Laura Borràs, entre órdago y órdago, ya es nueva funcionaria del Estado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió ayer un nombramiento notable, de esos que, sin embargo, suelen perderse por sus páginas. La nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs Castanyer, ha accedido a una plaza como Profesora Titular de Universidad, es decir, acaba de convertirse en funcionaria del Estado, si bien deberá renunciar al puesto —que exige dedicación plena— mientras ejerza cargo político. El premio a su esfuerzo académico le llega a Borràs justo cuando se estrena al frente de la Cámara catalana con el discurso más beligerante y rupturista contra el Estado, en sintonía con la CUP.

Borràs, designada por Carles Puigdemont como candidata de Junts per Catalunya a la Generalitat, es filóloga de formación y especialista en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Concretamente, es experta en Literatura Medieval. Y otra curiosidad: considera la literatura como "un fenómeno supranacional y universal". Hasta ahora tenía la condición de Profesora Asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, donde ha ejercido los últimos 26 años, sin interrupción, como le gusta destacar a esta política capaz, hiperactiva y noctámbula. Ahora, el Ministerio de Universidades le acaba de reconocer una plaza fija en su universidad tras haber aprobado el concurso público. El área de conocimiento del puesto es Didáctica de la Lengua y la Literatura, dentro del departamento de Educación Lingüística y Literaria, y Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática, tal y como se recoge en la resolución oficial publicada por el BOE y firmada el pasado 1 de marzo por el rector de la UB, Guàrdia Olmos.

Su salto en el escalafón docente es aún más meritorio toda vez que en los últimos años ha ocupado distintas responsabilidades en la primera línea del frente independentista, en Cataluña y en Madrid. Entre 2013 y 2018 fue la directora de la Institución de las Letras Catalanas, una institución dependiente de la Generalitat para el fomento de la literatura catalana y la lectura. A esa etapa corresponde la investigacíon por el Tribunal Supremo de presuntas irregularidades en su gestión. Borràs es investigada por haber adjudicado irregularmente contratos menores a un amigo, hasta 260.000 euros. Se le acusa de varios delitos: fraude, falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Borràs fue cesada de ese cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, aunque iba a renunciar igualmente tras ser elegida diputada autonómica en las elecciones de diciembre de 2017. Justo después fue nombrada consejera de Cultura en el Govern de Joaquim Torra (2018-2019) hasta que dio el salto a la política nacional como diputada en el Congreso en la lista de Junts per Catalunya (2019-2021).

En los últimos comicios concurrió como candidata a la Presidencia de la Generalitat por la lista de Carles Puigdemont aunque la victoria de Salvador Illa (PSC) y, sobre todo, de Pere Aragonès (ERC) frustraron sus deseos. Recientemente y tras someter a los republicanos a un juego de silencios insufrible, ha accedido a ser la nueva presidenta del Parlament, desde donde quiere volver a situar a Cataluña en el abismo. "Nuestro deber es mantener la inviolabilidad del Parlament, no permitiendo injerencias, quede dicho como declaración de intenciones”, ha advertido la dirigente de JxCat, aficionada a echar órdagos a España, a la que ahora le une también un salario púbico vitalicio.

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Fuentes universitarias describen el exigente proceso de habilitación que ha superado Borràs para convertirse en profesora titular, y que consta de tres pruebas: defensa del currículo en función del perfil de la plaza, con un número ingente de publicaciones de alto impacto en su área (fácilmente, sobre las 400 páginas), un ejercicio docente relacionado con la materia (entre 150 y 400 páginas) y la defensa de un proyecto de investigación (en torno a otras 200 páginas). Todo ello, hay que repetirlo, combinado con su intensa actividad política y en las redes sociales. El procedimiento para la acreditación nacional en este tipo de oposiciones para los cuerpos docentes universitarios corresponde a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), un organismo adscrito al Ministerio de Universidades.