El juez del caso Villarejo propone juzgar a los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón da por finalizada la investigación sobre cómo Repsol y CaixaBank contrataron al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y desbaratar su intento de tomar las riendas de la petrolera con la ayuda de Pemex. En un auto fechado este lunes, el magistrado propone juzgar al exjefe de Seguridad de CaixaBank, Ángel Fernández Rancaño; al que fuera su homólogo en Repsol, Rafael Araújo Bernabé, y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera, Rafael Girona, por un delito de cohecho activo.

García Castellón procede así contra estos tres directivos y también deja a un paso del banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al policía Enrique García Castaño. Al último le atribuye descubrimiento de secretos, mientras que a los dos primeros les suma también cohecho pasivo.

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En julio, el juez levantó la imputación del presidente de Repsol, Antonio Brufau; del expresidente de CaixaBank, Isidré Fainé, y de las dos empresas como personas jurídicas. Tras dar por finalizada la instrucción, con el auto de este lunes también acuerda el sobreseimiento para otros cuatro exdirectivos sobre los que no existen indicios suficientes para atribuirles la comisión de los delitos: Luis Suárez de Lezo, secretario general de Repsol hasta enero de 2020; Juan de Amunategui, exdirector corporativo de servicios patrimoniales; Joaquín Uris, exdirector corporativo de gestión patrimonial, y Antonio Massanell, ex director general de medios de CaixaBank.

La contratación de Villarejo por parte de ambas empresas se enmarca en el intento de Del Rivero de hacerse con el control de Repsol con la ayuda de la petrolera mexicana Pemex entre 2011 y 2012. Los investigadores sostienen que este plan arrancó cuando todavía era accionista de Repsol y presidente de Sacyr, momento en el que trató de conseguir casi un tercio del capital social. Una vez detectada esta maniobra, desde los "servicios directivos" de CaixaBank y Repsol "se articularon, de modo conjunto, distintas vías de acción". Entre ellas, la contratación de Grupo Cenyt, la empresa que dirigía el comisario Villarejo, que puso en marcha el bautizado como proyecto Wine.

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"Los servicios de investigación contratados se centraban en obtener información sobre Luis del Rivero Asensio, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarredo", explica el auto. Para ello, se "accedió a información referida a llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y otras personas de su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos". Todo ello cuando Villarejo todavía ejercía como comisario de la Policía Nacional y sin que existiera ninguna investigación en curso que "justificase la solicitud de los tráficos de datos".

A cambio de los servicios, los investigadores han detectado cuatro pagos de Repsol y tres de CaixaBank a favor del Grupo Cenyt: "La suma de los importes asciende a 413.600 euros, de los que 218.900 euros se abonan con cargo a Repsol y 194.700 con cargo a CaixaBank". Las facturas de ambas entidades se recogen además bajo el concepto de "elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenado", así como "consultoría jurídica y técnica".

Con estas facturas sobre la mesa, el juez imputó el pasado julio a CaixaBank y Repsol como personas jurídicas ante la sospecha de que "existieron omisiones relevantes en la diligencia exigible a las dos entidades", pero, dos meses después, ya solo señala a los exresponsables de Seguridad como posibles responsables: considera que “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”. A partir de ahora, las acusaciones personadas disponen de un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.