Por la eliminación de la violencia de género contra la mujer: dónde pedir asesoramiento jurídico

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​​Un 25 de noviembre, pero de 1960, asesinaron en República Dominicana a tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, por su activismo político contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El feminicidio contra las hermanas Mirabal prendió la llama de un movimiento social que comenzó a ocupar las calles en 1981 para denunciar la violencia machista, en todas sus vertientes, que a lo largo de la historia no solo ha acabado la vida de estas tres activistas, razón por la que la Asamblea de las Naciones Unidas promovió a finales de los 90 que hubiese una fecha, el 25 de noviembre, para incentivar "la conciencia pública" e impulsar que Gobiernos y organismos internacionales tomen medidas de calado al respecto.

Sin embargo, tal y como ya refleja el hecho de que 60 años después sea necesario reivindicar en el mes de noviembre la lucha activa para acabar con todas las manifestaciones de violencia, todavía queda mucho por hacer para conseguir uno de los objetivos que se marca la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: "la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y el impulso de la educación en los valores de igualdad y respeto", de acuerdo con lo que se concreta en el propio sitio web de la institución. A fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, son 41 las mujeres que han sido asesinadas en 2020 a manos de sus parejas o exparejas según los datos que refleja la delegación dependiente del Ministerio de Igualdad en su página, que contabiliza aquellas víctimas mortales de "la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" se ejerce sobre estas por parte de "quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

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Teniendo en cuenta este contexto, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que nació después del asesinato de Ana Orantes en 1997 —una mujer granadina que sufrió violencia continuada por parte de su marido, José Parejo, y a la que un juez obligó a vivir después del divorcio en la planta alta de la vivienda que había compartido con él, mientras que su agresor ocuparía la planta baja—, engloba únicamente bajo el término de 'violencia de género' aquellos asesinatos o lesiones producidas a una mujer por parte de alguien con quien ha mantenido algún tipo de vínculo sentimental. Lo que significa que esta ley no sirve para amparar a otro tipo de víctimas mortales, como Nagore Lafagge, Laura Luelmo, Diana Quer o Marta Calvo, que no cuentan a ojos de la ley como víctimas de "violencia de género", a pesar de que sus asesinatos también son reflejo de situaciones de violencia machista que vulneran la integridad física y sexual de las mujeres.

Una división que podría sortearse con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, si termina amparando a otras víctimas asesinadas en casos de violencia machista que no mantenían o habían entablado ningún tipo de relación afectiva con sus agresores. Tal y como se refleja en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 publicada este año, el 57,3% de las mujeres que viven España han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida y un 8,7% del total, si se centra el grupo de estudio en mujeres de 16 o más años residentes en el país, han tenido que soportar violencia física fuera de la pareja antes de cumplir los 15 años de edad, unas cifras que ponen en valor que las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres no se ejercen de forma aislada dentro del contexto de pareja, sino que se extienden más allá de ese tipo de relaciones.

Un 8,7% de todas las mujeres de 16 o más años residentes en el país han sufrido violencia física fuera de la pareja antes de los 15 años

Los menores de edad son el otro colectivo que engrosa la lista de asesinados en casos de violencia de género en España. Desde el 1 de enero de 2013, 37 niños y niñas han muerto a manos de sus padres (o de parejas o exparejas de sus progenitoras). En la ficha estadística de menores víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2020, la última actualización se corresponde con "la confirmación del asesinato de dos hermanos de 10 y 17 años, asesinados junto a su madre presuntamente por su padre en la provincia de Jaén el 14 de junio de 2020". Si se atiende al cómputo total de menores de edad que conviven en su hogar con su madre, sobre la que su pareja o expareja ejerce algún tipo de violencia machista —ya sea "física, sexual, emocional, de control, económica o miedo", de acuerdo con las categorías que emplea la macroencuestra para clasificar el análisis—, son 1.678.959 los niños y niñas que están expuestos al maltrato y viven sin protección, por lo que teniendo en cuenta también esta cifra se hace necesario y urgente poner en marcha medidas y protocolos que sirvan para cubrir y garantizar la supervivencia de estos menores.

¿A dónde acudir y pedir ayuda?

En casos de violencia de género o de haber sufrido alguna situación marcada por algún tipo de violencia machista, no siempre es fácil acudir en busca de ayuda ya que puede que no se cuente con una red de apoyo a nivel familiar o se tema sufrir victimización secundaria —un término que también se conoce como revictimización—, que se trataría de un sufrimiento añadido a la denunciante que está exponiendo su caso ante las autoridades o profesionales que trabajan en las instituciones competentes y que se produce cuando "se minimiza la gravedad de los hechos o se pone en duda que los mismos hayan ocurrido", de acuerdo con lo que se explica en un estudio sobre la violencia de género publicado por la Delegación del Gobierno encargada de esta misma materia.

En casos de supervivientes de violencia de género, de acuerdo con lo que se estipula en una guía de derechos que recoge la propia Delegación y tiene en cuenta el marco legal vigente en España con respecto a este delito, las denunciantes "tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por un abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida", lo que se traduce en una "asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada con independencia de la existencia de recursos para litigar" para evitar precisamente casos de victimización secundaria. "Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos", se recoge asimismo en la guía.

Las denunciantes tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito, así como a la defensa y representación por un abogado en el proceso

Para iniciar el proceso de denuncia y de valoración del caso para que se pueda acreditar que se es víctima de violencia de género, se puede recurrir al servicio telefónico gratuito 016 de información y de asesoramiento jurídico. Las consultas, que se pueden dirigir también vía correo electrónico en la dirección 016-online@igualdad.gob.es, se pueden efectuar durante las 24 horas del día los 365 días del año desde todo el territorio patrio, aunque el servicio de asesoramiento jurídico especializado se realiza únicamente en horario de 8 a 22:00 horas, de lunes a domingo, tal y como consta en su portal informativo. Cabe recordar que las llamadas telefónicas al 016 no dejan rastro en la factura de la compañía móvil y, en caso de buscar la información a través de internet, la misma página de la Delegación avisa de un modo de salida rápido para no correr riesgos.

Otro de los recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género que pone a disposición de las denunciantes el Ministerio de Igualdad en su sitio web es un mapa interactivo en el que se pueden localizar por ubicación asociaciones, juzgados y atención policial a los que se puede acudir si se sufre algún tipo de violencia machista por parte de una expareja o pareja actual. Dentro de las categorías que se pueden consultar, también se incluyen "servicios de información y asesoramiento" y "asesoramiento legal".

Además, si la situación de violencia machista que se ha sufrido no se sujeta a los criterios que estipula la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se puede tener como referencia la red de oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentas y contra la libertad sexual que se implantaron desde el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley 35/1995 de ayuda y asistencia a las víctimas de estos delitos. Esta red ampara a dos tipos de víctimas, que se clasifican según el portal del Ministerio como víctimas "directas o indirectas". En el primer grupo, se incluiría "toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito"; mientras que las víctimas indirectas se pueden dar en "casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos".

"Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) prestarán la atención jurídica y, en concreto, facilitarán información sobre el tipo de asistencia que la víctima puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales, los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico y el tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo", explican desde el departamento dirigido actualmente por el ministro Juan Carlos Campo Moreno. Las OAVD ofrecen a las denunciantes "información jurídica específica a lo largo del proceso penal, apoyo en las intervenciones necesarias y seguimiento a lo largo del proceso", y a sus programas de intervención se pueden acoger toda víctima vulnerable.

Esta red de apoyo a nivel estatal se encuentra presente en prácticamente todas las capitales de provincia y son dependientes del Ministerio de Justicia en las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero el mapa de oficinas al que se puede recurrir no acaba en esas autonomías.

Por último, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género colabora también con una serie de asociaciones, entre las que figuran algunas que brindan asistencia jurídica para supervivientes de la violencia machista. Ejemplo de ello es la Fundación Themis de Mujeres Juristas, una asociación de mujeres que integran esta lista por marcarse como propósito de asistencia social "lograr la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad", lo que incluye sensibilizar sobre las situaciones de desigualdad que viven a través de la asesoría jurídica con la que cuentan.