"La letalidad es inferior a la gripe": las actas internas de Sanidad al inicio de la pandemia

A principios de marzo, el virus del SARS-CoV-2 ya estaba bastante extendido por España. Los estudios posteriores realizados indican que no solo había brotes aislados, sino una transmisión que no se detectaba. Las autoridades, el Gobierno y las comunidades autónomas, llegaron tarde. Al desconocimiento generalizado sobre la enfermedad se sumó la lentitud en la toma de medidas, según se puede comprobar por las actas de la Comisión de Salud Pública de enero a abril a las que ha tenido acceso El Confidencial al amparo de la Ley de Transparencia.

La lectura de esas actas arroja una conclusión: ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas eran conscientes de la magnitud del problema. El 12 de marzo, dos días antes de que el Gobierno declarara el estado de alarma y decretara el confinamiento en todo el país, aún se hablaba de Italia, de un protocolo específico para las prisiones o de restringir actividades al aire libre con más de 3.000 personas. El acta de ese día tiene un aviso al final: "Esta CSP [Comisión de Salud Pública] tuvo lugar solo dos días antes de que se decretara el estado de alarma, por lo que todas las medidas que proponían las CCAA quedaron sin efecto al ser buena parte de ellas asumidas por el Ministerio de Sanidad".

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A la Comisión de Salud Pública, además de representantes de las comunidades autónomas, suelen asistir cargos del Ministerio de Sanidad, como Fernando Simón, en representación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), o Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, y dirigentes del Instituto de Salud Carlos III o el Centro Nacional de Epidemiología.

En la reunión del 30 de enero, a la que también acudió el ministro Salvador Illa, el coronavirus aún era una cosa casi exclusiva de China. Fernando Simón realizó un resumen de la situación. Habló de que se desconocía el origen del virus (seguimos sin saberlo), de que la transmisión de persona a persona era similar a la de la gripe y de que se producía por gotas, un tema que aún hoy sigue generando debate en la comunidad científica. "La letalidad es inferior a la de otros coronavirus e incluso a la de la gripe estacional", recoge el acta. Un ejemplo del desconocimiento que había entonces sobre el virus. Ese día, Baleares ya preguntaba por el uso de la mascarilla, un asunto que fue central en los siguientes meses de lucha contra el virus.

Durante febrero, la preocupación fue creciendo. Las comunidades pedían mensajes coordinados a nivel nacional y preguntaban por la disponibilidad de PCR. En concreto, Murcia preguntó por ese asunto el 20 de febrero. "Es posible que, actualmente, haya alguna demora en su envío por disponibilidad limitada", respondió Pilar Aparicio, coordinadora de la comisión.

A finales de enero, Simón también señalaba que se había detectado transmisión asintomática que podía dar lugar a "superdiseminadores". Los asintomáticos han sido una de las claves en la gestión de la pandemia. Aún en julio, el director del CCAES explicaba que no estaba claro cuánto transmitían, aunque se creía que poco. Un mes antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco tenía todas las certezas.

En la reunión del 2 de marzo, Castilla y León preguntó por la posibilidad de realizar pruebas PCR a contactos asintomáticos de casos confirmados. El Ministerio de Sanidad descartó esa posibilidad. "Parece que se va consolidando la información de OMS de que el papel de la transmisión en asintomáticos es residual, por lo que de momento no está contemplado dicho escenario. Se insiste en que el seguimiento es fundamentalmente sintomático, y ante estos es cuando se debe actuar", respondió.

Cuatro días después, Fernando Simón dijo en una rueda de prensa que no tenía sentido realizar test a personas asintomáticas. Se refería a cribados generalizados, pero en su respuesta también dijo que no había que tomar muestras a todos los contactos porque esto no aportaba información y podría generar una falsa sensación de seguridad. "Un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días, salga o no negativo", dijo. Meses después, la estrategia de detección cambió y se ordenó realizar PCR a todos los contactos cercanos de un positivo, tuvieran síntomas o no. Así han aflorado muchos positivos asintomáticos en los últimos meses.

El 12 de marzo, dos comunidades ya alertaban del riesgo de sobrecarga en el sistema sanitario. Por un lado, Madrid comunicó que iba a dejar de hacer PCR a domicilio y que iba a considerar casos confirmados "aquellos que tengan síntomas compatibles en domicilios, sin diagnóstico microbiológico". Tendrían que hacer una cuarentena de 14 días. A Navarra le preocupaba que la ampliación de la definición de caso (que ha ido variando desde el inicio de la pandemia) pudiera "suponer una enorme elevación de la carga de trabajo asistencial", recoge el acta. También dudaba del criterio epidemiológico, "ya que no le es posible realizar el seguimiento y la trazabilidad de los casos actualmente".

A partir de ahí, con el mando único ya establecido, la Comisión de Salud Pública perdió protagonismo en la coordinación. En abril, hubo otras dos reuniones, los días 6 y 22, que estuvieron dedicadas casi en exclusiva a hablar de los test rápidos y el estudio de seroprevalencia. El 6 de abril, Manuel Cuenca, subdirector general del Instituto de Salud Carlos III, explicó que ese tipo de test estaba indicado para el muestreo de la población con sintomatología leve y que podía hacer descender la necesidad de PCR hasta en un 40%. Sin embargo, la baja sensibilidad de esos test acabó descartando su uso. Durante los últimos meses, las comunidades apenas los han utilizado. Con los nuevos test de antígenos, la cosa cambia.