La Abogacía ya estudia si impugna ante el TC la declaración republicana del Parlament

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene un nuevo frente en Cataluña. La resolución aprobada el pasado viernes por el Parlament a propuesta de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP en la que se declara que Cataluña es republicana y que, por tanto, "no reconoce ni quiere tener ningún rey" se encuentra ya sobre la mesa de la Abogacía del Estado que estudia si reclama al Tribunal Constitucional la impugnación del texto que ha generado nuevas discordias entre los partidos de la coalición, informan fuentes jurídicas.

La iniciativa salió adelante en un pleno extraordinario sobre la Monarquía que se celebró a petición del 'president', Quim Torra, tras la salida del rey emérito de España. Pero con el coste de un nuevo enfrentamiento entre ERC y JxCAT. Los servicios jurídicos de la cámara habían advertido que los puntos en los que la resolución criticaba a la Corona y en el concreto a Felipe VI o volvía a mostrar una apuesta por la independencia de Cataluña eran claramente inconstitucionales.

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Antonio Fernández. Barcelona

Los partidos independentistas optaron por una tirita. El texto publicado y en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) y el aprobado no son idénticos. La declaración que consta en el BOPC elimina los puntos más sensibles y, además, refleja en su último párrafo una explicación expresa. En él se indica que se han retirado puntos a consecuencia del deber que pesa sobre el secretario general del Parlament de impedir o paralizar cualquier actuación que suponga incumplir disposiciones anteriores del TC. A pesar de todo incluye frases de dudosa constitucionalidad ya desde el arranque.

El primero punto dice así: "El Parlamento de Cataluña declara que Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey". Continúa indicando que el Parlament ha constatado que en Cataluña "hay una amplia mayoría a favor de ejercer por referéndum el derecho a la autodeterminación y en contra de la monarquía". También dice que la forma política del Estado español es ajena al principio democrático, dado que la condición de jefe de estado se transmite por vía hereditaria y no por elección de la ciudadanía. Constata también "que Cataluña se quiere republicana, dado el rechazo mayoritario de la ciudadanía a esta forma política, impuesta pero nunca refrendada".

A la espera

El Gobierno espera el dictamen de la Abogacía del Estado para decidir si se dirige o no al tribunal de garantías. Fuentes del TC indican que si considera necesario un pronunciamiento expreso sobre una resolución de un Parlamento autonómico tiene que solicitarlo. En este caso, no sería necesario formular un nuevo recurso de inconstitucionalidad y bastaría con un incidente de ejecución que es más rápido y sencillo.

El TC ya ha dictado hasta el momento numerosos autos de ejecución declarando la nulidad de pronunciamientos sobre la independencia o anulando proposiciones del Parlament sobre la monarquía por falta de competencia. La duda del Ejecutivo reside en los términos de la publicación. Lo que no consta en el BOPC, no existe jurídicamente pese que las afirmaciones realizadas en la cámara sean distintas.