El Congreso vuelve a apoyar una reforma de la ley de seguridad ciudadana sin PP ni Vox

El Congreso volvió a debatir la toma en consideración de una reforma de la ley de protección de la seguridad ciudadana, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, después de tres intentos frustrados para derogarla o modificarla. La proposición de ley de reforma volvió a la Cámara de la mano del PNV, como ocurriera en la legislatura pasada, en la que los grupos alcanzaron un consenso inédito alrededor de la polémica ley y que se quedó a las puertas de contar con luz verde por el adelanto electoral del mes de abril.

Los nacionalistas vascos volvieron a registrar en diciembre esta propuesta para cambiar los artículos más lesivos de la denominada ley mordaza por sus detractores, aprovechando los avances de legislaturas anteriores y, sobre todo, los trabajos del año pasado en la comisión de Interior del Congreso que tantos puntos en común consiguió.

El diputado Mikel Legarda defendió la iniciativa, haciendo un repaso de la tramitación de la misma, “que generó una fuerte controversia social” no solo por la impopularidad generada en la ciudadanía, sino por las opiniones emitidas por organizaciones internacionales de derechos humanos, la abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo y otras instituciones. “Es una ley que circula en la dirección opuesta y que cercena los derechos sociales y civiles”.

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Aunque el PP se quedó muy solo en su defensa para mantenerla en vigor (solo Vox se alineó con ellos mientras se sucedían las críticas desde grupos como Ciudadanos, al recordar que durante el año pasado trabajaron por la modificación de algunos de sus artículos) la mayor parte de los grupos cargaron contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por no ser los autores de la iniciativa. Algunos diputados como íñigo Errejón (Más País), Néstor Rego (BNG), Mireia Vehí (CUP) o Miriam Nogueras (JxCat) reprocharon al actual Ejecutivo “haber aplicado más” la ley de seguridad ciudadana que el propio Gobierno del PP.

Fue el diputado popular, Jaime Mateu, quien insistió en defender la ley tal y como se aplica desde hace cinco años “para mejorar la función de la Policía y mantener el binomio de seguridad y libertad”. El parlamentario del grupo de Pablo Casado reconoció que la ley de 1992, también conocida como ‘ley Corcuera’ fue “positiva”, pero “se quedó obsoleta con los cambios sociales y tecnológicos”. Por eso, defendió la puesta en marcha de la nueva ley del PP, “cuya aplicación ha sido fundamental para la defensa de libertad”. Mateu criticó “las mentiras” vertidas contra la ley, como que se impedía el derecho de manifestación —“cuando lo que se pretende es penalizar las acciones violentas o agresivas que impiden ese derecho”— o las llamadas devoluciones en caliente.

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En realidad, la mayor parte de los grupos que apoyaron la investidura fueron muy críticos con el Gobierno de socialistas y morados. Primero, por no cumplir con el compromiso que en muchos casos firmaron para los acuerdos de investidura y que suponía la derogación completa de la ley. La reforma que ahora propone el PNV (como ya hizo anteriormente) supone una modificación y además no lleva el sello de PSOE y Unidas Podemos.

Los dos partidos del Gobierno obviaron las críticas. El diputado morado, Ismael Cortés, aseguró que “no se podría entender la ley de seguridad impulsada por el PP sin el 15-M y su jaque a un sistema corrupto”, mientras que David Serrada (PSOE) reconoció que eran necesarios “cambios profundos” y que esos cambios deberían afectar a ámbitos del Ministerio del Interior.