Dependencia 'low cost': teleasistencia a 20 €/mes y sobrecarga del cuidado familiar

Pocas leyes han echado a andar por un camino más pedregoso que el de la Ley de Dependencia. Estrenada hace una década a trompicones en los albores de la crisis, su cumplimiento estuvo lastrado por recortes y retrasos en el calendario de aplicación progresiva, pero dos años después del cumplimiento del cronograma, cuando se habla de recuperación, las cifras por fin reflejan que desde 2015 el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha incrementado el número de personas atendidas y se han reducido las listas de espera en todas las comunidades autónomas.

En concreto, el crecimiento neto de personas atendidas en los últimos dos años ha sido del 21,8%, hasta llegar a 900.000, mientras que 1.217.355 solicitantes fueron reconocidos como dependientes, según un informe del Observatorio estatal de la Dependencia que veía la luz a finales de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentaba los resultados de la EPA del mayor crecimiento de empleo de la historia.

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El mandato era reducir las listas de espera, y se ha conseguido: en este mismo periodo han retrocedido en un 28%, equivalente a unas 123.000 personas. Pero todavía 320.000 siguen esperando a que se les reconozca el derecho o no a recibir prestaciones o servicios por su condición de dependientes. La pregunta es: ¿cómo se ha conseguido?

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, autora del documento, no canta victoria. “El resultado final es que sí, ha crecido el número de personas atendidas en los últimos años, pero los datos arrojan que las prestaciones y servicios se han incrementado en estos mismos dos años pero pertenecen al grupo que denominamos ‘low cost”, advierte a este periódico su portavoz, José Manuel Ramírez Navarro. El propio Gobierno es consciente de que el espíritu de la ley se ha ido difuminando en su aplicación, según el más reciente borrador del informe de diagnóstico del sistema que prepara desde febrero el Ejecutivo con las comunidades autónomas, al que ha tenido acceso El Confidencial y que deriva de la última Conferencia de Presidentes.

Y una de las malas prácticas en la asignación de servicios y prestaciones que contempla el catálogo, según este documento, es que “no se ha priorizado la atención a través de la Red de Financiación Pública de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, generadora de empleo y actividad económica, primándose, por el contrario, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, contraviniendo el espíritu y letra de la ley, que lo consideraba una excepción".

Es decir, es más habitual que se conceda una prestación económica de alrededor de 300 euros mensuales por cuidados en el entorno, un tipo de ayuda que recae en alguien de la familia —habitualmente una mujer, que suele quedar fuera del circuito laboral— que se encarga de la persona dependiente, a que se conceda un servicio de centro de día o noche, valorado en unos 869 euros al mes. Estos costes medios corresponden al cálculo elaborado por el Gobierno y las comunidades autónomas analizando tres fuentes: un informe de servicios sociales para personas mayores de 2012, otros datos del sector y la información autonómica.

Y son estos servicios los que más han crecido en los últimos dos años, sobre todo con la incorporación de la franja de beneficiarios de Grado I (dependencia moderada). "Del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y muy especialmente a la teleasistencia, que en algunos territorios se está configurando como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa”, alerta el Observatorio.

Por ejemplo, el servicio de teleasistencia, según la estimación que recoge el borrador, tiene un coste medio de 20,67 euros al mes. "Es un servicio de bajo coste con una gran capacidad de atención; una sola teleoperadora puede atender a 3.000 usuarios y es un servicio valioso para el beneficiario, pero es claramente complementario", advierte Ana González, secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO Madrid. Y sin embargo, González denuncia casos en los que una plaza residencial ha sido reemplazada por un servicio de teleasistencia.

"Esa combinación de servicios y prestaciones del catálogo se ha ido fastidiando a medida que se produjeron recortes; se empeñaron en ‘prohibir’ o no entregar determinadas combinaciones entre servicios", apostilla Ramírez Navarro. Y pone como ejemplo a una persona que tuviera asignado un centro de día pero no tuviera cómo asearse y prepararse para ir cada mañana si no le fuera atribuida una ayuda a domicilio.

González, que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid advierte de la necesidad de mirar con lupa las estadísticas, alerta también de que al debate entre cantidad y calidad de servicios hay que añadir un nuevo elemento: la intensidad del servicio. Y Luis Pérez Moliner, declarado dependiente desde hace siete años en el norte de Madrid, lo está viviendo desde el mes de julio sin que para ver una rebaja de horas haya que retroceder a los recortes de 2012.

Me quitaron media hora de ayuda a domicilio de las 40 que me asignaron por mi discapacidad. Es un recorte encubierto

"Mi mujer y yo hemos sufrido un recorte encubierto, aunque ellos digan que no. Yo tenía 40 horas al mes de ayuda a domicilio, pero me descuentan media hora semanal", critica. Hace unas semanas recibió la visita de una representante de la empresa adjudicataria que se limitó a informarles de la merma en sus horas de atención. Luis cree que se debe a un error de cálculo por un reajuste de la Comunidad de Madrid con la empresa que presta el servicio. Pero considera que ni él ni su mujer, que también es dependiente, tienen por qué pagar una mala decisión anterior del Gobierno autonómico. Y aprovecha para defender a los trabajadores que los ayudan a ducharse, a cortarse las uñas y a hacer las camas cada día porque "están muy mal pagados. La discapacidad está fatal organizada", dice.

Potencial en la creación de empleo

Lo que hay detrás de esta reconducción de los servicios es que el coste por dependiente atendido baja, al tiempo que la generación de empleo del SAAD, que se ha frenado por primera vez en el primer semestre de 2017 alrededor de los 200. Los puestos de trabajo vinculados con la dependencia suponen un dolor de cabeza para los sectores sociales desde el primer momento, ya que ven cómo se ha perdido la oportunidad de crear perfiles con un alto potencial de retorno y que, por el contrario, están confinados a la precariedad.

La semana pasada, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denunciaba que las ratios de trabajadores por usuarios de residencias de mayores eran engañosas, puesto que con el fin de llegar a la cifra estipulada por la ley estatal y cada una de las 17 normas autonómicas, se incluía personal no vinculado directamente con la atención al dependiente, como limpiadores y cocineros. Y que por el contrario hay casos en los que una sola persona atiende a 40 individuos, a los que comienza a despertar y arreglar a las cinco de la mañana para llegar a la hora del desayuno con todos preparados.

El Gobierno y las comunidades autónomas valoran replantear el modelo laboral asociado a estos servicios sociales, así como diseñar un nuevo sistema de financiación que reequilibre la balanza que acabó pesando más en el lado de los territorios y que origina otro gran problema asociado a la dependencia: la desigualdad entre administraciones autonómicas. Aunque, bien pensado, el gran problema sigue siendo que, como estima el Observatorio, todavía mueren 100 personas al día sin recibir la prestación a la que tienen derecho.