Una jueza imputa a Benjumea por inflar los resultados de Abengoa con facturas falsas

La Justicia ha dado un nuevo paso para investigar la trama contable que ha llevado a Abengoa a protagonizar una suspensión de pagos de 6.000 millones de euros, arruinar a más de 50.000 inversores y dejar en la calle a la mitad de los 24.000 trabajadores que tenía en su plantilla en 2015, cuando afloró repentinamente pérdidas por valor de 1.200 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha decidido imputar al expresidente de la compañía Felipe Benjumea (1991-2015), a su director financiero, José Ángel García Quilez, y al exdirector general de la filial Inabensa González Gómez García por los presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales del grupo y el falseamiento de información económica y contable de sus trabajos en el proyecto del AVE a La Meca.

La titular del juzgado, Patricia Fernández, ha tomado esta decisión en un auto del pasado 7 de septiembre al que ha tenido acceso El Confidencial, tras apreciar indicios de delito en una querella presentada por el despacho Ius+Aequitas, en representación de la Asociación de Perjudicados de Abengoa, que incluye la confesión de un extrabajador y enumera todo tipo de irregularidades contables, en las que habría participado directamente Benjumea, para trasladar al mercado una imagen de solvencia económica que distaba mucho de ser cierta.

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Por un lado, Inabensa, dedicada a proyectos de ingeniería y montajes eléctricos, habría aprovechado un contrato de 153 millones de euros para la instalación de la catenaria y la construcción de edificios técnicos del AVE a La Meca para desviar a estas obras costes que pertenecían a otros trabajos. Una de las irregularidades más evidentes se produjo el último día de 2012, cuando Inabensa imputó a la línea ferroviaria 12 millones de euros de otros proyectos para Vodafone y Huawei, y de su filial en Turquía.

La mecánica consistía básicamente en trasvasar costes de unos proyectos a otros para aparentar márgenes de beneficio superiores a los reales. En otras ocasiones, dejaron directamente de contabilizarse deudas con proveedores. Además, KPMG reveló en un informe 'forensic' del periodo 2012-2016 que una filial de Abengoa, Nicsa, emitió facturas falsas a otras sociedades del grupo por importe de 6,1 millones de euros para simular “una mejora de caja”. No se ha encontrado ninguna prueba de que los conceptos reflejados en las facturas bajo sospecha (ingeniería, cálculo y suministro de cables) respondan a servicios realmente prestados.

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Estas prácticas internas no solo sirvieron para cerrar las cuentas en positivo. Los directivos de Abengoa se habrían repartido durante años bonus millonarios que estaban asociados a las ratios de rentabilidad que alcanzaban los proyectos ejercicio tras ejercicio. Ninguno de los órganos directivos de la multinacional ni Deloitte, auditora entre 2012 y 2015, alertaron del fraude.

Además de imputar a Benjumea y a los responsables de Inabensa y el Departamento de Contabilidad, la jueza también ha aceptado la petición de los querellantes de llamar a declarar en calidad de testigo a la responsable de Auditoría Interna, Rocío Rodríguez. En el auto, también anuncia que las personas jurídicas implicadas serán citadas como investigadas en cuanto se aporte a la causa un informe pericial sobre las cuentas solicitado por la propia jueza a la consultora Auren.

La causa arrancó en el Juzgado número 3 de Sevilla en 2019 tras la querella de la Asociación de Perjudicados de Abengoa, pero las diligencias fueron remitidas inicialmente a la Audiencia Nacional para incorporarlas al procedimiento en que se investiga a la cúpula de la compañía por presunta falsedad contable y estafa a los inversores. Sin embargo, la Justicia acaba determinando que la querella presentada en Sevilla se refiere a episodios que, aunque habrían tenido consecuencias en el deterioro general de Abengoa, debían instruirse de forma autónoma y ordenó que fuera asumida por el juzgado que inició las pesquisas.