La Fiscalía pide la suspensión inmediata del tercer grado de Rull y Turull

La Fiscalía pidió este jueves que se suspendiera de forma inmediata el tercer grado de los tres presos del 'procés que faltaban: Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. El lunes presentó la misma solicitud para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Carme Forcadell, escrito que, en el caso de los cinco primeros, fue atendido 24 horas después por el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña: todos ellos volvieron a ingresar en prisión al retroceder al segundo grado. La jueza es la misma que tendrá que decidir ahora sobre Rull y Turull, pero la sorpresa llegó a primera hora de la tarde con el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1, del que dependen Bassa y Forcadell: a diferencia de su colega, rechazó la suspensión inmediata que solicita la Fiscalía y mantuvo a ambas en el tercer grado mientras estudia sus casos.

En el caso de Junqueras, Romeva, Forn y los Jordis, el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 atendió la petición de la Fiscalía y, mientras daba traslado a las partes para que presentasen alegaciones s, acordó "el efecto suspensivo de dicha calificación", con lo que los presos pierden su semilibertad hasta que se pronuncie sobre el fondo de la medida. Tanto Rull como Turull dependen del mismo juez y todo apunta a que seguirán el mismo camino en las próximas horas, pero la duda pasaba por la postura que mantendría el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1, el de Bassa y Forcadell, que finalmente optó por un camino distinto: considera que al tratarse de un recurso de alzada y no de apelación —impugnación que se interpone ante un tribunal de jerarquía mayor—, no cabe aplicar esa suspensión inmediata que se solicita, así que da un plazo para que las defensas presenten alegaciones y, mientras tanto, las mantiene en tercer grado.

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En sus informes, la Fiscalía argumenta que "el régimen de vida previsto para los internos clasificados en tercer grado, supone, de hecho, que el interno no permanecerá en el centro penitenciario más de ocho horas diarias, tiempo generalmente destinado a pernoctar y, por tanto, con escasísimas posibilidades reales de tratamiento". También incide en que deben "reconocer el delito" y dejar atrás el "convencimiento" de que "pueden arrogarse la capacidad de interpretar popular".

La Fiscalía subraya además que "la pena ha de constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente", apuntando a que la concesión del tercer grado es "prematura" y genera "sensación de impunidad", pues les permite ir a prisión solo a dormir de lunes a viernes. "El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley", sostiene el Ministerio Público. "La pena cumple una función de prevención general cuyo objetivo es restablecer la confianza del resto de la sociedad en el Estado de Derecho". Los informes también inciden en que deben someterse al correspondiente tratamiento para que no sigan creyendo que el Parlament "está por encima del mandato constitucional y las resoluciones judiciales".

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Más allá de estos argumentos, la diferencia en las decisiones de los dos jueces de vigilancia penitenciaria se basa en la interpretación que hacen del apartado cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que afecta a aquellos condenados por un delito grave castigado con penas de más de cinco años de prisión: "Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión", sostiene el mismo.

La jueza del número 5 considera que este texto es aplicable a los presos del 'procés' y, por tanto, debe suspenderse su tercer grado mientras se estudia el recurso, pero el juez del número 1 sostiene que, al tratarse de un recurso de alzada y no de apelación, se tiene que rechazar la petición de la Fiscalía hasta revisar el fondo de la cuestión. En otras palabras: la primera apunta a que la simple interposición del recurso obliga a devolver a los líderes independentistas al segundo grado, mientras que el segundo defiende que hace falta llegar al fondo del asunto, pues ese "efecto suspensivo" solo se aplica al recurrir ante un tribunal de jerarquía mayor. En este caso, ese tribunal sería el Supremo, que la pasada semana ya dejó entrever su rechazo a que los presos del 'procés' hubieran adquirido el tercer grado de forma tan rápida.