"Al final me va a matar", las lagunas en la protección a las víctimas de malos tratos
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ÓRDENES DE ALEJAMIENTO SIN MEDIDAS

"Al final me va a matar", las lagunas en la protección a las víctimas de malos tratos

El testimonio de Verónica y los últimos casos de asesinato muestran que los protocolos de protección para mujeres maltratadas siguen siendo insuficientes

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Verónica Saldaña ha denunciado a su expareja por malos tratos.

Verónica no quiere ser Katia. Ni María Teresa, ni Warda. Tampoco Betty, ni Lucía, todas ellas asesinadas en los últimos días por sus exparejas a pesar de tener en algunos casos denuncias y órdenes de alejamiento. “Mi ex me ha amenazado de muerte. He hecho lo que decís desde el Gobierno y los medios, denunciar, pero el juez sigue sin ver riesgo. Cuando me asesine, espero ser la última”, advierte esta empresaria de 33 años y madre de dos hijos que lleva un año viviendo con una orden de alejamiento.

Su calvario empezó a finales de 2019, cuando uno de sus hijos aseguró haber sufrido abusos por parte de su progenitor. “Quise llevarles a un perito psicológico, pero se negó a dar su consentimiento. Como no quería dejarles solos con él hasta saber qué pasaba, le dije de separarnos. Ahí empezó todo”, explica.

Durante el mes de febrero, Verónica Saldaña recibió varias amenazas por WhatsApp de parte de su expareja. “Piensa bien las cosas, que van a terminar muy mal… no voy a dejarte en paz”, consta en una conversación recogida en su denuncia. En otra ocasión, le mandó un vídeo que ensalzaba la figura de José Bretón, quien mató a sus dos hijos y quemó sus cuerpos para vengarse de su expareja. “Mientras estuvimos juntos, también hubo maltrato, pero como no eran golpes yo lo justificaba: está borracho, es solo un empujón, no es para tanto… No lo veía”, explica Verónica.

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La canción que le envió alabando a José Bretón.

La Policía la animó a poner una demanda por violencia de género al ver las amenazas en su teléfono, pero el juez no accedió a interponer una orden de alejamiento de 200 metros hasta mayo, después de una discusión en la que, según defiende en la denuncia, amagó con clavarle unas tijeras en el cuello en el baño de su casa.

Desde entonces, su expareja presuntamente se ha saltado la orden de alejamiento en varias ocasiones, por ejemplo, “para robarme y destrozarme el local donde tengo mi negocio”, explica Verónica mientras enseña las imágenes que captó una cámara de seguridad. La respuesta del juez fue que el acusado no podía saber si ella se encontraba o no en el trabajo, por lo que no podía deducirse un “riesgo real” y, por tanto, tomar ninguna medida contra él. La Policía, sin embargo, sí consideró que su situación era de riesgo extremo y activó el sistema VioGén de protección (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género). También la Fiscalía ha pedido la protección de Verónica por intentar contactar con ella por Instagram.

"Sigue escribiéndome, amenazando con matarme, me dice que hay mucho campo vacío…"

Ese protocolo consiste en una patrulla policial que pasa periódicamente por su casa y un 'plan de seguridad personalizado' que se facilita a la víctima y donde todas las medidas son de autoprotección ante el agresor: cambiar de número de teléfono, usar seudónimos en redes sociales, alternar rutas, instalar alarmas y cerraduras, enseñar a los menores a reaccionar ante una situación violenta o, incluso, tener preparada una mochila en casa de un familiar o conocido por si necesitan huir. Hasta en siete ocasiones le han interpuesto este protocolo en poco más de un año, con diversos grados de gravedad, sin ninguna repercusión, asegura, para su expareja.

“Al final, decidí mudarme a Tarragona, pero el juez me ha hecho volver a Madrid porque no se podía cumplir el régimen de visitas”, cuenta Verónica en una terraza de la comunidad.

Ya en Madrid, ha tenido que cambiar de domicilio de nuevo porque en la causa su dirección no estaba en sobre cerrado, y por tanto se encontraba a la vista de todas las partes, a pesar de ser víctima protegida. Mientras, la Fiscalía ha pedido este mismo mes más protección para ella y que se modifique el régimen de visitas con el padre. “Sigue escribiéndome, amenazando con matarme, me dice que hay mucho campo vacío… Pero nadie hace nada, en el último juicio que hemos tenido le han dicho que tiene que entregar el móvil, pero le permitieron llevárselo. Dijeron que ya le llamarán…”, relata. “Al final, me va a matar, y lo único que me tranquiliza es que así, al menos, ya no matará a mis hijos”.

placeholder Verónica ha cambiado de domicilio porque en la causa no se ha protegido.
Verónica ha cambiado de domicilio porque en la causa no se ha protegido.

Más medidas y formación

Verónica lanzó su grito de socorro el pasado domingo, después de una semana trágica en que se han concentrado seis de las 14 asesinadas por violencia machista oficiales en lo que va de año, y que han devuelto el debate sobre la protección a las víctimas de violencia de género. La misma Victoria Rosell, delegada del Gobierno para este tema, aseguraba esta semana que "quizás es el momento de controlar más a los agresores" mejorando y actualizando los protocolos existentes.

El problema principal es que cuando un juez decreta una orden de alejamiento, no suele ir acompañada de medidas concretas que garanticen que esa distancia se cumple. “Cuando se produce una agresión, el juez puede determinar o no una orden de protección, pero es que, aunque lo haga, no sirve de nada si no se toman medidas complementarias, como pulseras telemáticas, y eso se hace poquísimas veces, porque además tiene que aceptarlo el agresor, no se puede imponer”, explica Juan Guzmán, abogado en el turno de violencia de género de los juzgados de plaza de Castilla. “Así que al final queda a la voluntad del agresor cumplir la orden de alejamiento o no. Y si la quebranta, aunque es delito, puede pasar un año o dos hasta que se decide si meterle en prisión preventiva, con lo cual tiene todo ese tiempo para seguir incumpliéndola”.

"Queda a la voluntad del agresor cumplir la orden de alejamiento o no"

De las 41 víctimas de violencia machista que hubo en 2020, seis habían denunciado previamente, y en cuatro casos se habían tomado medidas de protección. “Pero salen las que matan, no todas a las que lesionan saltándose la orden, que son cientos”, explica Guzmán. Incluso cuando se ponen estos dispositivos, están tan obsoletos que no llegan a cumplir su función. “Dan muchísimos fallos y se descargan en seguida. Es en lo primero que habría que invertir, y más con los avances que ha habido en tecnología”.

Otra de las medidas puestas en marcha con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue el mencionado Sistema VioGén, que desde 2007 tiene el objetivo de crear una red de protección en todo el territorio a las mujeres maltratadas y sus hijos. La Policía o la Guardia Civil evalúan el riesgo en función de un cuestionario, pero es el juez el que debe establecer las medidas en función del nivel que determine si así lo considera.

placeholder Verónica, durante la entrevista.
Verónica, durante la entrevista.

“VioGén es un sistema algorítmico de predicción del riesgo que se alimenta de la investigación académica sobre violencia de género. El problema es que nadie analiza luego si esas predicciones se cumplen o no, y por tanto si el sistema funciona o no”, explica Gema Galdón, directora de la Fundación Ética, que precisamente está preparando una auditoría sobre este algoritmo en colaboración con la fundación de supervivientes de violencia machista Ana Bella.

Normalmente, si el riesgo es extremo, se aceleran los procesos judiciales y policiales, pero no está claro si esa evaluación que sufre la víctima es la adecuada. De hecho, una de las víctimas de esta última semana, Katia, tenía un nivel bajo de este protocolo.

Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (Famuvi), es más crítica con este sistema. “Es una valoración muy precaria, porque es una opinión de la mujer sobre el agresor y a veces todavía tiene dependencia afectiva. Por eso, muchas veces sale baja y no se decretan junto a ella órdenes de protección. Estaría bien que evaluasen al agresor, con valoraciones psicológicas, y ver qué posibilidades hay de que pueda cometer un asesinato”, explica. Sin embargo, cree que el problema es multicausal y que atraviesa a todas las partes implicadas: “La ley que tenemos es de las mejores del mundo, pero para muchos agentes jurídicos sigue siendo de segunda. Falta perspectiva de género entre jueces, fiscales y el resto de agentes implicados, que siguen cuestionando más a la víctima que al agresor”.

"Estaría bien que evaluasen al agresor, con valoraciones psicológicas, y ver qué posibilidades hay de que pueda cometer un asesinato"

Cira García, magistrada del juzgado único de violencia de género de Albacete, también cree que faltan medios. Su juzgado es el único especializado en este tema de toda Castilla-La Mancha, lo que supone que se tramiten estos casos con más celeridad y especialización. “No puede haber víctimas de primera y de segunda según el lugar en el que vivan. En 2008, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la especialización, pero todavía ni se han convocado las pruebas de acceso”, explica.

“La formación es fundamental, primero para que los interrogatorios sean los adecuados. La víctima se tiene que sentir respaldada, no cuestionada, y que así siga adelante con la denuncia. Y también es importante para saber identificar las características de ese tipo violencia y desterrar estereotipos que todavía afectan a la hora de denunciar”, añade García, que coincide en la dificultad de hacer cumplir las órdenes de alejamiento sin medidas que la acompañen, pero también señala que en otras ocasiones son las propias víctimas las que piden levantar la orden. “También habría que controlarlo, porque muchas veces ves a la mujer que quiere retirar la denuncia y está el agresor en la puerta esperándola. O el agresor inicia el contacto y ella consiente. Es una decisión libre entre comillas, por lo que habrá que analizar si es lo mejor para ella. Ver qué hay detrás”.

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