El juez mantiene el tercer grado de Forcadell y Bassa tras rechazar la petición de Fiscalía

Carme Forcadell y Dolors Bassa mantendrán por ahora el régimen de semilibertad que les otorga el tercer grado. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 ha rechazado la suspensión inmediata que solicita la Fiscalía, desmarcándose así de su colega María Jesús Arnau, que hace dos días devolvió al segundo grado a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, y este martes extendió la medida a Josep Rull y Jordi Turull: la jueza atiende la petición del Ministerio Público y, mientras da traslado a las partes para presentar alegaciones, acuerda "el efecto suspensivo" del recurso, con lo que los siete vuelven a prisión. Forcadell y Bassa, por el contrario, seguirán en el tercer grado mientras se estudian sus casos, lo que solo les obliga a volver a la cárcel para dormir de lunes a viernes.

En dos autos distintos, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 echa por tierra los argumentos que el Ministerio Público recoge en sus informes: considera que al tratarse de un recurso de alzada y no de apelación —impugnación que se interpone ante un tribunal de jerarquía mayor—, no cabe aplicar esa suspensión inmediata que se solicita, así que da un plazo para que las defensas presenten alegaciones y, mientras tanto, las mantiene en tercer grado. "La suspensión una vez interpuesto recurso de alzada no está expresamente regulada, como se ha dicho, y más teniendo en cuenta que la aplicación de tal suspensión puede afectar a una restricción de derechos al poder dar lugar al inmediato reingreso penitenciario de Carme Forcadell Lluís", argumenta el juez Jesús Ignacio Moncada.

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Su postura choca con la de la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número cinco, María Jesús Arnau, que este jueves, tras recibir el recurso de Fiscalía, revocó también el tercer grado de Josep Rull y Jordi Turull: "Se acuerda la suspensión del tercer grado y la declaración de causa urgente y preferente", explicó la jueza en ambos casos. Los 'exconsellers' de Territorio y Presidencia se suman así a los cinco líderes independentistas que desde el pasado martes se encuentran en prisión, quedando solo en tercer grado Forcadell y Bassa.

Esta diferencia entre el juzgado de vigilancia número 1 y el número 5 se basa en que no interpretan de igual forma el apartado cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que afecta a aquellos condenados por un delito grave castigado con penas de más de cinco años de prisión: "Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión", sostiene la misma.

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La jueza Arnau considera que este texto es aplicable a los presos del 'procés' y, por tanto, debe suspenderse su tercer grado mientras se estudia el recurso, pero el juez Moncada sostiene que, al tratarse de un recurso de alzada y no de apelación, se tiene que rechazar la petición de la Fiscalía hasta revisar el fondo de la cuestión. En otras palabras: la primera apunta a que la simple interposición del recurso obliga a devolver a los líderes independentistas al segundo grado, mientras que el segundo sostiene que hace falta llegar al fondo del asunto, pues ese "efecto suspensivo" solo se aplica al recurrir ante un tribunal de jerarquía mayor. En este caso, ese tribunal sería el Supremo, que la pasada semana ya dejó entrever su rechazo a que los presos del 'procés' hubieran adquirido el tercer grado de forma tan rápida.

“No cabe ver que efectúe una nueva interpretación o reformulación doctrinal del alcance interpretativo de tal disposición y que fuere dispar a los antecedentes históricos de tramitación de los recursos clasificatorios contra el tercer grado, en los que no se aplica ni se ha aplicado el efecto suspensivo con carácter previo al pronunciamiento definitivo”, argumenta el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número. La suspensión inmediata, según el juez, solo debe aplicarse entonces al "encontrarse ante una resolución definitiva objeto de recurso de apelación, produciendo tal efecto suspensivo a partir de la interposición del recurso de apelación".

Forcadell y Bassa se quedan así en tercer grado hasta que el juez escuche sus alegaciones y decida sobre el fondo de la medida. Si finalmente opta por mantener su régimen de semilibertad, la Fiscalía podrá entonces recurrir en apelación ante el Tribunal Supremo, maniobra que sí les devolvería al segundo grado mientras los magistrados estudian sus casos concretos. A la espera de llegar hasta esta instancia, si es que finalmente resulta necesario, el alto tribunal ya dejó caer en una reciente resolución el peligro de buscar recovecos legales para reducir el tiempo que pasan entre rejas los líderes del 'procés': "Los cauces previstos en la legislación penitenciaria (...) no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta".