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Aguirre: "No sabía que querer cuartos individuales en los hospitales públicos fuera delito"
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Ante la petición de Anticorrupción

Aguirre: "No sabía que querer cuartos individuales en los hospitales públicos fuera delito"

La expresidenta separa "la opción política de la gestión administrativa" y asegura que la elección que efectuó es una más de las que llevó a cabo, "como la enseñanza bilingüe o la libertad de elegir colegio"

Foto: Esperanza Aguirre. (EFE)
Esperanza Aguirre. (EFE)

"No sabía que querer que los hospitales públicos tuvieran habitaciones individuales fuera delito". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha rechazado con estas palabras la imputación por delitos de prevaricación y malversación que acaba de solicitar en su contra la Fiscalía Anticorrupción en un juzgado de Madrid. En declaraciones a El Confidencial, Aguirre separa "la opción política de la gestión administrativa" y asegura que la elección que efectuó es una más de las que llevó a cabo en su mandato, "como la enseñanza bilingüe, los impuestos bajos o la libertad de elegir colegio, médico y hospital".

La expresidenta madrileña indica que fue esa opción la que la condujo, desde su responsabilidad al frente de la Comunidad, a preferir que la distribución de los centros médicos desarrollados en esa etapa garantizara la privacidad del enfermo y su familia a través de una habitación individual. Fue este martes cuando trascendió el escrito dirigido por Anticorrupción al Juzgado 53 de Madrid, que investiga un sobrecoste cobrado por la empresa concesionaria del Hospital Puerta de Hierro por 135 camas inexistentes a lo largo de casi 10 años. El daño a las arcas públicas supera los 10 millones de euros, dice el fiscal, que defiende que no se cumplió el obligado procedimiento administrativo. La magistrada instructora aún no ha contestado a la solicitud —que se presentó hace dos semanas—, pero se espera que la respuesta no se haga esperar.

Foto: Acto de inauguración del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda.

El centro médico se mudó de ubicación en 2008, año en que se trasladó a Majadahonda. De gestión público-privada, era uno de los estandartes de la Comunidad de Madrid, que entonces presidía Aguirre. Por decisión del Departamento de Presidencia, se determinó que las habitaciones dobles previstas en inicio se convirtieran en individuales. El precio que costeó la Administración pública siguió, sin embargo, siendo el mismo. La expresidenta destaca que la orden que esgrime el fiscal es de Presidencia y que esto no es equivalente a que la diera ella de forma directa. Explica que el detalle administrativo de cada circunstancia o centro no estaba entre sus funciones, ya que como presidenta no se ocupaba de esos asuntos.

Además de pedir que Aguirre sea investigada, el departamento que dirige Alejandro Luzón reclama también que se cite como imputado al consejero de Sanidad de la etapa, Juan José Güemes, y otros cargos directivos, confirman a El Confidencial fuentes fiscales. La querella inicial se presentó en diciembre del pasado año contra la ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios en la etapa de 2008 a 2011 por presuntas irregularidades en las obras de adjudicación del Puerta de Hierro. Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir, según Anticorrupción, que se prescindió "del más mínimo procedimiento administrativo" para la modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas.

Foto: El hospital Infanta Leonor.

Según consta en el procedimiento, el dinero extra fue recibido a lo largo de una década por la agrupación de empresas formada por Dragados SA, Bovis Lend Lease SA y SUFI SA, que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda SA. La resolución que vuelve a complicar el futuro procesal de Aguirre se firmó el 5 de mayo de 2008 a requerimiento de "la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos".

La Fiscalía considera que "se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos". Sin embargo, "no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros".

Moncloa se prepara para la imputación

En Moncloa, sin embargo, no lo ven como la expresidenta madrileña. Fuentes gubernamentales indican que su posible imputación por el caso de las camas del Puerta de Hierro ya se encuentra bajo estudio de la cúpula del Gobierno y del PSOE. Es Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y cerebro jurídico del sanchismo, quien se encarga de pilotar la estrategia. La intención, en caso de que se confirme dicha imputación, es utilizarla para endurecer el discurso hacia Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Foto: Aguirre, con los consejeros Lamela y Güemes, en la inauguración del Hospital del Henares.

En el Gobierno, ven una oportunidad política en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Casado y Ayuso son piezas de caza mayor para Sánchez y su equipo, donde ven este caso como una vía de agua que se podría aprovechar tanto por el Ejecutivo central como por el PSOE de Madrid, que el pasado fin de semana celebraba su congreso entronizando al nuevo secretario general, Juan Lobato. La nueva ejecutiva de la federación madrileña está en contacto con Ferraz para unificar posiciones y enarbolar una misma estrategia.

Que Casado y Ayuso fueron amadrinados políticamente por Esperanza Aguirre es un hecho conocido, argumentan desde el PSOE. El presidente del PP, la líder del Ejecutivo madrileño, Ana Camins, Ángel Carromero y otros dirigentes actuales del partido formaron parte del grupo de Nuevas Generaciones de Madrid que la expresidenta autonómica acogió y fue incorporando a puestos de responsabilidad en consejerías. La relación de Aguirre con Casado y Ayuso, por tanto, fue intensa, y eso es lo que piensan utilizar el Gobierno y el PSOE para denunciar que los casos de supuesta "corrupción", dicen en el PSOE, en el PP de Madrid "no eran aislados".

Foto: La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre conversa con el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. (EFE)

En el entorno de Sánchez, consideran que una imputación de Aguirre no podría ser, por tanto, esquivada por Casado —como sí ha intentado hacer con los papeles de Bárcenas o la Gürtel negándose a ofrecer explicaciones— ni por Ayuso. Añaden que tanto el presidente del PP como la lideresa autonómica, aunque ahora estén enfrentados, entraron en política gracias a ella y que no pueden optar por la estrategia de desmarcarse de su pasado.

Lobato, líder de los socialistas madrileños, también se encuentra pendiente de la posible imputación de Aguirre: "Es evidente que en el PP de Madrid ha habitado un interés particular para enriquecerse", señala en declaraciones a El Confidencial. "Nos preocupan los millones que se han pagado a las concesionarias sanitarias, unos millones que no se debieron de pagar porque esos servicios no se produjeron", añadió este martes en la Asamblea autonómica.

"No sabía que querer que los hospitales públicos tuvieran habitaciones individuales fuera delito". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha rechazado con estas palabras la imputación por delitos de prevaricación y malversación que acaba de solicitar en su contra la Fiscalía Anticorrupción en un juzgado de Madrid. En declaraciones a El Confidencial, Aguirre separa "la opción política de la gestión administrativa" y asegura que la elección que efectuó es una más de las que llevó a cabo en su mandato, "como la enseñanza bilingüe, los impuestos bajos o la libertad de elegir colegio, médico y hospital".

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