Aguirre, Cifuentes e Indra, imputadas por financiación ilícita y desvío de dinero público

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado este lunes por delitos vinculados a la financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre en la pieza de la trama Púnica en que se investiga la financiación irregular del PP regional, para lo que les cita a declarar el 1 y 18 de octubre respectivamente.

En una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y cita también como investigados a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes el 14 de octubre, mientras que en el plano empresarial imputa a Indra como persona jurídica y a su expresidente Javier Monzón, que tendrán que pasar por el juzgado el próximo 4 de octubre. En total, 30 investigados declararán en las próximas semanas en esta pieza, pero la cifra se incrementará con la citación de otros imputados en la pieza sobre Cofely y la que investiga la construcción de colegios en la comunidad.

En el procedimiento se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales sino, indiciariamente, a cargo de los contratos de diversos entes públicos a los que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales.

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Además de las citaciones ya comentadas, entre los imputados destacan otros como el exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, el exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM) Silvano Corujo y su consejero delegado, José Martínez Nicolás. El expresidente madrileño Ignacio González, el exsecretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados, y otros exaltos cargos que ya se encontraban imputados en Púnico vuelven a constar como investigados en esta pieza. Las últimas citaciones llegan después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijase el 6 de junio de 2020 como fecha límite para la instrucción del caso Púnica.

Pesos pesados como Aguirre, Cifuentes o Monzón tendrán que declarar sobre el presunto desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid y sobre cómo el partido se financió con donaciones ilegales de Indra, dinero que llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El auto, de 85 páginas, apunta que el PP empleó "mecanismos ilícitos" hasta 2011 para ocultar que sus campañas sobrepasaban el techo de gasto electoral, "sirviéndose del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicatarias de sus contratos [Indra] el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales".

Los pagos de Indra al PP de Madrid se recogen en un reciente informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica, que se centra en las relaciones comerciales de la empresa con un grupo de mercantiles dedicadas teóricamente a la formación de empleados, la comunicación y la publicidad. En el auto, el juez sitúa el comienzo de las irregularidades en el año 2003 y asegura que se iniciaron con motivo de la campaña de las elecciones regionales y de la mano de Horacio Mercado, empresario que jugó un papel crucial en la trama a partir de ese momento.

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"Fue en una reunión a principios del año 2004, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, cuando se presentó a los consejeros a aquel empresario", y el nuevo logo de la CAM diseñado por el mismo: 'Madrid la suma de todos'. El magistrado destaca que existen indicios racionales de que dicha reunión fue presidida por la presidenta del partido y de la comunidad, Esperanza Aguirre, y de que a la misma asistieron también tanto sus asesores de gabinete como los investigados Ignacio González y Francisco Granados, además de Alberto López Viejo.

En aquel encuentro se sentaron las bases del proceder ilícito que se perpetuaría en los años siguientes. Según sostiene el auto, las contrataciones en materia de publicidad y comunicación respondían "al diseño de un plan que fue un ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido". "La investigación arroja indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos, posteriores en el tiempo a la reunión del año 2004, dirigidos a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y de las elecciones generales del año 2008", indica.

En lo que se refiere a la puesta en marcha de este supuesto 'ardid', el auto señala de forma directa a Aguirre, a quien considera responsable de "la supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier consejería". "Se desprende que la presidenta se habría apoyado en Ignacio González y Francisco Granados para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisión le correspondería a Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros", indica.

Aguirre actuaría así como ideólogas. Fue, dice el auto, "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", agrega.

En cuanto a Cifuentes, el magistrado se refiere a la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid. "Participarían en el concierto Cristina Cifuentes y una funcionaria (Tatiana Recoder), quienes integraron el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especifica el auto.