El PNV se engancha a la mayoría del Congreso para dar luz verde a los PGE

El dictamen de los presupuestos de 2022 ha recibido el visto bueno del Congreso este jueves con el apoyo de una amplia mayoría a las últimas secciones sometidas a votación telemática. Además de los grupos que sostienen al Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, se han reeditado los apoyos que ya recibieron las cuentas públicas en vigor: ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. Una suma que alcanza los 188 escaños y que reúne hasta 11 partidos. El proyecto se enviará ahora al Senado y, si no sufre modificaciones, como se prevé, quedará definitivamente aprobado para entrar en vigor en tiempo y forma el próximo 1 de enero, por segundo año consecutivo. Con todo, el PNV mantiene que todavía queda el trámite del Senado para seguir negociando, proceso en el que pretenden asegurar las inversiones relativas al AVE al País Vasco, para el soterramiento a su entrada en las ciudades de Bilbao y Vitoria.

Los seis diputados de la formación nacionalista vasca han votado finalmente a favor de todas las secciones del dictamen, pero han evitado anunciar un acuerdo global como sí hicieron el resto de socios preferentes del Gobierno. El paso dado por ERC y EH Bildu, anticipando a principios de semana su acuerdo para los presupuestos, desdibujó el protagonismo de los 'jeltzales' al convertir sus votos en prescindibles. Sánchez no necesitaba al PNV, pero ha seguido negociando con ellos.

El peso de ambas formaciones triplica, ERC y Bildu, el de los nacionalistas vascos y para un Ejecutivo en minoría como el de PSOE y Unidas Podemos la necesidad es la aritmética parlamentaria. A pesar de ello, para el Ejecutivo es una prioridad mantener al PNV como socio parlamentario para asegurar la aprobación de las reformas pendientes vinculadas al plan de recuperación. El Gobierno ha asfaltado esta semana con los presupuestos el camino para llegar al final de la legislatura, pero el viaje hasta el último trimestre de 2023 estará lleno de curvas peligrosas.

Entre las enmiendas que se transaccionaron con los nacionalistas vascos destacan las inversiones en infraestructuras, fundamentalmente hidráulicas, y en I+D+i, así como la transferencia íntegra del ingreso mínimo vital, siendo la primera autonomía en hacerse con la gestión. Además, esta misma semana el PNV consiguió ampliar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, extendiendo la protección hasta los 23 años, ya que hasta ahora la prestación se limitaba a los 18 años. El PNV finalmente ha renunciado a su propuesta sobre la denominación de origen de la Rioja Alavesa ante la falta de apoyos.

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Los independentistas catalanes y vascos también ha seguido arrancando acuerdos al Gobierno hasta este mismo jueves. La última de ellas para asegurar fondos a la producción audiovisual en lenguas cooficiales. Se trata de una de las claves en las que ERC, de la mano de EH Bildu y el BNG (que quedó fuera del sí), ha centrado las negociaciones con el Gobierno para dar su apoyo a los presupuestos de 2022. La enmienda transaccional pactada con el Gobierno busca recuperar el denominado "fondillo", suprimido en 2012, para transferir "mediante convenios a los organismos competentes de las CCAA con lengua propia distinta al castellano con el fin de fomentar la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lenguas cooficiales". Para ello, se fija una cuantía para el próximo año de 10,5 millones de euros.

Desde el Ejecutivo, reconocen que, pese a sobresaltos puntuales, la negociación para estas cuentas ha sido un camino sin apenas baches. Sánchez apenas se ha tenido que emplear para conseguir un acuerdo que le despejaría completar la legislatura. Los fondos europeos y el elevado gasto social lo han allanado, pero también la competición entre algunos grupos que formaron parte del bloque de investidura por situarse como socios prioritarios. El caso de la izquierda 'abertzale' con en PNV es paradigmático, al igual que el de otras formaciones, como el PDeCAT, que prioriza visibilizar la utilidad de sus cuatro diputados frente a los posconvergentes de Junts desde que rompieron su alianza electoral.

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Atrás quedan los apuros del año pasado, los problemas en el independentismo que pudieron originar la detención de Puigdemont en Italia o el gran cisma de 2019, cuando ERC no apoyó las cuentas públicas del PSOE y forzó a Sánchez a una convocatoria electoral anticipada. Entonces, desde Moncloa se proclamaba un "no son de fiar", en referencia al grupo dirigido entonces por Joan Tardà. Hoy la sintonía es máxima.

Los negociadores de estos PGE han sido Félix Bolaños y María Jesús Montero, esencialmente. El ministro de Presidencia, el hombre para todo del presidente, fue quien interlocutó directamente con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a lo largo de las últimas horas. Fue a través del teléfono móvil, no hizo falta ni que se vieran. La del lunes al martes fue una noche intensa, reconoció el diputado independentista, en la que durmieron poco. Sánchez, por tanto, no tuvo que intervenir en la negociación final, como sí tuvo que hacer en las conversaciones con sus socios de Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo sobre los PGE acompañado del desbloqueo de la ley de vivienda. Ese pacto se cerró en el despacho de trabajo del presidente en Moncloa. Yolanda Díaz también ha participado en la negociación final de los presupuestos, aunque con un papel secundario.

El sí de los socios del Gobierno a la ley más importante del año no implica, sin embargo, carta blanca con las reformas pendientes. El Gobierno no tiene aún los números necesarios para poder aprobar y llevar al Boletín Oficial del Estado los proyectos comprometidos con Bruselas, como la reforma laboral o de pensiones. Tampoco tiene los apoyos para leyes como la de memoria democrática, que Bolaños ha congelado, o la de vivienda. Las negociaciones siguen.