Tres olas de covid-19 no reducen el atasco para entrar en las residencias

Inma ha estado dos años esperando conseguir una plaza en un centro de día para su madrina, enferma de alzhéimer de 87 años. Uno, para que trasladasen su expediente de Sevilla a Cádiz, donde se mudó para estar más cerca de su ahijada. Otro, para que les llamasen del centro al que tenían derecho, y al que finalmente empezó a acudir hace un mes.

"Con lo del coronavirus redujeron el aforo del centro a la mitad, así que cada baja que había la dejaban libre, no llamaban a nuevos ingresos", cuenta Inma al teléfono. "Nos hemos apañado como hemos podido... También pedimos la ayuda a domicilio del ayuntamiento, pero nos la concedieron a la vez que el centro. Preferimos el centro porque solo en estas semanas ya ha mejorado mucho a nivel cognitivo. Llevaba un año en su pompa, fuera del mundo, sin nadie que la estimulase ni la obligase a hacer ejercicios".

El sistema de dependencia lleva años en crisis. Tener que esperar meses o años para conseguir plaza en una residencia o centro de día no es novedad prácticamente en ninguna comunidad. Y la pandemia no ha hecho por acelerar la situación, aunque a la luz de los datos lo parezca. En líneas generales, las listas de espera (personas con dependencia reconocida, pero todavía sin disfrutar la prestación) han descendido en el último año de 267.835 personas pendientes a 235.790 (un 12%).

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"Según nuestros cálculos, el 80% de esa reducción en las listas se debe al fallecimiento de la persona que estaba a la espera de valoración o plaza, no por nuevos ingresos. No es fruto del esfuerzo o la mejor gestión de las administraciones autonómicas que hace falta", explica Álvaro Revilla, portavoz de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que lleva dos décadas analizando los problemas estructurales y la gestión de las prestaciones por dependencia.

Si el problema siempre ha sido la falta de plazas, este año hay más vacantes que nunca, aunque paradójicamente las listas apenas avanzan. Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la reducción en el número de personas reconocidas como dependientes ha sido del 2,3% entre febrero de 2020 y febrero de 2021, mientras que el número de personas atendidas ha aumentado solo en un 0,03%: 374 personas. Es decir, aunque varía mucho de una comunidad a otra, las plazas libres apenas se han repuesto.

"Hay una parte del descenso que es entendible por el miedo al covid y las restricciones en las residencias. Pero los protocolos solo han marcado que haya un 10% de plazas desocupadas y estamos hablando de que se han perdido muchas más", apunta Revilla.

Las solicitudes registradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) también han descendido en el último año tras cinco ejercicios aumentando. Entre febrero de 2020 y febrero de 2021 se registraron 60.784 menos. También ha caído el número de resoluciones y el de prestaciones reconocidas, aunque con grandes diferencias entre comunidades autónomas. En Madrid han descendido en 9.447; en Cataluña hay 8.580 menos; en Castilla-La Mancha, una reducción de 3.672; y en Aragón, 2.461. Ha crecido, entre otras comunidades, en Asturias, Baleares y, sobre todo, en Comunidad Valenciana, donde había a cierre de febrero 11.870 más personas beneficiarias que un año antes.

En el análisis por comunidades que hace el Observatorio de la Dependencia cada año y que se ha presentado esta semana, destacan por su mala gestión Madrid y Cataluña. "Al principio de la pandemia, se dio la anomalía de que la Comunidad de Madrid suspendió el servicio de ayuda a domicilio de los dependientes, que es su competencia. Pero los ayuntamientos, que gestionan la asistencia a los no dependientes, no lo suspendieron, tal y como decían los protocolos. Así, tuvimos a personas menos dependientes con ayuda en casa mientras que otras que lo necesitaban más se quedaron sin ninguna", explican desde la asociación.

Las solicitudes de teleasistencia y la ayuda a domicilio son las que más han aumentado su demanda, según las organizaciones sociales, por el miedo al virus. En toda la Comunidad de Madrid hay ahora mismo 32.000 personas esperando estos servicios, aunque no pueden consultarse los que había en fechas anteriores ni se han facilitado a petición de este diario.

En cuanto a prestaciones concedidas, la asistencia a domicilio ha crecido en un 1% (unas 2.200 personas), mientras que las prestaciones residenciales o en centros de día han descendido en todo el país en torno al 9%.

Sin embargo, según el análisis del Observatorio de la Dependencia, es Cataluña la comunidad que más ha retrocedido en materia de dependencia durante la pandemia. "La dejadez lleva arrastrándose mucho tiempo y ha seguido esa senda. Ha perdido 9.400 prestaciones, es la que más tiempo de tramitación tiene, peor valoración de sus servicios… Y es porque la agenda política no está en esto, no importa", añade Revilla.

430 días de espera media

Según el último informe del Observatorio de la Dependencia, el tiempo medio de tramitación de expedientes, desde que se solicita hasta que se emite la resolución de la tramitación, es de 430 días. Por debajo están doce comunidades o ciudades autónomas. La peor parada es Canarias, donde la espera se alarga hasta los 927 días de promedio.

Jaime tiene 84 años y estuvo dos años esperando por una plaza en una residencia pública en Canarias. "Hay un gran problema, salvo que vayas a una privada. Y yo tengo una pensión bastante pequeña", explica a El Confidencial. Entró el 29 de diciembre de 2020. Lo vivido en los centros sociosanitarios le provocaba respeto, reconoce, pero pudo más la necesidad. No tiene familia cercana y es un gran dependiente: perdió las dos piernas y necesita ayuda constante de dos personas. Esa desgracia le dio prioridad para lograr entrar en la residencia.

"Las valoraciones para otorgar la discapacidad se están retrasando mucho más que en otros años. Primero, por la propia dificultad de la tramitación, que se agrava con el teletrabajo en las administraciones. Y también por la dificultad de no poder acudir a las citas y centros para avanzar en los trámites", apunta Óscar Moral, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid (CERMI).

Una vez que consiguen la valoración, muchos mueren antes de llegar a ser beneficiarios de la prestación que les corresponde, como ha puesto en evidencia la pandemia. "Eso dice mucho de la falta general de agilidad que tiene la Administración para atender las demandas en materia social. Los que fallecen durante la espera sufren una doble afrenta: no haber sido atendidos y tener que vivir en esa situación, particular de cada dependencia, hasta que fallecen", añade Moral.

Existen tres grados de dependencia. El grado I se da cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente. En el grado II, la persona necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador. Y en el grado III "la persona necesita ayuda (...) varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal", detalla la Ley 39/2006, que regula estas situaciones.

Los datos de beneficiarios de prestaciones según el grado de dependencia muestran que la mayor reducción en el último año se ha producido entre la población del grado III, la más vulnerable frente al covid-19, seguida del grado II. En el grado I, en cambio, el número de prestaciones ha aumentado. Por edades, las personas beneficiarias de prestaciones que más han descendido han sido los mayores de 65 años: 10.640 menos. De ellas, 6.853 eran mujeres, un 64,4% del total, un porcentaje similar al que representan las mujeres sobre el total de población beneficiaria con prestación por dependencia en España.