La Fiscalía defiende que Aguirre tenía "una deuda personal" con una empresa de Púnica

Los investigadores tienen en el punto de mira los servicios que contrató Esperanza Aguirre para potenciar su imagen pública. El reciente escrito de la Fiscalía Anticorrupción sobre la pieza nueve, en la que se investiga la financiación irregular del PP de Madrid, asegura que la expresidenta tenía una "deuda personal" con la empresa de la trama Púnica que se dedicó a mejorar su reputación en 2012. El juez Manuel García-Castellón no utilizó esta expresión al justificar la imputación de la exdirigente popular el pasado lunes, pero la duda sobre si Aguirre se benefició a título personal del presunto desfalco ya sobrevuela el caso.

Los mencionados servicios se explican en la parte final del escrito de Anticorrupción: "En el año 2012, se daba la particularidad de que los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid más cercanos en ese momento a la presidenta del Partido, los investigados Ignacio González, Salvador Victoria y Borja Sarasola, habían generado junto a Esperanza Aguirre una deuda personal de todos ellos con las empresas del investigado Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, por los trabajos de reputación que les realizaba la mercantil Eico". El uso de esta expresión no es gratuito, pues los investigadores subrayan a continuación que "pese a tratarse de trabajos de índole personal de cada una de dichas autoridades, pretendieron que fuesen los fondos públicos los que atendiesen el pago de toda la deuda, que llegó a superar los 140.000 euros".

Según se explica en el escrito, el PP de Madrid ideó tres métodos distintos para "sufragarla encubiertamente". El primero de ellos consistió en adjudicar a la empresa Eico contratos públicos "con objeto simulado", labor que se dirigía desde la Dirección General de Medios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Otra de las vías pasaba por los adjudicatarios de contratos amañados desde el Canal de Isabel II y la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), entre los que destacan los casos de Imagen y Síntesis Digital e Indra, que "realizaron furtivamente entregas de dinero en efectivo a los investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa". Por último, la trama también ordenó a diversos adjudicatarios simular "la subcontratación de servicios con la empresa Eico, atendiendo mensualmente las facturas que los trabajadores de dicha mercantil presentaban al cobro".

En el auto emitido este lunes, el juez ya explicaba que el desfalco de la trama iba destinado a tres fines: nutrir las arcas del PP, dopar las campañas electorales y, en ocasiones, acabar en los bolsillos de quienes lo manejaban. A falta de que avance la instrucción, cuya fecha límite se ha fijado para el 6 de junio de 2020, todavía queda por aclarar qué políticos se enriquecieron gracias a los tejemanejes, pero Anticorrupción ya sostiene en su escrito que Esperanza Aguirre fue una de las que hicieron frente a una "deuda personal" con dinero público.

Mientras se indaga en esta línea de investigación, el juez se muestra tajante respecto al papel que jugó Aguirre en la trama y asegura que tenía "la supervisión y el control". Apunta a que las adjudicaciones fraudulentas "se habrían centralizado al más alto nivel del Gobierno regional" con ella a la cabeza, que fue quien decidió que su órgano ejecutor fuese la vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno, a cargo durante el periodo analizado de sus dos hombres fuertes: Ignacio González y Francisco Granados. "Aguirre se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones", dice el juez, que explica que para este millonario desvío de fondos se apoyó, básicamente, en las partidas de publicidad y comunicación. "La investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza".

Con el último auto de García-Castellón, la pieza suma 30 nuevas imputaciones a las 42 ya dictadas, en las que se incluían nombres tan relevantes como Ignacio González, Francisco Granados o el exgerente Beltrán Gutierrez. En total, 72 imputados por un conjunto de nueve delitos que no pueden atribuirse de forma individualizada: falsedad documental, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, delito continuado de apropiación indebida y organización criminal. Por el momento, la expresidenta madrileña tendrá que acudir el próximo 18 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar como investigada.