Por qué se ha retrasado el regreso de AstraZeneca: burocracia y opacidad en la pandemia

España vuelve a vacunar este miércoles con AstraZeneca tras nueve días de parón. Suspendió la vacunación el 15 de marzo hasta que se pronunciara la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que tres días más tarde se reafirmó en sus conclusiones tras analizar los acontecimientos adversos: la vacuna es segura. En algunos países se reanudó al día siguiente, pero no aquí. La gestión de la pandemia obliga a que se tengan que celebrar varias reuniones antes de tomar una decisión, reuniones de las que apenas hay referencias públicas más allá de las notas de prensa porque o no se elaboran actas o su aprobación acumula muchos meses de retraso y el Ministerio de Sanidad no las publica ni las facilita.

Justo después de que la EMA asegurara que no había problemas con la vacuna de AstraZeneca, el Gobierno y las comunidades autónomas pusieron fecha a la reanudación de la vacunación: el miércoles 24 de marzo. Esos cinco días de plazo se justificaban por la necesidad de dar tiempo para que se reunieran los distintos órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) competentes en vacunas: la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones (Ponencia de Vacunas), la Comisión de Salud Pública y el Pleno.

De la primera salió la propuesta de ampliar hasta los 65 años la edad de vacunación con la vacuna anglosueca, luego ratificada y finalmente aprobada por los otros dos órganos. Como resume Adrián Hugo Llorente, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, "la gobernanza del sistema nacional de salud recae sobre un sistema polisinodial de órganos colegiados de carácter técnico, directivo y político". Ese proceso se repite cada vez que se toma una decisión: la reunión de cada miércoles y la posterior rueda de prensa de la ministra es solo el último paso de un proceso que empieza varios días antes.

Esta organización no es nueva. Así está configurado el sistema nacional de salud desde su concepción en los años 80. "Me parece que el sistema ha acreditado su eficacia durante 40 años, tanto en condiciones de normalidad como en condiciones de pandemia", asegura José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El proceso puede parecer demasiado burocrático y lento, pero a cambio proporciona bastante consenso incluso en tiempos tan complicados como la pandemia del último año. Todo lo que llega al pleno del CISNS tiene el visto bueno de la mayoría de representantes técnicos y políticos de las comunidades. "La Ponencia de Vacunas trabaja con agilidad. Suele ser un órgano que funciona en el 99,9% de las veces con unanimidad. Las ponencias técnicas son fundamentales", añade Olmos.

El Gobierno ha defendido la cogobernanza en la gestión de la pandemia con un sistema cuya importancia no era ni por asomo la actual. Con las competencias sanitarias transferidas, el CISNS era un órgano desconocido para la gran mayoría de la población, nada que ver con la relevancia que ha adquirido desde el final de la desescalada. En él es donde se toman las decisiones importantes, como las restricciones para hacer frente al virus. Y se hace por acuerdo entre el Gobierno y las comunidades. "El CISNS son todos los que se sientan. En lo que dicen y en lo que se callan, en lo que piden y lo que dejan de pedir", apunta Olmos, que fue secretario del pleno.

Pero la reivindicación de esa gestión no ha ido acompañada de transparencia. En la web del Ministerio de Sanidad, la última acta publicada del pleno del CISNS es de diciembre de 2018. No hay ninguna de 2019, en teoría ya aprobadas, ni de 2020, todavía en elaboración. "Desde la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, se informa de que no es posible acceder a la documentación solicitada, por no estar disponible, ya que todas las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebradas durante 2020 han tenido un carácter urgente, monográfico y extraordinario", respondió Sanidad hace unos meses a la solicitud de acceso realizada por El Confidencial. El pleno, donde se sientan la ministra de Sanidad y todos los consejeros autonómicos del ramo, se reunió 68 veces el año pasado, según publicó Maldita.es. Es imposible saber de manera oficial cómo han sido las votaciones en cada uno de los acuerdos adoptados.

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Aunque no están publicadas en la web, sí que hay actas de la Comisión de Salud Pública, cuyas reuniones han sido, en la mayoría de las veces, igual de urgentes, extraordinarias y monográficas. Sanidad sí concedió acceso a ellas tras ser solicitadas y El Confidencial publicó algunos extractos durante el año pasado. En esas reuniones, los responsables de salud pública de las comunidades y el ministerio discuten, modifican y aprueban las propuestas que luego pasan al pleno.

Por debajo de las comisiones (hay diez, según la última memoria) existen órganos técnicos, como la Ponencia de Vacunas y la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, también con representantes de todas las comunidades. Sanidad considera que, al no ser órganos colegiados en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "no hay obligación de generar actas ni órdenes del día" de sus reuniones, argumenta en respuesta a una solicitud de acceso a esos documentos de la Ponencia de Vacunas desde mayo de 2020.

Pero, en esa misma respuesta, el ministerio adjunta dos resúmenes de reuniones celebradas en mayo y junio pasados que incluyen un orden del día, una descripción de los temas tratados y unas conclusiones. O a partir de ahí no se han elaborado documentos similares (algo que cuesta creer en un órgano tan relevante en la gestión de la pandemia, sobre todo desde el pasado otoño) o el ministerio se niega a entregarlos.

Contactado por este medio, uno de los miembros de la Ponencia de Vacunas y del grupo de trabajo que ha elaborado la estrategia de vacunación afirma que están sujetos a un acuerdo de confidencialidad que les impide dar cualquier tipo de detalle. Un participante en el grupo de trabajo, que también prefiere mantener el anonimato, dice que esa confidencialidad solo alcanza a las deliberaciones y no a la forma de funcionamiento. Explica que sí existen órdenes del día de esas reuniones y que se votan los acuerdos, aunque no puede asegurar que se levanten actas.

Los grupos de trabajo son el cuarto nivel en la pirámide del CISNS y en ellos participan no solo representantes de las administraciones públicas, sino también de otras organizaciones o sociedades científicas, que tienen voz, pero no voto. Durante la pandemia se creó el Grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19, que ha elaborado la estrategia de vacunación y se encarga también de actualizarla.

Olmos considera que la confidencialidad tiene sentido en ocasiones como esta "porque se trata de decisiones que afectan a competidores en el mercado de las vacunas". "Imagina que una empresa conozca qué debate se está teniendo sobre una vacuna rival. Le estás dando claves a quien está discutiendo contigo en el mercado", dice. El exsecretario general de Sanidad cree que "las obligaciones de transparencia le corresponden a todas las administraciones" y que "la transparencia es fundamental como instrumento de mejora", pero que no todo lo que se discute en los órganos debe ser conocido, como las discusiones científicas. "Lo que sí tiene que ser relevante es la conclusión y los argumentos que la han propiciado", afirma.