El PNV se adelanta al Gobierno y forzará al Congreso a cambiar la 'ley mordaza'

Una de las leyes más emblemáticas de la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, mucho más conocida y combatida como 'ley mordaza', volverá este jueves al Congreso de los Diputados en lo que será el tercer intento por reformarla. La iniciativa es esta vez del PNV, porque el actual Gobierno de coalición y los dos partidos que lo componen no han intentado aún afrontar su reforma, pese a que en su acuerdo figuraba como promesa destacada.

"Aprobaremos una nuevaley de seguridad ciudadana, que sustituya a la 'ley mordaza', para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal", asegura ese acuerdo.

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Pero PSOE y Unidas Podemos no han abordado la reforma legal. Incluso, su catálogo de sanciones ha sido más utilizado que nunca este último año para hacer frente a la pandemia. El jueves se votará en el pleno la enmienda de totalidad presentada contra el texto del PNV. La presenta el PP y, previsiblemente, tendrá una mayoría clara de la Cámara para rechazar el veto de los populares y en favor de su tramitación en el Congreso y el Senado, que tardará aún meses en concluir.

Curiosamente, el PP pide en su enmienda de totalidad el mantenimiento tal cual de la ley, a pesar de que en los últimos meses de Mariano Rajoy aceptó un acuerdo para modificarla en profundidad. Fue en 2017 cuando se avanzó en la negociación y el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, llegó a asegurar que aceptaba como base el texto del PNV, que es idéntico al que ahora se tramitará.

Desde entonces, eso sí, el Tribunal Constitucional ha validado la norma en vigor, pero fuentes del PNV explican que sus objeciones a la norma no se refieren a su encaje en la Carta Magna, sino a su conveniencia democrática.

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La iniciativa del PNV propone cambios sustanciales en 44 preceptos y establece un “procedimiento legal y efectivo de devoluciones en frontera respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, dando así cumplimiento a demandas continuadas de organizaciones protectoras de derechos humanos”. El Constitucional avaló las llamadas 'devoluciones en caliente', con algunas precisiones, y el actual Gobierno mantiene la intención del PP de aplicar este tipo de entregas de migrantes en frontera.

Sobre el derecho de reunión y manifestación, propone “relevar de comunicación alguna a aquellas reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta siempre que no perturben la seguridad ciudadana”.

Sobre libertad de expresión e información, el PNV propone “la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que supone una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se han venido exigiendo por el mismo TC”.

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Un gran número de modificaciones se centran en el régimen sancionador, para buscar una “relación equilibrada entre la gravedad del hecho y la necesidad de la intervención punitiva, reservando la potestad punitiva primero a la dimensión penal y luego a la sancionadora, cuando no haya otros medios para proteger esos bienes jurídicos con igual efectividad”.

Se elimina un buen número de infracciones graves, como manifestaciones frente a las sedes del Congreso y Senado; el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, y el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras, y leves, como escalamiento de edificios; la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, y el deslucimiento de inmuebles.