La Generalitat desafía al Supremo al plantear la vuelta al 3° grado de los presos del 'procés'

41 días después de que el Supremo revocara el tercer grado a los presos del 'procés', la Generalitat ha puesto sobre la mesa la posibilidad de devolverles a este régimen penitenciario. Así lo ha anunciado el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, que, en una rueda de prensa celebrada este jueves, ha explicado que las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses han vuelto a proponer el tercer grado para los nueve líderes independentistas. El siguiente paso queda en manos del departamento de Justicia que lidera la 'consellera' Ester Capella, pero Calderó ya ha dejado caer que "los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria desestimaron los recursos de Fiscalía y avalaron todos el tercer grado". Su afirmación, sin embargo, choca con las resoluciones que el Supremo notificó en diciembre.

“La Administración penitenciaria no puede distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión impuestas por los tribunales. Su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena. De lo contrario, se subvierte el papel que la ley reserva a los órganos administrativos que, de esta forma, se convierten en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales constitucionalmente llamados al ejercicio de la función jurisdiccional", criticaba en los autos con los que revocó el régimen de semilibertad a los nueve presos del 'procés'. En cuanto a las consecuencias de saltarse su postura, apuntaba a un posible fraude de ley.

"Cabe por último incidir en que nuestra sentencia es el incontrovertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado —y esto es otra obviedad— no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta", advertía en los mencionados autos. El fraude de ley aparece regulado en el artículo 6.4 del Código Civil y en el 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e implica revocar la medida con la que se incurre en el mismo. En este caso, la reactivación del tercer grado. Pese a ello, fuentes jurídicas explican a que los funcionarios que devuelvan a los presos del 'procés' también podrían acabar imputados por prevaricación.

Este delito se recoge en el título XIX del Código Penal y establece que, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Un escalón por debajo queda el delito de desobediencia, que impone multas y penas de inhabilitación a "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales". Torra ya ha sido condenado por este segundo delito y tiene pendiente otra causa por el mismo.

Los pasos para reactivar el tercer grado

Tras la propuesta de las juntas de tratamiento de devolver a los presos del 'procés' al tercer grado, el Servicio de Clasificación Penitenciaria de la Conselleria de Justicia tiene ahora un periodo de dos meses para dar el visto bueno o hacer una contrapropuesta. El secretario de Medidas Penales defendió este jueves que en todo momento se ha tenido en cuenta el pronunciamiento del Supremo, pero al mismo tiempo argumentó que las prisiones "han dispuesto de más tiempo de observación para valorar" y, a estas alturas, la situación es distinta a la que se daba con la primera aplicación de este régimen de semilibertad: "Cuando se dice que el tercer grado es prematuro, ahora ha pasado medio año más, es una realidad incontestable. Permite una observación detallada de la conducta de cada persona y de su evolución".

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Si la Generalitat da luz verde al tercer grado, la Fiscalía primero podrá recurrir su aplicación ante los correspondientes juzgados de vigilancia penitenciaria. En verano, esta impugnación no implicó la suspensión automática del tercer grado para todos los presos del 'procés', pero si los jueces rechazan sus argumentos, entonces la Fiscalía tendrá vía libre para recurrir en apelación ante el Supremo. En este caso, la simple impugnación en principio supone la vuelta de los presos al segundo grado mientras los magistrados estudian el caso. “Nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica, se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática", advirtió el alto tribunal en julio.