El semáforo nutricional de Garzón se atasca al chocar con Planas y la patronal alimentaria

La implantación del semáforo nutricional promovido por el Ministerio de Consumo sigue acumulando retrasos y dudas dentro del Consejo de Ministros. A las reticencias en el Gobierno de otros departamentos, como el de Agricultura, se suma la oposición de una parte de la industria alimentaria por el impacto negativo que consideran tendría en su negocio. De estar prevista su aprobación para el primer cuatrimestre del año, este compromiso se retrasó para finales de 2021 para, finalmente, descartarse un plazo concreto desde Consumo para su entrada en vigor.

La introducción en el etiquetaje de los alimentos del sistema Nutriscore, conocido como semáforo nutricional, pretende visibilizar de forma clara en todos los productos las calorías, azúcares, grasas, grasas saturadas y sal que aportan por cada ración. En función del color de las etiquetas, que iría del verde oscuro al rojo, se determinaría la calidad nutricional de cada producto. La intención es que la implantación del etiquetado sea voluntaria, aunque en Consumo son favorables a que se convierta en obligatorio a medio plazo. El propio programa de Gobierno hace referencia a "establecer obligaciones claras en el etiquetado", añadiendo que estas deberán "reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional".

Desde la cartera que dirige Alberto Garzón subrayan que se trata de una medida recogida en el acuerdo de Gobierno, por lo que defienden que "no es una opción pararlo" ante las presiones no solo de Agricultura, sino también de la patronal alimentaria. En el departamento que lidera el socialista Luis Planas apuestan por esperar a que estos sistemas se armonicen a nivel europeo y exigen modificaciones para que el nuevo etiquetado de productos no colisione con la dieta mediterránea. Un temor a que impacte sobre productos como el aceite, el jamón o el queso que buscan disipar en Consumo. Garzón ya trató de zanjar este debate en lo referente a productos como el aceite, que podrían verse afectados, asegurando que "es bueno para la salud, y no puede haber ninguna etiqueta que diga que es malo".

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Alimente

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que agrupa a los principales mayoristas de la industria alimentaria, ya pidió el pasado mes de febrero a la Comisión Europea que desarrollase "una clara 'hoja de ruta'" hacia un enfoque voluntario único armonizado para el etiquetado nutricional en el FOP en la UE, que cuente con el respaldo de una amplia mayoría de las partes interesadas y con la gobernanza a nivel de la UE. Reivindicaciones que fueron escuchadas en parte, mientras algunas cadenas de supermercados han implementado este sistema en algunos de los productos que comercializan.

En el documento remitido por FIAB a las autoridades europeas se reiteraba su "firme preocupación por el impacto de una mayor ampliación de los requisitos obligatorios para las empresas, los consumidores y el medio ambiente, en particular en el fragmentado mercado europeo actual", haciendo énfasis en el etiquetado sobre el país de origen y su "impacto negativo constante en el negocio". "Los impactos negativos en las empresas pueden haberse agravado debido a iniciativas nacionales", advertían.

El ministerio de Agricultura ha hecho suyas algunas de estas preocupaciones y apuesta por retrasar la implantación del semáforo nutricional hasta que la Comisión Europea presente una propuesta legislativa sobre el etiquetado frontal, con el objetivo de armonizar los diferentes sistemas. Por el momento, se ha impuesto en este pulso al retrasar su implantación. Una posición que se visibilizó con claridad el pasado mes de octubre en el Senado, donde los socialistas transaccionaron una propuesta con los populares para instar al Gobierno a que no se regule el etiquetado hasta que la Comisión Europea legisle sobre un sistema común. No hay garantías de que vaya a ser así y, en cualquier caso, se calcula que la decisión en Bruselas se aplazaría más de un año.

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I. Gil

Si las reticencias al sistema Nutriscore atravesaron el debate en el Senado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) lanzaba de forma paralela una campaña informativa para defender este sistema. Este organismo, que pasó a estar adscrito al ministerio de Consumo, con nueva estructura bajo la presidencia de Rafael Escudero, persona de la confianza de Garzón y secretario general de Consumo y Juego, defiende que el modelo de Nutriscore ayuda a preservar la dieta mediterránea. De hecho, esta es una de las patas de la campaña, tratando de hacer pedagogía sobre cómo valora este sistema alimentos como el aceite de oliva.

En lo que sí ha avanzado el ministerio de Consumo es en la regulación de la publicidad de alimentos no considerables cuando se dirijan a un público infantil. Garzón tiene perfilado un decreto que afectará a cinco categorías de productos que no podrán hacer publicidad a menores independientemente del contenido de nutrientes. La primera categoría es la de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Le sigue el grupo de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería. Tampoco se podrán anunciar otras tres categorías que conforman los zumos, las bebidas energéticas y los helados. Para el resto de categorías de productos se establece un límite de contenido en nutrientes por cada 100 gramos. En este caso, se podrán anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos cada producto.

El semáforo nutricional no es la única polémica por la que han chocado el ministerio de Consumo y el de Agricultura. La campaña sobre el consumo de carne lanzada por el ministro Alberto Garzón antes del verano, aduciendo la necesidad de reducirlo por motivos ambientales y de salud, se topó con una oposición frontal de su compañero en el Consejo de Ministros Luis Planas. El titular de Agricultura se apresuró en censurarlo para salir en defensa de la ganadería intensiva y reprochar a Garzón el haber sido injusto con el sector y "crear problemas". Dos posiciones antagónicas que reflejaron, más que diferencias personales, intereses cruzados o incompatibles entre ambos departamentos.