Las tres batallas que se están librando en Abengoa: política, judicial y laboral
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Mayor concurso de acreedores en España

Las tres batallas que se están librando en Abengoa: política, judicial y laboral

Gobierno y ayuntamiento acusan a la Junta de dejar caer la matriz mientras la dirección intenta que no afecte a las filiales como Abenewco 1 y los minoritarios mantienen su plan

placeholder Foto: Trabajadores de Abengoa se concentran ante la presidencia de la Junta en Sevilla. (EFE)
Trabajadores de Abengoa se concentran ante la presidencia de la Junta en Sevilla. (EFE)

La presentación por parte de Abengoa de la declaración del concurso voluntario de acreedores para esta compañía ha desatado un terremoto con epicentro en su sede de Palmas Altas y réplicas de alta intensidad en instancias políticas, judiciales y laborales.

Se trata del mayor concurso de acreedores de una empresa en España, tras el protagonizado en 2008 por la constructora Martinsa-Fadesa. La multinacional sevillana de ingeniería especializada en energía, con casi 15.000 empleados en todos el mundo —3.000 de ellos en España—, ha llegado a una situación límite tras haber llevado a cabo dos planes de rescate previos en 2015 y 2017 por problemas de liquidez, con una deuda que llegó a alcanzar los 20.000 millones de euros.

En ese proceso de reestructuración, los acreedores —principalmente bancos y fondos de inversión liderados por el Santander y KKR— se hicieron con el control de la compañía y obligaron a la salida de su presidente, Felipe Benjumea. Precisamente, ayer se conoció que un juzgado de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por Inversión Corporativa, vehículo de inversión encabezado por la familia Benjumea y que agrupa a otros accionistas de Abengoa, que reclamaba 1.000 millones de euros al Banco Santander y a HSBC por la crisis del grupo sevillano.

Foto: Torre de Abengoa.

Tras la llegada a la empresa de Gonzalo Urquijo y su equipo, la situación de Abengoa había comenzado a mejorar, según los datos de la compañía, que subraya que en los dos últimos años la empresa había tenido que aumentar de nuevo su plantilla un 20% hasta los 14.000 empleados— gracias a los proyectos ganados en concursos públicos por todo el mundo compitiendo con multinacionales y cuyo montante supera los 4.000 millones de euros.

Sin embargo, los graves problemas de financiación que venía arrastrando, unidos a la paralización de la actividad por el covid a partir de marzo, obligaron a la empresa a poner en marcha un tercer plan de rescate que pretendía despejar definitivamente el futuro de Abengoa. El ambicioso plan, denominado Vellocino, incluía una importante participación del Gobierno central de casi 550 millones de euros a través de créditos ICO y avales con apoyo Cesce, además de acuerdos con acreedores financieros y con proveedores.

El acuerdo fue finalmente aprobado el pasado 6 de agosto, pero asumía la participación de la Junta de Andalucía con un aval por 20 millones de euros que la dirección de Abengoa aseguró tener apalabrado. Pero este nunca se ha hecho efectivo, al asegurar el Ejecutivo de Juanma Moreno que carece de instrumentos jurídicos para ello.

La situación se enmarañó aún más ayer por la tarde, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió un expediente administrativo sancionador a la compañía y al consejo de administración por no presentar en la forma y plazo oportuno las cuentas de 2019.

Foto: Una torre solar de Abengoa en el parque solar de Sanlucar la Mayor. (Reuters)

Batalla política

Esa decisión ha desatado una batalla política en las últimas horas contra la Administración autonómica tanto desde el Gobierno central como del Ayuntamiento de Sevilla, que acusan al presidente andaluz de dejar caer la multinacional. La pasada semana, la ministra de Industria, Reyes Maroto, criticó abiertamente la actitud de la Junta y la contrapuso al compromiso del Gobierno central con esta compañía.

Ayer, la portavoz del Gobierno de España, la sevillana María Jesús Montero, insistió en que “nosotros hemos intentado ser parte de la solución, pero otros actores necesarios que tenían que participar en la operación no han cumplido con las expectativas o los compromisos que la propia empresa tenía planteados”.

Mucho más crítico y contundente fue el habitualmente moderado alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien subrayó su “enfado y la mayor de las decepciones posibles por la actitud del presidente de la Junta, cuya responsabilidad en esto es absoluta”. “Si esa es la actitud del Gobierno andaluz respecto a la crisis de una empresa como Abengoa, la política industrial de la Junta no es fiable”, subrayó el regidor sevillano, quien pidió a Juanma Moreno que vaya al Parlamento andaluz a “explicar por qué se ha encogido de hombros en lugar de avalar los 20 millones o buscado un inversor”.

placeholder Campus de Palmas Altas, sede de Abengoa en Sevilla. (EFE)
Campus de Palmas Altas, sede de Abengoa en Sevilla. (EFE)

No tardó en sumarse a las críticas la líder de la oposición, Susana Díaz, quien por la tarde acusó al presidente andaluz de "dejar caer" Abengoa, ya que "500 millones de euros ponía el Gobierno de España y tan solo tenía que poner 20 millones de euros, y la empresa más puntera se acaba de declarar en concurso de acreedores por la indolencia y no estar en los problemas de la gente".

Por su parte, el presidente andaluz aseguró desde Ronda, donde celebró un Consejo de Gobierno extraordinario, que no se puede responsabilizar a la Junta de la caída de Abengoa. "Si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa no hubieran contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa", insistió Moreno, quien reiteró que su Gobierno apoyará a Abengoa en “cada cuestión que solicite y pueda atender”.

Batalla judicial

Por otra parte, el plan aprobado en agosto incluía un complejo plan de ingeniería societaria para traspasar la mayor parte de los activos de Abengoa a sus filiales hasta convertir a una de ellas, Abenewco 1, en la verdadera central operativa de este grupo que conforman nada menos que 325 empresas distintas.

Foto: Foto: Reuters.

Con ello, conseguía desprenderse de parte de su pasado y blindarse para seguir adelante, pero lo hacía a costa de que los accionistas de la Abengoa original perdieran la mayor parte del patrimonio invertido en esta empresa cotizada en bolsa.

Este movimiento ha encontrado desde entonces una fuerte contestación en un grupo de accionistas minoritarios, que se unieron con celeridad en una plataforma denominada AbengoaShares y que venía pidiendo desde septiembre la retirada del Plan Vellocino o Plan Urquijo.

En un primer momento, este grupo acudió a los tribunales al considerar ilegal que la empresa diera pasos para liquidar una empresa cotizada, Abengoa, mientras se traspasaban sus activos a la filial Abenewco 1, en la que su participación quedaba reducida al 2,7%. Sin embargo, el juez rechazó la suspensión cautelar del plan que pedían los minoritarios sin entrar en el fondo de la cuestión. El auto será revisado en marzo por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Foto: Foto: Reuters.

Poco después, esta plataforma, que ha conseguido aglutinar más del 15% del capital, decidió plantar batalla dentro de la propia compañía para tumbar la dirección de Gonzalo Urquijo. Así, convocó una junta extraordinaria en noviembre en la que propuso que presidiera Abengoa el exdirectivo de Coca-Cola Marcos de Quinto. Sin embargo, aunque Urquijo y su equipo fueron cesados, el también exdiputado de Ciudadanos dio un paso atrás y prefirió no representar a los minoritarios en el consejo.

Desde entonces, la situación se ha vuelto caótica. Los consejeros elegidos por AbengoaShares no han acatado las directrices de esta plataforma y han seguido apoyando el Plan Urquijo, asegurando que era “el único posible” para garantizar el futuro del grupo.

Abengoa tiene un desfase patrimonial de 388 M y una deuda vencida de 153 M, aunque el pasivo del grupo alcanza los 6.000 M

Ante ello, los minoritarios habían conseguido convocar otra junta extraordinaria prevista para la próxima semana y en la que pretendían cesar al actual presidente, el abogado Juan Pablo López Bravo, y sustituirlo por Clemente Fernández, expresidente de la empresa cotizada Amper.

Sin embargo, la decisión de la dirección de Abengoa de solicitar el concurso voluntario de acreedores deja ahora la compañía en manos del administrador concursal que designe el juez de lo Mercantil encargado del caso, Miguel Ángel Navarro Robles.

El magistrado deberá decidir sobre múltiples aspectos, incluida la junta de accionistas convocada para la próxima semana, o sobre cómo actuar con el resto de sociedades filiales para evitar que se vean totalmente afectadas por este concurso de acreedores. Abengoa tiene un desfase patrimonial de 388 millones y una deuda vencida de 153 millones de euros, aunque el pasivo del grupo alcanza los 6.000 millones.

Foto: Álvaro Polo, director general de Recursos Humanos de Abengoa. (F.R.)

Batalla laboral

La prioridad para el administrador concursal será a partir de ahora mantener la actividad del grupo y su empleo mientras busca fórmulas para garantizar su futuro —bien retomando el plan de rescate fallido o buscando uno nuevo con participación del Gobierno o de un socio inversor—. Así, se podría dar la circunstancia de que Abengoa entrara en liquidación pero no el resto del grupo.

Los comités de empresa de la compañía se reunieron en la tarde de ayer para analizar la situación y reiterar su petición de que busquen las fórmulas para que se garantice el empleo. En total, son más de 14.000 las personas que componen la plantilla de esta multinacional, de las que más de 3.000 están en España, si bien buena parte de los que trabajan en otros países son expatriados.

En Sevilla, son más de 2.000 las personas que forman parte de Abengoa, la mayoría de ellas, más de 1.000 en la sede central de Palmas Altas, edificio que ayer fue adquirido por la Junta de Andalucía tras un año de negociación para convertirla en la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla.

La presentación por parte de Abengoa de la declaración del concurso voluntario de acreedores para esta compañía ha desatado un terremoto con epicentro en su sede de Palmas Altas y réplicas de alta intensidad en instancias políticas, judiciales y laborales.

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