El expresidente de Indra se escuda en su alto cargo para desmarcarse de la trama Púnica

El expresidente de Indra Javier Monzón ha negado este viernes cualquier relación con la trama Púnica. El que fuera máximo responsable de la empresa entre 1992 y 2015 ha asegurado que desconocía los presuntos tejemanejes con la red corrupta, para lo que ha subrayado que él no era el responsable directo de los contratos que se investigan. En su declaración como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Monzón ha defendido que directivos de menor rango se encargaban de estas labores, escudándose así en que ignora los procedimientos que se seguían para la contratación y homologación de proveedores, explican fuentes jurídicas a El Confidencial

El el auto del 2 de septiembre, el magistrado Manuel García Castellón sitúa a Indra como "parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PPCM para utilizar las arcas públicas de la entidad Agencia de Informática y Comunicación (ICM) como fuente de ingresos del partido". Según explica, "la pleitesía de Indra tuvo su causa en las adjudicaciones de que fue objeto", para lo que destaca los servicios prestados para los procesos electorales de los años 2007 y 2011. También inculpa de forma directa a su expresidente: "Con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección, Francisco Javier Monzón de Cáceres, se convertiría en instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM, y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PPCM y de otras deudas del partido o de sus dirigentes".

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Pablo Gabilondo

Durante el interrogatorio, la Fiscalía le ha preguntado por dos contratos cuyo valor ronda los 100.000 euros —uno el 30 de abril de 2008 y otro el 30 de junio de ese mismo año— que fueron adjudicados por Indra a la empresa SWAT, consultora que trabajó para las campañas del PP de Madrid. En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que el exdirector de Operaciones de Indra, Santiago Roura, entregó 90.000 euros en efectivo a la mercantil SWAT, pero Monzón ha asegurado desconocer este asunto. La Fiscalía también han incidido en una adjudicación que Indra logró por valor de cuatro millones y que se redujo a un millón tras estallar hace cinco años el caso Púnica, cuestión a la que el expresidente ha respondido con evasivas: se ha limitado a decir que lo más probable es que cambiase "el contenido del pliego".

Además de Monzón, García Castellón mantiene también imputados en esta causa al exconsejero delegado de Indra Javiér de Andrés González y al que fuera responsable del área de procesos electorales de la empresa, Jesús Vicente Gil Ortega García. El juez sostiene que los tres "intervendrían en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del PPCM, en la adjudicación de contratos de cobertura, o en el pago de facturas a las empresas del entramado de confianza del PPCM, que recogían trabajos que nunca se realizaron". También constan como investigados la gerente Cristina Bombín del Palacio, el exdirector de Sistemas Diego Mora Borobia y el exdirector de Operaciones Santiago Roura.

Este último declaró como investigado el lunes ante el el titular del Juzgado Central de Instrucción 6. Se le acusa de haber entregado 10.000 euros en efectivo a a Alejandro de Pedro, uno de los empresarios a los que se investiga en el caso Púnica. A preguntas de la Fiscalía, Roura reconoció que el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, le pidió entregar este dinero a De Pedro y que, siguiendo sus instrucciones, se reunió con él en el interior de un vehículo en un , pero negó que el pago de la mordida llegara a efectuarse. En su comparecencia ante el juez, no responsabilizó a Monzón de los hechos investigados en ningún momento.