Anticorrupción busca hospital por hospital las mordidas de la trama Púnica

Hospital por hospital. Así busca la Fiscalía Anticorrupción las posibles mordidas de la trama Púnica en la sanidad madrileña. El 22 de noviembre, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, responsable de la investigación, recibió un escrito del Ministerio Público en el que se refleja la intensidad con la que se están revisando los contratos de los hospitales, sector en el que se sospecha que la red encontró un filón. Según se explica en el mismo, la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ya les han entregado "34 carpetas de documentación en formato electrónico, tituladas con el nombre del hospital o del centro de salud".

En su auto del 2 de septiembre, el juez Manuel García-Castellón apuntaba a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la comunidad. Con Manuel Lamela como consejero de Sanidad, los investigadores sostienen que el PP de Madrid impuso la cláusula del 1% a toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o explotación, porcentaje que, al menos en algunos casos, permitió nutrir las arcas del partido, dopar las campañas electorales o enriquecer a los responsables de las adjudicaciones.

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Además de mencionar la documentación entregada por la Consejería de Sanidad y el Sermas, Anticorrupción solicita en su último escrito más información sobre dos hospitales concretos: el Puerta de Hierro de Majadahonda y el Del Tajo, en Aranjuez. En ambos casos, los investigadores piden la entrega del "acto del consejero de adjudicación del contrato", a lo que se suma el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) en el primer caso. "Este escrito simplifica las peticiones de información a la Consejería de Sanidad, a la vista de la documentación enviada", explican en el mismo.

El juez sostiene que el desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007', que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad. De cara al público, se vendía la idea de modernizar el sector, pero el proyecto "confirió la cobertura oportuna para introducir [...] la cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en connivencia con los altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido".

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García Castellón apunta de forma directa al exconsejero Manuel Lamela, pero también al ex secretario general del PP Francisco Granados y a los expresidentes madrileños Ignacio González y Esperanza Aguirre. Aunque Lamena era el cargo visible, los otros tres se reservaron "la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad", adjudicando en todo momento los contratos a sociedades vinculadas con Horacio Mercado, encargado de confeccionar "falaces facturas que, o bien sobrefacturaban los trabajos de publicidad realizados, o bien recogían servicios que no se prestaban". Tanto el empresario como los cuatro políticos se encuentran imputados.

El 14 de octubre, en su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional, el propio Lamela aseguró que Aguirre les "invitó" a contratar con la trama Púnica. Según explicó, las indicaciones se remontan a una reunión celebrada en 2004, cuando la 'lideresa' les empujó a contratar campañas de publicidad con una de las principales empresas de la trama Púnica, Over Marketing, que ayudó a nutrir durante años la caja B del PP de Madrid. Lamela sostuvo ante el juez que Aguirre les aconsejó hacerlo porque esta empresa había regalado a la Comunidad de Madrid un proyecto de publicidad, la suma del logo 'Madrid, la suma de todos'.