Un 54% más de agentes de violencia machista que en 2011... Pero todavía insuficientes

Las comisarías son la puerta de entrada al final de la violencia machista. Es el primer punto al que acuden las víctimas cuando quieren acabar con el maltrato en cualquiera de sus múltiples formas. Por eso, tener agentes especializados en atender y entender este tipo de delitos es uno de los objetivos que recogía la Ley de violencia de género de 2004 para erradicar esta lacra social.

“El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas”, decía el texto.

Sin embargo, el desarrollo real de esta voluntad política ha sido desigual en el tiempo y el territorio. Según los datos proporcionados por el Gobierno a una batería de preguntas del grupo del Partido Popular, el número de efectivos ha variado poco en 10 años. De los 2009 agentes de Policía y Guardia Civil que había hace una década, fue cayendo paulatinamente hasta 2021. El año pasado, ha experimentado un brusco repunte que corresponde a un aumento de refuerzos en la Guardia Civil, hasta el punto de superar a Policía Nacional: 1.740 frente a 1.365. Es decir, más de 3100 entre ambos cuerpos, un 54% más (sin datos de País Vasco).

Estos agentes dedicados a la protección de las mujeres y sus hijos del maltrato de sus parejas, se agrupan en unidades especializadas, que se encargan de recoger la denuncia a la víctima, hacer seguimiento de los casos o investigar de manera conjunta con otras autoridades casos de riesgos. Y también, de influir en el resto de compañeros.

17 provincias están por debajo de la media de España de 7 agentes por cada 100.000 personas

Si se suma el total de policías y guardias civiles en toda España con los más 182 Mossos d’Esquadra que hay en todas las provincias catalanas, la ratio es de siete agentes especializados en violencia de género para cada 100.000 personas en todo el territorio. Sin embargo, esta proporción puede ser muy diferente de una provincia a otra.

En Castilla y León se encuentran las regiones con mejores ratios en ese sentido, lo que implica que si una mujer acude a denunciar a su pareja o expareja a una comisaría tendrá más opciones de que le atienda una persona formada en este tipo de atención. En Soria, la provincia con mejor ratio, hay 56 agentes por cada 100.000 ciudadanos, muy lejos de los 4 que hay en Madrid, Sevilla o para toda Cataluña. A Soria solo la supera Melilla, con una ratio de 88 agentes. En total, 17 provincias están por debajo de la media de España, el 34% del total del territorio.

“Hemos evolucionado muchísimo y para bien”, dice la inspectora jefa de la Policía Nacional Elena Palacios. “La atención a la mujer como servicio especializado en la Policía Nacional se creó en 1986. Y el servicio especializado en menores, desde 1989. Se han potenciado las unidades, que en un principio estaban solo en las capitales de provincia. Y se ha dado muchísima formación. Pero siempre voy a pedir más medios, materiales y humanos. Cuantos más medios, más tiempo tendremos para dedicar a la investigación y a la víctima”. Lo mismo reclaman desde la Ertzaintza. “Nos gustaría tener más recursos: humanos y herramientas. El objetivo es que no haya ni una menos”, dice el comisario Eduardo Olaizola, responsable del equipo de proceso de Violencia de Género y Violencia Doméstica del cuerpo autonómico.

"Cuantos más medios, más tiempo tendremos para dedicar a la investigación y a la víctima"

Estos agentes también se encargan de los protocolos VioGen o Siap en Cataluña, que evalúan la situación de riesgo de la víctima y se encargan de darle seguimiento. En todo el año 2021, se han recogido en este sistema 670.061 casos de 593.088 víctimas, de los cuales 11 tenían nivel de gravedad ‘extremo’, 578 nivel ‘alto’ y 8.353 ‘medio’. El resto, fue considerado ‘bajo’ o ‘no apreciado’. Además, atendieron a 31.461 casos con menores implicados.

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Es necesaria la formación constante

Una denuncia habitual entre las asociaciones de víctimas de violencia machista es el muro y el cuestionamiento que encuentran a la hora de denunciar con agentes sin la suficiente formación para saber cómo abordar este tipo de casos, un camino en el que se ha avanzado, pero en el que todavía falta recorrido. “No puedes dejar de formarte jamás, creemos que, en ese aspecto, se ha ido progresando, pero todavía hay un campo de mejora importante desde Policía y cualquier otro profesional", explica Andrea García, responsable de la Unidad central de Atención y seguimiento de Víctimas de los Mossos d’Esquadra.

"Tenemos que entender todo el proceso de violencia y cómo afecta a las distintas víctimas, porque no existe un solo perfil de víctima ni agresor. Por eso es una formación constante y continuada”, añade García, que desde que vio nacer la primera unidad en el año 1998 en Barcelona, ha sido testigo de muchos cambios en este sentido. “Al principio sobre todo veían un tipo de violencia más física, pero con el tiempo vemos más violencia psicológica o hacia los hijos, o mediante internet y las redes sociales, y tenemos que formarnos para abordarla”.

"No hay un solo perfil de víctima ni agresor. Por eso es una formación constante y continuada"

En Cataluña, cada año reciben dos formaciones obligatorias, además de los distintos cursos que ofrecen entidades judiciales, universitarias o de organizaciones de mujeres. “Es lo que te permite poder conocer hacia dónde se mueve la violencia y qué necesitan las víctimas”, añade García.

“Desde esos ámbitos formamos al resto de los agentes, para que no sea exclusiva de los grupos de atención a la víctima. Por ejemplo, operadores de sala sobre cómo deben atender las llamadas, cómo se ha de recoger la denuncia, cómo se debe preguntar a una víctima, o qué indicaciones dar a una patrulla que acude a un domicilio…”, añade sobre la unidad catalana, donde no solo se atiende a mujeres víctimas de violencia machista, sino también otros casos de violencia intrafamiliar o los delitos de odio. “Además, también trabajamos con el resto de la red asistencial, para subsanar necesidades que detectamos con servicios sociales, asistencia psicológica o jurídica”.

“La atención a la mujer como servicio especializado en la Policía Nacional está desde 1986. Y el servicio especializado en menores, desde 1989. Se han potenciado las unidades, que en un principio estaban solo en las capitales de provincia. Se ha dado muchísima formación. Cuanto más especializado esté el policía, mejor servicio dará. Necesitamos buenas herramientas, buenas leyes y herramientas de trabajo que nos permitan una investigación más ágil”, dice Elena Palacios, que considera la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004, “un punto de inflexión”.

“Legalmente hemos avanzado muchísimo, desde esa ley de consenso de 2004, hasta ahora que tenemos una ley integral de menores, el estatuto de la víctima, se firmó el Convenio de Estambul... Estamos intentando cumplir y ejecutar el pacto de Estado”.

Andalucía, donde más baja

Aunque en general todas las provincias suben respecto a 2011, hay siete que han perdido agentes especializados respecto a hace una década. Y la mayoría se encuentran en Andalucía: Granada (-24%), Sevilla (-13%), Almería (-10%), Huelva (-5%) y Córdoba (-2,8%). Sin embargo, es Alicante la que más ha perdido de los 122 que había a los 88 actuales, un 28% menos, seguido de Murcia (27%).

Entre las que más han reforzado la presencia de agentes de estas unidades están Teruel, que ha subido de siete a 39 (un 457% más), Lugo, de 13 a 67, y casi todas las provincias castellanoleonesas, como puede verse en el mapa.

El incremento de agentes se ha debido a un refuerzo en el cuerpo de la Guardia Civil, que forma parte de un plan de mejora del Ministerio de Interior, anunciado hace un año. Sin embargo, ya entonces la Asociación Unificada de la Guardia Civil alertaba de que a menudo estas cifras son “engañosas” porque las funciones que luego cumplen los agentes de la Emume (Equipos Mujer-Menor) a menudo no están relacionadas con la violencia de género.

No todos los equipos trabajan igual. Ni siquiera tienen una distribución similar. Mientras que las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional están en todas las comisarías, los Emume solo están en las cabeceras de las comandancias. El caso de la Ertzaintza es diferente: no tiene grupos especializados, sino que gran parte de su plantilla tiene encomendada funciones de protección en asuntos de violencia de género y doméstica.

“A cada agente patrullero se le asigna una zona de patrulla. y en esa zona hay una serie de personas que son víctimas de violencia de género o de violencia doméstica. Tenemos conocimiento porque tenemos sus expedientes. Y con esos expedientes, planificamos actividades de rutina. Por cada víctima lleva un folio con una fotografía de la víctima, el agresor y más información. Eso lo van a tener todos los patrulleros, que van a tener que dedicar un tiempo determinado a realizar ese trabajo. Eso varía con el nivel de riesgo, que puede hacer que se hagan más comprobaciones”, explica Eduardo Olaizola. El resultado de esa planificación es que cada agente debe dedicar aproximadamente el 15% de su jornada a esa tarea.

"En los últimos años, la valoración de riesgo es más baja. Eso, de alguna forma, nos está diciendo que se denuncia más”

Los tres cuerpos policiales colaboran cuando tienen que hacerlo. “Somos agentes exclusivos para los delitos que se cometen en esos ámbitos. Tenemos 173 unidades. Estamos en todas las comisarías, pero no en País Vasco y Cataluña porque las competencias están transferidas plenamente”, dice Palacios. “Pero al tener un ámbito nacional, si una investigación nos lleva allí, no pasa nada. Pero lo hacemos en colaboración con la policía autonómica, que tiene la competencia”.

Esta inspectora jefa con más de 30 años dedicados a la lucha contra la violencia de género y familiar, ha notado un aumento del trabajo en los últimos años. “A medida que se van conociendo más los recursos asistenciales, se favorece la denuncia. La confianza en el sistema favorece la denuncia. Yo interpreto que las víctimas confían más y afloran delitos que hasta ahora permanecían ocultos”, dice. Una opinión que también comparte Olaizola. “A los servicios sociales siempre le decimos que si las víctimas no denuncian, no las podemos proteger. Antes, las mujeres venían con un nivel de riesgo muy alto. En los últimos años, la valoración de riesgo es más baja. Eso, de alguna forma, nos está diciendo que se denuncia más”.