Interior adapta las bases de las oposiciones a policía para evitar más recursos en ortografía

La Dirección General de la Policía se contradice. Por un lado, rechaza los recursos administrativos interpuestos por más de 600 aspirantes a entrar en el cuerpo que protestaban por los criterios de corrección de la polémica prueba de ortografía y, por otro, modifica esos mismos criterios para abrazar precisamente los que reclamaban esos opositores 'repudiados'. Esto último queda de manifiesto en la resolución del pasado 27 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después, que avanza las bases de la próxima convocatoria de acceso al instituto armado.

"Para la corrección de las pruebas, se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de referencia de la Academia", refleja por una parte el texto, que también deja meridianamente claro que "serán declarados aptos los opositores que obtengan una nota igual o superior a 5". "El tribunal, en el ejercicio de sus competencias, podrá, en el caso de que tras la calificación de la prueba de conocimientos no exista un número suficiente de opositores con puntuación igual o superior a 5 (...), bajar la nota de corte", agrega la resolución, que hace suyos de este modo los argumentos esgrimidos por los opositores en sus recursos.

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Estos últimos fueron rechazados precisamente porque el tribunal evaluador no tomó el diccionario como referencia y subió la nota de corte por encima del seis después de las pruebas, modificando de este modo los criterios en medio del partido. Así lo entiende un gran número de ellos, que han conformado varios grupos, con defensas letradas distintas, para recurrir la decisión de la Dirección General de dejarles fuera del proceso. En total, 4.000 aspirantes a policía nacional fueron rechazados con base en estas premisas ahora modificadas. De ellos, alrededor de un millar recurrieron en alzada, por vía administrativa, a través de diferentes abogados. "La Dirección General de la Policía les ha condenado a interponer recursos judiciales por la vía contencioso-administrativa a sabiendas de que llevan razón", valora Ángel Galindo, uno de estos letrados, el que representa a más damnificados.

"Hace 15 días, nos rechazaron cientos de recursos de alzada, y ayer mismo conocimos que la Dirección General de la Policía adaptaba las bases de la nueva convocatoria ateniéndose a lo que los recurrentes habían denunciado precisamente en esos recursos", describe Galindo, que considera que este nuevo emplazamiento para nuevas pruebas de oposición les da la razón "implícitamente", pero les "obliga a ir a los tribunales y perder dos años de su vida" en el proceso judicial que lleva aparejado el recurso ante la vía contencioso-administrativa.

A pesar de la claridad con que se expresa la mencionada resolución del Ministerio del Interior que publica las bases de la próxima convocatoria, el pasado 18 de junio la Dirección General desestimó más de 120 de los 600 recursos planteados. Los otros 480 candidatos a convertirse en policía reclamaron ayer en masa a la División de Formación y Perfeccionamiento, departamento responsable de la coordinación de las pruebas, una respuesta urgente. Todos ellos planean ir a los tribunales y necesitan que el área dependiente del Ministerio del Interior formalice el rechazo a sus recursos, como ha hecho con sus compañeros.

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Los 120 que ya han recibido contestación, de hecho, presentaron también ayer sus correspondientes denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución de la División de Formación, que rechaza sus recursos y ratifica la decisión previa de dejarles a todos fuera de la convocatoria. Los demás irán detrás en cuanto tengan la pertinente respuesta, como anuncia Galindo. Los 400 que faltan hasta completar ese millar de opositores que se sienten perjudicados seguirán previsiblemente el mismo camino mediante otras defensas letradas. Desde la Dirección General de la Policía, consultada por El Confidencial, han rechazado hacer declaraciones para valorar la intención de los aspirantes de acudir a los tribunales.

Inicialmente, fueron 2.500 de esos 4.000 a quienes dejó fuera la prueba de ortografía quienes se atrevieron a interponer recurso de alzada contra la decisión de la División de Formación de inadmitirles, una cifra que se ha ido reduciendo hasta el mencionado millar conforme se ha ido desarrollando el proceso, que se iba complicando en términos técnicos y que ahora requiere del necesario asesoramiento de un abogado colegiado. El elevado número de aspirantes a policía descontentos con su nota tenía toda la lógica, ya que la prueba siempre se había superado con un cinco (salvo un año en que se situó en un siete, pero que lo advertían las bases) y, como esta vez no se decía lo contrario, todos los candidatos entendieron que esa seguía siendo la puntuación de corte. No arriesgaron, por lo tanto, cuando entendieron que habían contestado las preguntas suficientes para alcanzar el mencionado cinco.

Así lo explicaron en sus escritos de queja. Arguyeron que la Dirección General había cambiado las reglas del juego en mitad de la partida. El organismo dirigido por Francisco Pardo Piqueras, denunciaron, había establecido, tras celebrar las pruebas, que los candidatos debían superar el 6,2 en ortografía para pasar a la siguiente fase de la oposición. En la misma línea, protestaron, algunas de las palabras que los examinadores consideraron que estaban mal escritas fueron posteriormente dadas por buenas por el diccionario de la Real Academia Española, cuyos miembros se mostraron incluso dispuestos a declarar en sede judicial. Los opositores conformaron una plataforma para protestar denominada Justicia 36, que aglutinaba a todos los damnificados en torno a varios grupos de WhatsApp.