El PP recurirrá a la Justicia para impedir que los alumnos pasen de curso con suspensos

El Partido Popular prepara una ofensiva contra el nuevo sistema de evaluación impuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las diferentes comunidades autónomas donde gobierna buscan ya las herramientas a su alcance para anular el decreto que desde la semana pasada permite a los alumnos de Bachillerato obtener el título con una asignatura suspensa o pasar de curso en Secundaria sin atender al número de aprobados. Madrid y Galicia son los únicos gobiernos regionales que han anunciado que irán a los tribunales si no se retira la norma, aunque cuenta con el rechazo de todos los territorios gobernados por los populares.

Los ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han sido hasta la fecha los más combativos con las directrices del real decreto de evaluación, promoción y titulación, aprobado hace ahora casi una semana por el Consejo de Ministros, y también los más explícitos con sus planes. La crítica en ambos casos atiende a una cuestión meramente técnica, por las dudas jurídicas que plantea, y otra más subjetiva, por colisionar con lo que entienden como "cultura del esfuerzo".

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La Comunidad de Madrid anunció este mismo domingo su firme propósito de exigir a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que retire el decreto. Lo hará en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebra este jueves, con presencia de todos los consejeros del ramo. El principal argumento que esgrimirá Enrique Ossorio es que incumple los plazos marcados por la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida popularmente como ley Celaá. El consejero de Educación, Universidades y Ciencia madrileño asegura que si no atienden su reclamación, se recurrirá ante la Justicia. "En la disposición adicional quinta, señala que tenía que estar vigente al inicio de curso, y, evidentemente, no ha sido así", detalló el también portavoz del Gobierno de Ayuso.

Madrid exigirá mayorías cualificadas en los equipos docentes para la toma de decisiones

Desde Madrid, consideran que el decreto "cambia las reglas del juego a mitad del partido", habida cuenta de que los criterios de evaluación con los que comenzó el curso ya no sirven para evaluar a los alumnos después de varios meses de curso. Esta consideración es compartida por la Xunta de Galicia, que habla de un "error" desde el punto de vista educativo, pero también jurídico. "La ministra anterior tenía un proyecto, con la ministra nueva se nos dijo que iba a haber otro proyecto y al final este proyecto y el anterior convergen en la misma cuestión. Que da igual aprobar que suspender, que da igual estudiar que no estudiar, y espero que dentro de poco no dé igual presentarse a un examen que no presentarse", subrayó el presidente gallego.

Respecto a la cuestión jurídica, el equipo de Feijóo sostiene que los criterios impuestos por Educación suponen una "invasión de competencias" de las comunidades autónomas y, por tanto, están dispuestos a ir también a los tribunales. En cuanto a la óptica, educativa, la Xunta abunda en la teoría de que atenta contra la meritocracia y la cultura del sacrificio y merma en gran parte la autoridad del profesorado a la hora de evaluar a los alumnos.

Diferentes herramientas

El decreto impulsado por Educación establece nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para todos los niveles educativos, con la única excepción de la fase universitaria, con aplicación inmediata. Entre otras cuestiones, habilita a obtener el Bachillerato a pesar de tener una asignatura suspensa, a criterio de los docentes. Además de reducir las repeticiones de curso a algo excepcional, suprime las pruebas de recuperación de junio y septiembre en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no supedita la promoción en estos niveles al número de aprobados. "Estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la participación", explicó Alegría la semana pasada, tras el Consejo de Ministros.

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Si bien algunas regiones no se han mostrado aún tan contundentes como Madrid y Galicia, lo cierto es que el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP es generalizado y anunciarán sus propias actuaciones durante los próximos días. Murcia, por ejemplo, ha tildado la norma de "absolutamente innecesaria" y exige su retirada con los mismos argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid en torno al calendario de la Lomloe. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León, cuestiona la idoneidad del nuevo sistema y, a la espera de comunicar sus acciones, aboga por mantener el "modelo de éxito" con que ya cuentan.

La defensa de la cultura del esfuerzo marca las líneas generales de Andalucía, en un papel más moderado. El Ejecutivo de Juanma Moreno descarta en principio recurrir el texto ante los tribunales y defiende actuar en los márgenes que el propio decreto da a las CCAA, informa Isabel Morillo.

Pautas a los centros

Díaz Ayuso, no obstante, irá más allá. La Comunidad de Madrid no está en ningún caso de acuerdo con el hecho de que pasar de curso esté supeditado a cuestiones subjetivas y a criterios bien definidos. Así, la Consejería de Educación trabaja en una resolución que enviará próximamente a los centros educativos de la región con una serie de pautas a seguir para evaluar a los estudiantes. En la ESO, se insta a los claustros de profesores a tener una mayoría cualificada de dos tercios para cualquier decisión; mientras que en el caso de Bachillerato, recomienda que la obtención del título sea con todas las asignaturas aprobadas y, en caso de que haya algún suspenso, con un respaldo del equipo docente por mayoría de cuatro quintos. Si no se alcanza, el joven deberá repetir curso.