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El caso de un parto inducido calienta el fallo del TC sobre el aborto tras 12 años de espera
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El caso de un parto inducido calienta el fallo del TC sobre el aborto tras 12 años de espera

Revisará en pleno una orden judicial que obligó a una embarazada a ingresar en contra de su voluntad para proteger la vida del no nato

Foto: Una embarazada se somete a revisión. (EFE/Paolo Aguilar)
Una embarazada se somete a revisión. (EFE/Paolo Aguilar)
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Casi 12 años después, el Tribunal Constitucional comienza a calentar motores para fallar sobre la ley del aborto con un caso que podría servir de prólogo. La Sala Segunda ha acordado este lunes elevar al pleno el recurso de amparo de una mujer contra la orden de internamiento en un centro hospitalario para atender clínicamente al parto. Un juez acordó que fuera ingresada en contra de su voluntad para proteger la vida del no nato. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que la deliberación sobre este asunto sentará las líneas generales de la resolución que se adopte respecto a la norma que reguló la interrupción asistida del embarazado hace más de una década.

La ponencia ha correspondido al magistrado Enrique Arnaldo, que también se ocupará de redactar la sentencia sobre la ley del aborto. Ambas cuestiones están íntimamente relacionadas en cuanto a la protección del feto. El auto que se revisará procede de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias. El asunto no se verá en el pleno de esta semana, sino que se insertará en próximos órdenes del día, aclara el tribunal de garantías.

Foto: Manifestación convocada con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto y la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. (EFE) Opinión

El caso se remonta a 2019. Una embarazada de 42 semanas fue ingresada de forma forzosa por orden judicial para que se le provocara un parto inducido. La decisión fue adoptada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y avalada después por la Audiencia Provincial. Según relató entonces su abogada, la mujer había planeado un parto domiciliario, pero al pasar la semana 42 y ser consciente de que existía un mayor riesgo, decidió acudir al hospital para un control. Ahí se le recomendó la inducción del parto.

Según un informe del jefe de Sección de Obstetricia, la mujer interrumpió sus controles de embarazo y visitas al médico en la semana 35+2, pese a la insistencia de los facultativos para que las retomara. Los médicos calculaban cuando se produjeron los hechos que la mujer se encontraría en la semana 42+3 de embarazo, por lo que el informe advertía de que si el parto no se realizaba en el hospital, existiría "riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina". El juez, tras conocer los hechos, emitió inmediatamente un auto donde se ordenaba el traslado en un vehículo medicalizado y posterior ingreso de la mujer en el hospital. Una patrulla de la Policía Local se personó en el domicilio de la mujer a primera hora de la tarde para cumplir el mandamiento judicial y trasladarla hasta el centro hospitalario.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE)

Las bases

La deliberación del pleno sobre este caso será fundamental para sentar las bases del fallo sobre la ley del aborto, que el TC quiere dictar este 2022. El retraso supera la década. El PP presentó el 1 de junio de 2010 el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permitía abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22. Ese escrito del recurso contra la ley que impulsó la que fuera ministra de Igualdad, la socialista Bibiana Aído, estaba firmado por 50 diputados encabezados por el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, y su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP recurría en concreto el hecho de que para abortar en las primeras 14 semanas no fuera necesario que concurriese ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del 'nasciturus', algo que a su juicio iba contra el artículo 15 de la Constitución, que reconoce que "todos tienen derecho a la vida". Aunque Rajoy prometió derogar la ley del aborto, al final no lo hizo. Los populares sí introdujeron a través de una proposición de ley en 2015 la obligación para las menores de contar con consentimiento paterno para interrumpir un embarazo.

Casi 12 años después, el Tribunal Constitucional comienza a calentar motores para fallar sobre la ley del aborto con un caso que podría servir de prólogo. La Sala Segunda ha acordado este lunes elevar al pleno el recurso de amparo de una mujer contra la orden de internamiento en un centro hospitalario para atender clínicamente al parto. Un juez acordó que fuera ingresada en contra de su voluntad para proteger la vida del no nato. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que la deliberación sobre este asunto sentará las líneas generales de la resolución que se adopte respecto a la norma que reguló la interrupción asistida del embarazado hace más de una década.

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