón sanitario a Vox y veto a la monarquía de Podemos: Euskadi estrena la legislatura

A la espera de que el próximo 3 de septiembre el Parlamento Vasco invista lehendakari a Iñigo Urkullu por tercer mandato consecutivo en una sesión en la que no se esperan sorpresas –será elegido presidente en primera votación por mayoría absoluta al sumar los votos del PNV y el PSE-EE, que negocian estos días su acuerdo de Gobierno–, la actividad en la Cámara de Vitoria ha comenzado ‘movida’ con el 'cordón sanitario' de los grupos a Vox, que va a ver limitada al mínimo su capacidad de acción y su estructura organizativa tras un acuerdo del que se ha desvinculado la coalición que suma a PP y Ciudadanos, y con la propuesta de Podemos para borrar toda huella de la monarquía en las calles, plazas e instituciones de Euskadi por ser un "sistema heredero del franquismo, antidemocrático y machista".

El estreno de Vox en el Parlamento Vasco tras lograr un escaño por Álava en las elecciones autonómicas del 12 de julio ha venido acompañado de un movimiento inédito en la Cámara después de que PNV, EH Bildu, Podemos y el PSE-EE hayan acordado reducir al máximo su capacidad operativa: la formación de Santiago Abascal va a contar únicamente con un tercio del tiempo de intervención en los debates en relación al resto de grupos, solo podrá registrar una iniciativa cada tres plenos ordinarios frente a las seis de los demás partidos –dos por sesión– y únicamente podrá contratar a una persona como asesora. También verá reducida de forma importante su labor de seguimiento al Gobierno al ver limitada su capacidad en las sesiones de control al Ejecutivo, con una interpelación y cuatro preguntas por cada tres sesiones.

Vox solo podrá intervenir un tercio del tiempo en los debates en relación a los otros grupos, registrar una iniciativa cada tres plenos y contratar a un asesor

El restrictivo criterio acordado de cara al funcionamiento del Grupo Mixto, al que únicamente está adscrito Vox con su parlamentaria Amaia Martínez, contrasta con el planteamiento seguido en la primera legislatura de Urkullu, de 2012 a 2016, cuando el único representante de UPyD, Gorka Maneiro, gozó de las mismas condiciones que el resto de grupos estando solo en el Grupo Mixto –dentro de su estructura organizativa contó con tres asesores (ahora el PNV tendrá 13 asistentes, EH Bildu contará con 10, el PSE-EE siete, Podemos y PP y Cs cinco cada uno y Vox uno)–. Este antecedente ha servido a Martínez para reforzar su denuncia de la “cacicada” llevada a cabo este jueves contra su grupo, que no descarta recurrir a los tribunales para evitar una situación que “jamás” se ha dado en 40 años de funcionamiento del Parlamento Vasco. “En ningún momento se han coartado las libertades de la forma en que se ha hecho en este caso”, ha censurado.

La denuncia de Vox es vista como una "pataleta" por el PNV, que justifica la validez de un acuerdo "perfectamente democrático" que ampara el artículo 28 del reglamento del Parlamento Vasco, que establece que los grupos contarán con un número de personal “acorde a su respectiva representación parlamentaria” y que la decisión al respecto "será adoptada por la Mesa previo acuerdo de la Junta de Portavoces" –este jueves se ha validado el pacto en la primera reunión de este último organismo tras la sesión constitutiva de la Cámara del pasado 3 de agosto–.

El PNV justifica el acuerdo "perfectamente democrático" para evitar que Vox "capitalice la actividad parlamentaria con debates incendiarios"

El parlamentario ‘jeltzale’ y miembro de la Mesa Iñigo Iturrate defiende que el reglamento "da el soporte para corregir la desproporcionalidad existente, ajustando el personal, los tiempos y las iniciativas". En el fondo, se ha llevado al extremo la literalidad de la norma para, según admite, evitar que Vox llegue a "capitalizar la actividad parlamentaria con debates incendiarios que solo buscan crispar el ambiente y tensionar las relaciones". "No pretendemos borrar del mapa una realidad que existe y que tiene detrás 4.700 votos en Álava, pero sí buscamos que Vox no esté sobredimensionada ni marque la agenda política en esta institución", ha manifestado.

Más contundente en las palabras se ha mostrado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que ha puesto voz a lo que el PNV se niega a afirmar de forma pública: "Es un cordón sanitario al fascismo", ha aseverado la líder ‘abertzale’ en la Cámara. “A la ultraderecha hay que ponerla en su sitio y no puede, en ningún caso, marcar la agenda política de este país”, ha remarcado para justificar un acuerdo que PP y Ciudadanos rechazan. "Es arbitrario, supone una restricción de derechos parlamentarios y no tiene soporte jurídico", ha censurado el portavoz del grupo, el popular Carmelo Barrio.

Podemos denuncia "el cordón sanitario que se ha construido para blindar a la monarquía": pide borrar "todas las referencias y alusiones" a ella en Euskadi

Otro 'cordón sanitario' ha marcado igualmente el estreno de Podemos en el Parlamento. En este caso, el que denuncia que han construido "las fuerzas políticas, económicas y mediáticas del régimen para blindar a la monarquía y justificar lo injustificable" tras la "huida" del rey emérito Don Juan Carlos de Borbón por la investigación abierta por la comisión de "hasta siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la Hacienda Pública".

Así lo refleja la formación de Pablo Iglesias en la primera proposición no de ley de la legislatura que ha registrado en el Parlamento Vasco este mismo jueves para su debate en pleno, junto a otra iniciativa para crear una comisión de investigación sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar que mantiene sepultados bajo toneladas de basura a dos trabajadores –Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze– seis meses después de que la infraestructura se viniera ladera abajo.

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Con la proposición relativa a los "presuntos casos de corrupción que afectarían al anterior jefe del Estado y a la monarquía", Podemos busca promover junto a los ayuntamientos vascos "la retirada de todas las referencias y alusiones a la monarquía existentes en la comunidad autónoma". Borrar toda huella de la Corona en Euskadi es uno de los cinco objetivos que persigue la formación morada con esta iniciativa, que también reclama una investigación judicial en España al rey emérito y que le sea despojado el título de 'rey' y el tratamiento de 'majestad'. Igualmente, y a raíz de las informaciones que ha publicado El Confidencial por los presuntos delitos cometidos por Don Juan Carlos, rechaza la "operación de lavado de imagen de la Casa Real" para "proteger a la monarquía", un sistema que califica de "heredero del franquismo, antidemocrático y machista", y reivindica que el Parlamento se "comprometa a defender e impulsar los valores republicanos".

"La huida de España de Don Juan Carlos de Borbón es el último episodio de una sucesión de actos execrables perpetrados por miembros de la Casa Real en los últimos años, actos faltos de la más mínima ética, impropios de personas que ostentan responsabilidades o representación pública y, en muchos casos, además, actos claramente delictivos que la Justicia siempre se ha negado a investigar amparándose en una supuesta inmunidad que en España se ha interpretado de forma tan extensiva que finalmente se convirtió en impunidad", argumenta en la justificación de motivos.

"La huida de España de Don Juan Carlos es el último episodio de una sucesión de actos execrables perpetrados por la Casa Real en los últimos años"

El registro de esta iniciativa, que lleva la firma del parlamentario Jon Hernandez, que repite en la Cámara tras el estreno de Podemos en el Parlamento de Vitoria la pasada legislatura, forma parte de la ofensiva que Podemos está llevando a cabo en los ayuntamientos vascos contra el rey emérito con el registro de diferentes escritos para retirar todas las referencias municipales a la monarquía, caso de las tres capitales vascas. En el caso de Vitoria, el alcalde, Gorka Urtaran (PNV), ha tomado la iniciativa y ha eliminado la avenida Juan Carlos I del callejero, que ha sido rebautizada como 8 de marzo.