Bárcenas dice que el PP alargó siete años el engaño de librar a su mujer de prisión

"Rosalía no entrará en la cárcel". Esa fue la promesa a la que se aferró Luis Bárcenas y que, según afirman fuentes de su entorno, le fue reiterada por dos emisarios del Partido Popular (PP) unos meses después de que, en mayo de 2018, su mujer fuera condenada por la Audiencia Nacional a 15 años y un mes de prisión. El 'compromiso' fue alimentado durante los dos últimos años, el tiempo que separa el primero de los fallos del tribunal de la Gürtel y la sentencia confirmatoria dictada por el Tribunal Supremo este noviembre, aunque se le hizo llegar mucho antes. Tras la condena —indican estas fuentes—, el PP esgrimió que Rosalía Iglesias no había entrado en la cárcel automáticamente. Esa decisión de dilatar el cumplimiento a la espera de la firmeza del TS fue manejada como una muestra de influencia y sustentó las esperanzas del extesorero de librar a su esposa de un ingreso.

Las fuentes consultadas insisten en la veracidad de la revelación efectuada en una entrevista concedida a 'El Mundo', en la que asegura que dos miembros vinculados con el PP participaron en las negociaciones en las que se le pidió silencio. Añaden que uno de esos supuestos cargos tiene "imagen pública". Sus más cercanos trataron de avisarle de que ese supuesto compromiso era solo humo. "Está claro ahora y ya lo estaba entonces que le utilizaron y engañaron una vez más", indican.

El PP, sin embargo, lo niega y afirma que ningún miembro de la dirección actual ha negociado nada con Bárcenas. También el abogado del extesorero reiteró ayer esa idea, aunque en realidad lo que aparecía en la entrevista es que al menos uno de esos contactos forma parte de la junta directiva, máximo órgano del partido entre congresos, que cuenta con un total de 367 miembros. Se trata de un órgano muy amplio, más allá del comité de dirección.

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La cuestión es que el extesorero se dejó deslumbrar por la decisión adoptada por el tribunal de la Audiencia Nacional de posponer el cumplimiento de la condena de Rosalía Iglesias —y de todos los condenados por la primera etapa de actividades de la trama que lideraba Correa— hasta que el Supremo fallara sobre los recursos que se presentaron contra la decisión. El tribunal de la Audiencia que adoptó la decisión ya no contaba con su miembro más 'molesto'.

Iglesias fue condenada al quedar acreditado que habría ayudado a su marido a sustraer fondos a Suiza y ocultarlos a la Hacienda española. Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la celebración de vistas para pedir medidas cautelares para 16 de los 29 condenados. Entre la sentencia y la decisión sobre si los condenados debían ingresar inmediatamente o esperar al criterio del TS, se produjo un cambio sustancial. El magistrado José Ricardo Prada, a quien se achacaban los aspectos más duros contra el PP en la sentencia (incluyendo las frases en las que se daba por probada la caja B), fue apartado en una ajustada votación del Consejo General del Poder Judicial.

Fue el voto de calidad de su presidente, el conservador Carlos Lesmes, quien inclinó la balanza ante el empate de votos de los vocales. De Prada había formado parte del tribunal de la Gürtel junto a Ángel Hurtado y Julio de Diego, pero obtuvo una plaza en un tribunal internacional y solicitó pasar a la situación de servicios especiales. Se le había autorizado a participar en la deliberación de la sentencia y su redacción, pero el CGPJ consideró que la ley ya no permitía alargar su vinculación con el procedimiento. Se alegó que permitirle compaginar su nueva actividad con la antigua suponía cometer una irregularidad que podía conllevar la nulidad de las actuaciones.

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Sin De Prada, la 'venganza' de Bárcenas se aplazó dos años. No fue hasta el pasado noviembre cuando Iglesias ingresó finalmente en la cárcel después de que el Supremo confirmara su condena con una mínima rebaja de tres años. Bárcenas asegura que, durante todos esos meses, su antiguo partido mantuvo la simulación a cambio de que callara. La promesa de proteger a Rosalía era, sin embargo, mucho anterior y se le formuló por primera vez en 2013 después de la declaración bomba ante Pablo Ruz, en la que confirmó la contabilidad paralela y el conocimiento de la misma por parte de Rajoy.

En la confesión que remitió la pasada semana a la Audiencia Nacional, lo explica con estas palabras. "Con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer,Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1. De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio de 2013 que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa ―por parte del Partido Popular― que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosalía no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― 'la paz' con dicho partido político", dijo.

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En Génova, salieron al paso de las afirmaciones de Bárcenas en el citado diario negando cualquier interlocución de la dirección nacional de Casado con el extesorero. “Nunca hemos hablado con delincuentes y actuaremos legalmente contra cualquier calumnia de estrategia procesal que permita mentir y difamar”, zanjaban en el núcleo duro del PP, justo antes de que el líder del partido participara en el acto central de la campaña catalana junto a su candidato y con el apoyo de los seis presidentes autonómicos del partido.

“No tenemos más que decir. Nuestra postura es muy clara”, insisten a este diario, afirmando que el PP tiene el compromiso de “actuar contra cualquier militante contra el que se demuestren conductas irregulares, sea quien sea”, y reiterando que a Casado “no le temblará el pulso” según avancen los acontecimientos en los tribunales. Aun así, el inicio del juicio de la caja B llega en el peor momento para la formación: en la recta final de la campaña catalana y cuando los sondeos no auguran nada bueno para los populares.

En la formación, se defienden de las últimas informaciones y del intento de vinculación con el PP actual, asegurando también que "son la única alternativa al Gobierno de Sánchez e Iglesias, que usan la Fiscalía para su beneficio electoral y que pretenden asaltar la independencia judicial por interés partidista".

Por un periodismo responsable

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