La 'otra' reunión de Bárcenas con un abogado que compromete al PP

Una visita de un abogado, una oferta económica, desactivar un procedimiento judicial. El estreno de Luis Bárcenas en el juicio bautizado con el nombre de sus papeles, en los que anotaba la contabilidad en B del partido, recuperó del pasado lo que el extesorero calificó como un chantaje para diluir la repercusión de las cuentas en negro. Según aseguró en la vista oral, uno de los antiguos letrados de la formación le mostró a modo de zanahoria una oferta de medio millón de euros para difundir apuntes falsos que desconcertaran a la opinión pública y sembraran la duda sobre su autenticidad. Este encuentro con un abogado no es el único celebrado por Bárcenas en el que se trató la posibilidad de desmontar un procedimiento. Según su entorno, en septiembre de 2013, otro letrado le hizo una oferta similar aunque, en aquel caso, era él quien debía pagar y la cantidad era muy superior.

Esta segunda reunión une en un mismo punto el PP, al propio Bárcenas, al comisario Villarejo y al exfiscal de la Audiencia Nacional que impulsó el procedimiento que desembocó en la inhabilitación del exjuez Baltasar Garzón. El extesorero asegura que esta persona, Ignacio Peláez (ya fallecido), le reclamó 12 millones de euros para desmontar el recorrido judicial de la trama Gürtel, la causa por la que ahora mismo cumple prisión Bárcenas. Tanto la oferta como el precio encajan con el 'modus operandi' del policía retirado, en opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que ha citado el suceso en informes en los que desvela que este 'proyecto' tenía su propio nombre en los archivos incautados en su vivienda: proyecto SMP.

En la reciente entrevista concedida a 'El Mundo', hizo referencia a este episodio. Indicó que Peláez hablaba en nombre de "varios comisarios" de policía que decían tener pruebas para anular la Gürtel. "Estas personas, que conocían todo lo que se había hecho irregularmente en la instrucción de Gürtel, estaban dispuestas a facilitar los datos y pruebas que permitirían declarar nulo judicialmente el caso", dijo entonces. El rastro de SMP figura en el sumario de la macrocausa y, en concreto, en la pieza Kitchen sobre el espionaje que se le practicó.

Haciéndose eco de conclusiones alcanzadas por la Unidad de Asuntos Internos respecto a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, los fiscales aseguraban hace meses que se habían localizado apuntes que hacían referencia a la Gürtel. Villarejo señalaba en ellos como cliente a un "letrado director" que actuaría en nombre de varios acusados de la trama. Los fiscales concluían que "sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el procedimiento judicial conocido como caso Gürtel".

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Villarejo también se refirió al asunto en algunas conversaciones grabadas e incorporadas al sumario, como en la declaración que prestó hace un año en el marco del procedimiento. Identificó a Peláez, el mismo que menciona Bárcenas, como el abogado cliente. Cenyt contaba con un estudio que elevaba los 12 millones que le pidió el letrado a 15 y unos honorarios de éxito de entre ocho y 12 millones.

La presión que anunció en su escrito

Las reuniones con abogados 'emisarios' se han convertido en una constante en los argumentos de Bárcenas en la última etapa en la que, según defiende, quiere cooperar. En el escrito con que abrió esta colaboración, indicaba que el PP le había hecho llegar a través de intermediarios la promesa de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia del juicio por la primera etapa de la trama Gürtel.

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"De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara 'la paz' con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular", dijo.