El juicio de la caja B: siete años de la trama de corrupción que persigue al Partido Popular

Las historias se cuentan desde el principio. Pero esta tiene varios inicios. En uno de ellos era el año 2013 y quedaban cinco días para Navidad. En su despacho de la sede de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz estaba a punto de firmar un auto histórico. El magistrado, sustituto interino de Baltasar Garzón en el Juzgado Central 5, ordenaba el registro de la sede del PP en la madrileña calle de Génova. El partido, presidido por Mariano Rajoy, gobernaba con mayoría absoluta desde dos años antes.

En otro de los orígenes un extesorero del PP, entonces aún en libertad, baja de un Mercedes gris a las puertas de la sede provisional de la Audiencia Nacional en la calle Prim. Es julio del mismo año y lleva en un maletín nueve carpetas de varios colores. Azul, amarilla, lila, sepia, verde. En su interior, los apuntes de una contabilidad paralela de cuya autoría se había desvinculado hasta entonces, recibís, extractos bancarios de ingresos en efectivo. Las pruebas de ingresos en negro, no declarados, procedentes de empresas donantes, que alimentaron las arcas de la formación desde los años 80. Está a punto de confesar en declaración judicial que su partido creó, mantuvo y nutrió una caja B de la que se beneficiaron, en forma de sobresueldos, varios de sus principales cargos. La confesión alcanza a la cúpula: entre 2009 y 2010 pagó 45.000 euros a Rajoy y otros 45.000 a Cospedal en sobresueldos en negro.

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Otro principio más. También 2013, enero. El año empieza con la revelación de que ese extesorero, Luis Bárcenas, esconde 22 millones en Suiza. Días después, 'El País' publicaba sus papeles secretos. 'El Mundo' desvela los mensajes de Rajoy y el "Luis, sé fuerte" ya tan familiar. La contabilidad extracontable, en palabras del extesorero, era ya un hecho. De ahí al acto final medió el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 5. En marzo de 2015, el juez Pablo Ruz dictó auto de apertura de juicio oral para 40 imputados por los hechos de la primera época de Gürtel (1999 a 2005), entre ellos tres extesoreros del PP, así como al partido y a la exministra de Sanidad Ana Mato como responsables civiles por lucrarse de las actividades de la trama. Las condenas ya firmes han supuesto penas de casi 30 años para Bárcenas y 12 para su mujer, Rosalía Iglesias.

Todos esos inicios tienen, sin embargo, un solo final. El primero de los juicios de la caja B arranca este lunes, siete años después. La lacra que nació en 2013 nunca se ha ido. Rajoy ya no es presidente ni del partido ni del Gobierno y cayó en una moción de censura motivada precisamente por la caja B. De la mano de Pablo Casado, la formación lucha por la renovación, pero no ha conseguido desprenderse de la mancha. La caja B sigue acompañando al partido como la banda sonora de 'Psicosis', un sonido repetitivo, machacón, que continúa oyéndose incluso cuando ya ha dejado de sonar.

La vista será el desfile de toda una época. Pese a que solo se juzga una mínima parte, la sala acogerá como testigos a dos expresidentes —José María Aznar y Mariano Rajoy—, una exsecretaria general –María Dolores de Cospedal–, varios exministros —Trillo, Rato, Mayor Oreja....— y toda una cohorte de empresarios donantes. Lo hará tras la confesión escrita del extesorero, que arranca asegurando que desde el año 1982 existió, institucionalizado, un sistema de financiación del PP con percepciones en B que se realizaban a través de donativos de empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas.

Las entregas de dinero se efectuaban en el despacho del tesorero, en un principio Rosendo Naseiro, después Álvaro Lapuerta y, por último, el propio Bárcenas; o en restaurantes donde se quedaba con el donante. Las cantidades quedaban apuntadas en tarjetas de visita. El fruto de esos donativos se ingresaba en cuentas del Banco Vitoria y del Banco Popular —hasta 1,2 millones— mientras que otras cantidades quedaban en la caja fuerte de la sede. Se destinaban a distintos fines: por una parte sobresueldos y por otra la remodelación de la sede.

Es este último aspecto, la reforma, la que centrará el juicio. Según el relato de Bárcenas, en el año 2006 el PP destinó unos 600.000 euros de su dinero opaco con aportaciones adicionales que se alargaron hasta 2010 alcanzando un total cercano al millón de euros. Las obras fueron ejecutadas por la empresa Unifica, representada por el arquitecto Gonzalo Urquijo. A cambio de pagar en negro, el coste se abarató un 10 por ciento. Para esconder la trampa se elaboraron certificados, facturas y proyectos falsos. El dinero era destinado al pago de proveedores y servicios.

Otro de los asuntos que se juzgarán desde este lunes es la suscripción de acciones de Libertad Digital por un importe de unos 140.000 euros. El dinero salió de la caja fuerte y, según ha confesado Bárcenas, la razón fue que este medio "resultaba afín a las ideas del PP y, especialmente, a la tesis de la autoría de ETA de los atentados del 11M que tuvieron lugar unos meses antes" de esta compra de títulos.

Por estos hechos, Bárcenas se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de cinco años de cárcel. También se sientan en el banquillo el exgerente Cristóbal Páez, Urquijo y dos empleadas de Unifica. El PP figura como responsable civil subsidiario del delito fiscal atribuido a Bárcenas y tuvo que depositar en 2016 una fianza de 1,2 millones para hacer frente a una posible condena.

De forma paralela, el Central 5 se ocupa de la instrucción sobre la concesión de obra a cambio de los pagos efectuados. Su actual titular, Santiago Pedraz, ya busca fecha para escuchar en declaración al extesorero. Lo que parece un final puede ser otro principio. La caja B ha vuelto y viene para quedarse.

Por un periodismo responsable

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