Promoción 36, la pesadilla de Marlaska: de la ortografía a poner en duda todo el sistema
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DECENAS DE QUEJAS TAMBIÉN POR PRUEBAS FÍSICAS

Promoción 36, la pesadilla de Marlaska: de la ortografía a poner en duda todo el sistema

Tras el polémico examen, los opositores preparan una batería de recursos que pondrá patas arriba la estructura de acceso a la Policía Nacional: psicotécnicos, entrevista o pruebas médicas

placeholder Foto: Fernando Grande-Marlaska, durante los actos del pasado día de la Policía. (EFE)
Fernando Grande-Marlaska, durante los actos del pasado día de la Policía. (EFE)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, no olvidarán la promoción 36 de opositores que trataron de acceder a este último cuerpo. Los aspirantes a ingresar en el instituto armado no son precisamente conformistas y han decidido plantar batalla no solo a un examen que consideran injusto y que en estos momentos se encuentra en los tribunales, el de ortografía. Ahora se han marcado como objetivo abrir una guerra total contra el sistema de acceso a la Policía Nacional, que consideran repleto de arbitrariedades que hasta ahora no han sido combatidas.

En concreto, decenas de opositores están preparando una batería de recursos tanto por la vía administrativa como por la judicial para poner en duda las pruebas psicotécnicas, las físicas, el reconocimiento médico e incluso la entrevista personal que es necesario superar para formar parte de la institución. La mayor parte de estos recursos están siendo canalizados por el abogado Ángel Galindo, que ya centralizó la práctica totalidad de las iniciativas judiciales abiertas contra el conocido examen de ortografía y que ahora se marca como objetivo la reestructuración de todo el sistema de acceso. Galindo fue también el letrado de José Luis Peñas, el concejal del PP cuyo testimonio abrió el melón del caso Gürtel.

Foto:  Examen de oposición a la Policía Nacioinal. (EFE)

El abogado considera que los tribunales de evaluación de las oposiciones que dispone la Dirección General no justifican sus decisiones de suspender a los aspirantes a formar parte del instituto armado y que esto provoca que ninguno de ellos conozca el motivo real por el que no ha pasado la prueba, lo que lleva a que haya casos en que los opositores se presenten hasta en ocho o 10 ocasiones a esas mismas convocatorias. Galindo prevé interponer más de un centenar de denuncias por la vía judicial en relación con este punto, un camino que iniciará en cuanto la Administración vaya resolviendo los recursos de alzada que es preceptivo interponer antes de acudir a los tribunales de Justicia.

De momento, Galindo asegura que ya se han resuelto varios de estos últimos recursos relativos a quejas presentadas por reconocimientos médicos cuya resolución no está, a su juicio, suficientemente justificada y a entrevistas que adolecen del mismo elemento. "Son resoluciones arbitrarias, que no están bien motivadas, por lo que generan desconfianza en la Administración e indefensión para los opositores, que no saben cómo pueden superar sus errores", entiende el letrado, que asegura que hay también un buen número de quejas en el ámbito de las pruebas físicas, pero que en este punto es más difícil apoyarse en la vía judicial.

Foto: Policías, en el acto de jura en la Escuela de Ávila. (EFE)

Explica que estas pruebas, en la actualidad, las están haciendo los responsables de la División de Formación de la Policía Nacional con cronómetros de mano, como se hacían hace décadas, un método a su entender absolutamente desfasado que no garantiza la precisión de las marcas que consiguen los aspirantes a entrar en el cuerpo. "Hay tecnología mucho más avanzada y exacta como la que utiliza, por ejemplo, la Guardia Civil", afirma Galindo, que confiesa estar viendo decenas de quejas en las redes sociales y en páginas especializadas sobre este punto.

"Las bases deberían recoger que para realizar las mediciones están utilizando sistemas de medición", subraya el abogado, que entiende que esta tecnología es muy asequible y se usa, por ejemplo, en las maratones populares, donde cada corredor dispone de un chip en su dorsal que fija el momento en que el atleta pasa por la línea de meta. En otras pruebas, como las dominadas o el salto, añade, al menos debería haber un sistema de grabación que permita volver a ver la imagen, como hace el VAR en el fútbol, para comprobar si alguien ha hecho bien o mal el ejercicio. Galindo adelanta que reclamará también este punto, porque lo han denunciado tanto opositores de la convocatoria 36 como los últimos de la 37, que ya está en marcha. "El actual funcionamiento arroja sombras de inseguridad que serían muy fáciles de resolver", explica el abogado, que admite que en su despacho ha recibido decenas de consultas jurídicas sobre este asunto.

Foto:  Prueba de oposiciones a la Policía Nacional. (EFE)

La polémica relacionada con el examen de ortografía, por su parte, sigue su particular camino en los tribunales. La prueba expulsó de la carrera de acceso a la Policía Nacional a 4.000 aspirantes. De estos, alrededor de 2.500 interpusieron inicialmente un recurso de alzada ante la Dirección General. La cifra se fue reduciendo paulatinamente hasta el millar de opositores conforme avanzaba el proceso, dado que este comenzaba a complicarse y requería del asesoramiento de un abogado colegiado para seguir adelante. El incluso así elevado número de candidatos a policía descontentos con su nota tenía toda la lógica, pues la prueba siempre se había superado con un cinco (salvo un año, que se elevó hasta un siete, pero previo aviso en las bases) y, como esta vez no se decía lo contrario, todos los aspirantes entendieron que esa seguía siendo la nota de corte.

No arriesgaron, por lo tanto, cuando entendieron que habían contestado preguntas suficientes para alcanzar el mencionado cinco. Sí se sorprendieron, sin embargo, cuando la Dirección General cambió las reglas del juego y elevó esa puntuación límite. Comenzó entonces el proceso de reclamaciones masivas, que ahora mismo se encuentra en fase judicial. La División de Formación de la Policía ha ido resolviendo poco a poco cada uno de los recursos y, conforme estos iban saliendo de la Administración, Galindo iba abriendo la vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que según el letrado ya ha admitido 300 escritos a trámite. Todos ellos, asumidos por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal.

Foto: Policías, en el acto de jura en la Escuela de Ávila. (EFE)

En este contexto, el Defensor del Pueblo se posicionó el pasado 18 de noviembre a favor del criterio de los opositores después de que una veintena de ellos pidiera amparo al organismo en paralelo a la apertura de la vía judicial. En concreto, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán respondió a todos ellos que se había puesto en contacto con el Ministerio del Interior para tirarle de las orejas por el cambio de criterio en la evaluación de la prueba de ortografía. En concreto, señaló que había manifestado a la Dirección General que, a su juicio, las pruebas de acceso debían ser reformadas.

"En base a los antecedentes de los que se dispone relativos a las distintas actuaciones llevadas a cabo motivadas por la prueba de ortografía incluida en las convocatorias y a la inquietud que los aspirantes para el acceso expresan sobre la citada prueba, debería ser revisada la ambigüedad con la que las bases de la convocatoria describen la prueba ortográfica, de modo que los criterios y parámetros de la misma sean más concretos y más previsibles para conocimiento de los opositores", resolvió el Defensor del Pueblo.

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