A vueltas con el pasaporte covid: las CCAA piden a Sanidad un criterio único para su uso

La historia se repite. Las comunidades se revuelven otra vez contra el Gobierno central, al que reclaman mayor implicación en la lucha contra el covid, y si en las olas anteriores la exigencia fue la aprobación de una ley antipandemias, ahora es que establezca un criterio único y un paraguas legal para extender el uso del certificado de vacunación. Las regiones lamentan la falta de seguridad jurídica, pero desde el ministerio replican que el Supremo ya ha marcado la senda para que puedan conseguir el aval necesario que permita el acceso a bares, discotecas o restaurantes solo a aquellas personas con la pauta completa o con una prueba que constate que no tienen el virus. Andalucía, Cantabria, Aragón y Castilla y León han sido las últimas en alzar la voz, pero la queja ha sido recurrente desde que el pasado verano se multiplicaran las decisiones judiciales contrarias al uso del documento.

Frente a “la fuerza y el valor” que han caracterizado el proceder de las comunidades a lo largo de la crisis sanitaria, según el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, la “incomprensión y la ausencia” del Gobierno central. El barón volvió ayer a exigir a Pedro Sánchez que “ejerza su liderazgo” y fije unos criterios únicos para el uso del certificado covid. Pero las críticas y lamentos no solo proceden del PP. El socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, en la misma línea, defendió que si fuese el ministerio el que marcase la pauta, "facilitaría mucho su posible aplicación por cada comunidad autónoma".

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"Si los contagios siguen aumentando en el ámbito nacional, se tendrá que tomar alguna medida", reflexionaba Lambán, quien además insistió en que el uso del pasaporte covid podría ser la herramienta que permita la prevención de contagios en aquellos espacios donde más se producen, lugares cerrados, mal ventilados y en los que no se usa la mascarilla en todo momento. Aragón fue una de las comunidades a las que su Tribunal Superior de Justicia denegó este verano el uso del salvoconducto y por eso, como apuntó el socialista, lo ideal sería que el ministerio tomase cartas en el asunto.

Pero Sanidad no está por la labor. La ministra Carolina Darias, una vez más, cerró ayer la puerta a dicha posibilidad y defendió que las regiones ya tienen un “camino abierto” para solicitar el certificado siempre y cuando se ajusten a las pautas que en su día fijó el Supremo. La titular de Sanidad puso el ejemplo gallego, la autonomía que consiguió el aval del alto tribunal y que ahora, junto con Baleares y Cataluña, tiene aprobado el uso del documento en el ocio nocturno.

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Andalucía, por su parte, abogó por que el certificado sea obligatorio para el acceso a centros sanitarios, locales de ocio nocturno y recintos deportivos y, para ello, según apuntó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, "sería ideal una modificación legal, para que los juristas tuvieran una buena base legislativa". Además, recordó que la comunidad, en el seno del Consejo Interterritorial, ha reclamado al ministerio que coordine la implantación del pasaporte. Una exigencia que en más de una ocasión también han planteado Canarias, Baleares, Murcia, Madrid o Castilla-La Mancha.

Y Miguel Ángel Revilla fue un paso más allá y directamente pidió que la vacunación sea obligatoria. En más de una ocasión, el presidente de Cantabria ha defendido la propuesta y también que hace tiempo que el Gobierno central tendría que haber articulado una legislación para evitar los vaivenes de los tribunales, como ha ocurrido con el pasaporte. Su comunidad fue una de las que chocaron contra el muro de la Justicia el pasado verano.

De 2.000 a 22.000 descargas

Con uno de los porcentajes de vacunación más altos de toda Europa —el 89% de los mayores de 12 años en España cuenta con la pauta completa—, muchas comunidades confían en que regular el acceso a determinados espacios con el uso del pasaporte frene el aumento de contagios. El País Vasco, con una incidencia de 201 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de 96, ya ha solicitado autorización a su Tribunal Superior de Justicia. El órgano todavía no se ha pronunciado, pero el simple anuncio por parte de las autoridades sanitarias de Euskadi ha provocado que las descargas del documento suban hasta las 22.000 diarias, frente a las 2.000 que se registraban la semana pasada.

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Castilla y León, Aragón, Valencia, Navarra, Andalucía, Canarias y Cantabria estudian también implantar la medida, mientras que en Galicia, Cataluña y Baleares ya está en vigor para poder acceder a discotecas y otros locales de ocio nocturno y en Murcia se pide de forma voluntaria.