Los procesos electorales ahogan al poder legislativo dejando en suspenso leyes estrella

La reforma fiscal, el paquete de leyes en materia de igualdad (de la ley trans a la LGTBI), la reforma del delito de sedición, la ley de memoria democrática o la ley de vivienda, además de las renovaciones pendientes en los órganos constituciones, como el CGPJ. Primero fueron las elecciones catalanas. Ahora las elecciones a la Comunidad de Madrid. Procesos electorales que suponen una campaña permanente desde que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado y que por su lectura en clave estatal están ahogando al poder legislativo, dejando en suspenso la aprobación o tramitación de leyes que estaban previstas para este periodo de sesiones.

Electoralismo frente a parlamentarismo, mientras con mayor o menor resignación los grupos parlamentarios asumen que para retomar la actividad de forma normalizada hay que mirar a septiembre. Todo ello descontando que no se produzca una repetición electoral en Cataluña y a la espera del 4-M. El debate y la actividad en el Congreso quedan supeditados a la campaña. Las estrategias, votaciones e iniciativas a los resultados que salgan de las urnas.

El propio candidato socialista, Ángel Gabilondo, era quien ponía en cuarentena los planes para la armonización fiscal del departamento de Hacienda, una reforma que el Gobierno comprometió en el acuerdo de presupuestos. Pero no solo durante la campaña, sino incluso durante la legislatura al avanzar que su intención si llegaba a la presidencia autonómica era no tocar ningún tributo. En los últimos días su campaña, que busca captar votante morado con guiños a quienes apoyaron a Ciudadanos en los anteriores comicios, ha pivotado en la promesa de no acabar con lo que desde el Ejecutivo se denominó 'dumping fiscal' de Madrid, en alusión a las bonificaciones en los impuestos de patrimonio y sucesiones.

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Desde las formaciones independentistas asumen también que el Gobierno no podrá sacar adelante la reforma del delito de sedición que el ministerio de Justicia ya tenía preparada debido a las elecciones en Madrid. "No hay que ser un gran analista para saberlo", indicaba un dirigente de ERC, al tiempo que mostraba su hastío por los retrasos que acumulan ciertos acuerdos de investidura y de los Presupuestos. Si la armonización de los tributos autonómicos es una medida que se entiende como poco favorable para los intereses electorales del PSOE, la reforma del Código Penal para facilitar la puesta en libertad de los presos independentistas sería un regalo electoral para Isabel Díaz Ayuso. Mucho más los indultos, una medida de gracia que el Consejo de Ministros tampoco debatirá hasta que pase el 4-M.

La campaña electoral irrumpe también en plenas negociaciones entre los socios del Gobierno para sacar adelante la futura ley de vivienda. Una norma que se comprometió para el mes de febrero, el plazo máximo que se puso para aprobarla en el Consejo de Ministros, y con la intención de iniciar su tramitación parlamentaria este mes de marzo. Un retraso que se debe precisamente a las elecciones catalanas, puesto que los equipos negociadores, a instancias del PSOE, aceptaron suspender las reuniones durante el tiempo que duró la campaña electoral de las catalanas.

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Ahora el 4-M vuelve a enfangar la negociación, y en esta ocasión son los morados quienes rebajan su interés y se sienten cómodos situando líneas rojas. Si se aceptan, sería un triunfo a vender en campaña. De seguir el bloqueo, sería un reproche para utilizar como arma arrojadiza frente a los socialistas, con quienes comparten una buena parte de su caladero electoral. No en vano, el único fichaje externo de la sociedad civil para la candidatura de Pablo Iglesias es el de la abogada, coportavoz de la PAH en Madrid y activista por el derecho a la vivienda, Alejandra Jacinto.

Por el lado contrario, los socialistas tampoco parecen dispuestos a levantar el bloqueo al paquete de leyes en materia de Igualdad y regalar así a los morados la bandera del feminismo antes de acudir a las urnas. Proyectos que siguen en revisión desde que en febrero se remitiesen desde Igualdad a la Vicepresidencia primera del Gobierno. Este último departamento pone en duda su seguridad jurídica y nada se sabe de los informes que llevaría ya más de dos meses preparando los ministerios de Justicia y Sanidad. Hasta que pase el 4-M tampoco parece que los avances previstos por el Ejecutivo en esta materia vayan a materializarse.

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Los cálculos electoralistas lo condicionan todo y la parálisis legislativa es solo uno de sus efectos. Si bien florecen las proposiciones no de ley (PNL), como simples eslóganes electorales al tratarse de iniciativas sin recorrido que solamente refuerzan el altavoz de promesas electorales. Al igual que las interpelaciones o mociones, como la de los populares pidiendo una condena del totalitarismo comunismo, en línea con el lema de campaña de Díaz Ayuso 'comunismo o libertad'. Las sesiones de control al Gobierno desde que se publicó el decreto de convocatoria electoral en Madrid se han convertido también en debates electorales, cuando no en una sucesión de mítines, participando de ellos incluso uno de los candidatos, Pablo Iglesias, aun en condición de miembro del Gobierno.

"Hasta septiembre nada", coincidían en señalar dos portavoces que dieron su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura tras el primer pleno que se celebró una vez anunciado el adelanto electoral en Madrid. ¿Acelerón de medidas programáticas pendientes para vender durante la campaña o parálisis hasta después de las elecciones? "Me inclino más por lo segundo", aseguraba otro portavoz de uno de los partidos que forman parte del bloque de investidura.