Una jueza imputa a directivos de Abengoa por una macroestafa contable en época de Borrell

Un juzgado de Sevilla está investigando a una decena de directivos de Abengoa por su presunta implicación en una macroestafa contable que estaría directamente relacionada con el colapso de la compañía. La instructora del caso dispone por ahora del testimonio de al menos cinco antiguos trabajadores de la ingeniería con sede en Sevilla que han confirmado que dos de las filiales más importantes del grupo, la matriz del negocio de ingeniería Abeinsa y su subsidiaria Inabensa (montajes eléctricos), falsificaron sistemáticamente sus resultados empresariales durante años para trasladar al mercado una sensación de solvencia que, en realidad, era ficticia. Inabensa es, además, el origen último de Abengoa, ya que hereda la actividad fundacional con que nació en 1941.

El engaño se desmoronó como un castillo de naipes en 2015, cuando la compañía presentó preconcurso de acreedores por lo que su presidente durante 25 años, Felipe Benjumea, definió como "un problema puntual de liquidez". Pero unos meses después, a inicios de 2016 y en plena negociación del plan de salvamento, Abeinsa afloraba pérdidas extraordinarias en su cartera de obras de construcción industrial de 900 millones. Las causas de todo ello se remontan tiempo atrás y habrían contado con la colaboración activa de buena parte de su cúpula. Según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital hispalense, Patricia Fernández, imputa a la decena de directivos investigados los delitos de falsedad contable, simulación de contrato y estafa a los inversores, entre otros. Además de los responsables de la empresa, también se encuentran imputadas las propias filiales.

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Carlos Pizá. Sevilla

Los hechos investigados se habrían producido durante la época en que era miembro del consejo de administración de Abengoa el actual líder del PSOE en Europa y ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell (2009-2016). También estaba vinculado a la empresa el actual secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, que ocupó el cargo de secretario general técnico (2008-2015) y de presidente (2015-2016). Relevó precisamente a Benjumea entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, cuando ambos se desvincularon definitivamente. Borrell se mantuvo en el consejo hasta noviembre de 2016.

Ninguno de los órganos directivos de Abengoa informó nunca de estas prácticas. Tampoco Deloitte, encargada de auditar sus cuentas desde 2012, cuando sustituyó a PwC. Más de 50.000 accionistas y unos 24.000 trabajadores (hoy quedan la mitad) se vieron arrastrados por la entrada en preconcurso del 'holding' en noviembre de 2015.

Abanico de prácticas irregulares

La investigación judicial habría arrancado hace un año tras la entrada en los juzgados de Sevilla de una querella del bufete madrileño Ius + Aequitas, que ejerce la representación jurídica de la Asociación de Perjudicados de Abengoa. El despacho ha declinado realizar comentarios sobre la causa. En concreto, su denuncia aportaba el testimonio de un extrabajador de la cotizada, L. M. V., e información anónima recibida por correo que, en conjunto, demostraban de forma indiciaria que la compañía manipuló de forma continuada los costes de los proyectos de ingeniería que tenía en cartera para inflar el margen bruto de cada uno de ellos y, de ese modo, proyectar una imagen de altísima rentabilidad.

La querella describe un amplio abanico de prácticas irregulares que habrían convertido Abengoa en una gigantesca estafa piramidal. Por un lado, los costes de unos proyectos se pasaban a los siguientes, aunque no tuvieran ningún tipo de relación. Por otro, se falsificaban las facturas para retrasar las fechas de vencimiento. Si los costes no podían posponerse y comprometían la apariencia de rentabilidad del proyecto, directamente se borraban del sistema interno de contabilidad. Asimismo, las diferentes empresas del grupo se habrían cruzado facturas por servicios inexistentes para elevar artificialmente sus respectivas cifras de negocio. Es decir, que los gastos eran superiores a los declarados, y los ingresos, netamente inferiores.

Uno de los cinco testigos ha narrado la traslación de costes de unos proyectos a otros, o directamente su borrado, para aparentar una rentabilidad mayor

L. M. V. empezó a trasladar a sus superiores en 2015 su preocupación por estas prácticas pero, ante la falta de respuesta, decidió informar de la situación a través del canal interno de denuncias. En julio de 2016 llegó a presentar hasta cinco, pero tampoco obtuvo contestación. El Departamento de Auditoría Interna solo le dijo que las investigaciones requerían tiempo y que no podían facilitarle ningún dato porque era un proceso confidencial, según relató a la jueza. Alfonso González era el máximo responsable de Abeinsa y su filial Inabensa, un ejecutivo sevillano de la total confianza de Benjumea. El director financiero y de administración de Abeinsa era José Giráldez.

La titular del Juzgado número 3 de Sevilla acordó la admisión a trámite de la querella y ha estado investigando su contenido durante casi un año en el más estricto secreto. Lo primero que hizo fue tomar declaración a otros cuatro extrabajadores de Inabensa y Abeinsa que habían tenido un contacto directo con la manipulación contable. No solo ratificaron la denuncia, sino que aportaron nuevas pruebas y detalles adicionales de los métodos que supuestamente colaboraron al hundimiento de la compañía. De hecho, de los 1.200 millones en pérdidas que la empresa declaró en 2015, 900 millones correspondían a los números rojos aflorados en proyectos de ingeniería de Abeinsa. Déficits arrastrados durante años que se reconocieron el año en que la empresa entra en preconcurso y tras las salidas de su presidente y su CEO, Manuel Sánchez.

Manipulación en el AVE Meca-Medina

Los testigos explicaron que la falsificación de los resultados no solo afectaba a esas dos filiales, sino que era una práctica generalizada en la compañía. También aseguraron, como ejemplo, que Abengoa habría aprovechado su participación en la construcción del AVE Meca-Medina para desplazar a ese proyecto gastos de otras obras, principalmente ejecutadas en España.

Uno de los directivos implicados en la estafa habría admitido que se trataba de pura “ingeniería financiera”, según uno de los testigos. Otro recordó que los máximos responsables de la compañía tenían una motivación económica para promover o, como mínimo, obviar estos métodos. Sus salarios estaban condicionados por el margen bruto de los proyectos. Si era alto, se llevaban un bonus. Y cuanto más alto era el margen, mayor era su bonus. Al mismo tiempo, al estar Abengoa fuertemente endeudada (9.000 millones de deuda financiera al presentar preconcurso), los bancos exigían mantener un ratio inamovible de pasivo respecto al beneficio bruto (ebitda). Manipular al alza el ebitda permitía mantener la apariencia de que se cumplían esos ratios y poder así seguir contando con financiación bancaria.

Por ahora, solo están imputados cuadros intermedios que ocupaban cargos de responsabilidad en Inabensa y Abeinsa, pero la implicación de otras mercantiles del 'holding' en el desplazamiento de coste y la emisión de facturas falsas apunta necesariamente a los máximos órganos directivos de la cotizada. Los consejeros también tenían una parte de su remuneración condicionada al resultado de los proyectos. Si la estafa piramidal descrita por los testigos es cierta, Borrell, Abascal, el exconsejero delegado Manuel Sánchez y el resto de altos cargos del grupo fueron los mayores beneficiados por la trama.

Hasta ahora, el único juicio derivado de la caída de Abengoa ha sido el del cobro de abultadas indemnizaciones por parte de Felipe Benjumea y Manuel Sánchez (en total, entre ambos, se embolsaron 24 millones sumando sueldo y compensación en 2015, el año del preconcurso). La Audiencia Nacional les absolvió a inicios de 2018.