La Audiencia devuelve a Sevilla la pieza del caso Abengoa que indaga en el AVE a la Meca

La Audiencia Nacional ha mandado de vuelta a Sevilla la investigación sobre la parte del proyecto del AVE Meca-Medina que ejecutó Abengoa. El 1 septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, asumió las pesquisas después de que el juzgado en el que habían arrancado, el de instrucción número de 3 la capital andaluza, considerara que estas superaban sus competencias, pero la Sala de lo Penal ha ordenado dar marcha atrás y devolver la pieza a su origen: "No integra ni suple las exigencias de los artículos 23 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la inconcreción fáctica advertida a tenor del fundamento jurídico único del auto del 1 de septiembre pasado, sobre el que hace pivotar la asunción de competencia de la causa", argumenta la Sección Cuarta en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

La decisión supone un revés para la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que en su ampliación de la querella pedía que la investigación pasara a la Audiencia Nacional, donde ya se investiga a la multinacional por posible estafa y falsedad contable. Para justificar su solicitud, el escrito se apoyaba a su vez un informe 'forensic' de KPMG en el que se apunta a que entre 2012 y 2016 se manipularon las cuentas de diversos contratos, con lo que las pesquisas ya abordaban "la actuación de dicho grupo empresarial en todo el territorio nacional". Apoyándose en este razonamiento, el juzgado de Sevilla se inhibió y el juez Ismael Moreno se hizo cargo de las "diligencias previas que fueron incoadas a fin de averiguar la existencia de determinadas 'irregularidades', centradas básicamente en el proyecto de AVE Meca-Medina".

TE PUEDE INTERESAR

Caso Abengoa: la Fiscalía pide imputar al exsecretario de Energía por el AVE a La Meca

Pablo Gabilondo

En concreto, los querellantes apuntan a que se alteró la contabilidad de Inabensa y Abeinsa, dos de las filiales más importantes del grupo Abengoa, mediante la "manipulación de cuentas", la "alteración de los flujos de tesorería" y la "emisión de facturas ficticias con base en contratos simulados". La plataforma de perjudicados sostiene que la empresa y sus directivos ofrecieron así "una imagen financiera de los proyectos de bonanza y con beneficios, distorsionando la imagen fiel de Inabensa y Abeinsa —y por ende indirectamente de su matriz, Abengoa— cuando en verdad la situación era de pérdidas, costes por encima de los presupuestados, nivel de ejecución inferior al reportado y ocultación de las pérdidas de unos proyectos como gastos imputados a otros proyectos en curso para 'dar ejecución' a estos últimos".

Los querellantes sostienen que, de esta manera, Abengoa disimulaba las pérdidas y comprometía "su rentabilidad en una suerte de esquema defraudatorio Ponzi". También argumentan que "el incentivo de todos los partícipes para ello era la obtención de bonus por parte de los directivos de dichas compañías". A la vista de estos indicios, pidieron en enero que se imputara a dos de los tres últimos presidentes de Abengoa antes de su rescate financiero en 2017, Felipe Benjumea y José Domínguez Abascal, así como al que fuera consejero delegado entre 2010 y 2015, Manuel Sánchez Ortega, y al Grupo Abengoa. Salvo Domínguez Abascal, que ejerció como secretario de Estado de Energía desde junio de 2018 hasta el pasado enero, el resto ya estaban imputados en la Audiencia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Facturas falsas y gastos ficticios: así acusan a Abengoa de manipular el Ave a la Meca

Carlos Pizá de Silva. Sevilla

Con esta ampliación de la querella como telón de fondo, el fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga concluyó hace escasas semanas que procedía "acordar la imputación del Sr. Domínguez Abascal en su calidad de secretario general técnico de Abengoa", petición que ahora queda en papel mojado tras ordenarse que la investigación vuelva al juzgado de instrucción número de 3 de Sevilla. La decisión se toma en contra del criterio de la titular de este juzgado, de la Audiencia Provincial de Sevilla y del propio Ismael Moreno, apoyándose para ello en un recurso de dos miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de Abengoa, Mercedes Gracia y Alicia Velarde. Fuentes consultadas apuntan sin embargo que no son las únicas que recurrieron la decisión de que las diligencias pasaran a Madrid.

La Sala de lo Penal basa su decisión en un análisis de las novedades que incluía la ampliación de la querella, reduciéndolas a "una carta anónima de 2017" que obraba en el procedimiento desde el comienzo, "unas testificales de marzo de 2019" y "una serie de correos internos de los años 2012 y 2013 entre investigados de la causa seguida en Sevilla o con altos cargos de Abengoa, alusivos al proyecto Meca y otros planes". Tras revisar estos puntos, concluye que "los novedosos hechos parece que se refieren a proyectos de las entidades filiales de Abengoa que venían siendo investigadas de Sevilla", por lo que en ningún caso cabe asumir que la ampliación de la querella va más allá de las competencias de este juzgado y ordena que las diligencias vuelvan al mismo, cerrándose así esta nueva línea de investigación en la Audiencia Nacional.