Caos en las oposiciones a la Policía a un día de la última prueba: "No nos han respondido"

Los 2.500 aspirantes a convertirse en policías nacionales que recurrieron en alzada contra la decisión de la dirección general de dejarlos fuera de la oposición de acceso a la escala básica del instituto armado están contrariados. Mañana tienen la siguiente prueba y no saben si pueden presentarse o no. Así lo explica la portavoz de todos estos candidatos, agrupados en torno a una plataforma y unidos gracias a los grupos de WhatsApp, que asegura por activa y por pasiva que la División de Formación y Perfeccionamiento aún no ha respondido a ninguno de sus recursos.

Los 2.500 opositores fueron expulsados del proceso, según argumentan en sus quejas ante la Administración —paso previo necesario antes de acudir a los tribunales—, porque el Ministerio del Interior cambió las reglas del juego a mitad de partido. En concreto, cuentan, la Dirección General de la Policía fijó una nota de corte para el examen de ortografía de 6,2 como requisito imprescindible para pasar a la siguiente fase, pero lo hizo una vez que los aspirantes ya habían realizado el examen. Era la nota de corte más alta desde las oposiciones de 2012, cuando se situó en un siete, aunque en aquella ocasión Interior lo avisó antes de la celebración de la prueba. Ahora, argumentan los afectados en sus escritos, no ha habido comunicación previa alguna que trasladara el concepto en las bases reguladoras.

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Los opositores, además, se quejan en los mismos recursos de alzada de que algunas palabras que los examinadores consideraban mal escritas han sido posteriormente dadas por buenas por la Real Academia Española (RAE), que incluso ha remitido a los candidatos a policías un escrito certificado en el que comunica su criterio con el fin de que estos puedan esgrimirlo como argumento en sus respectivos recursos. Las dudas planteadas por los opositores y respondidas por la RAE se refieren a términos como 'ciberataque' o a siglas como 'LGTBI', que la mayoría de aspirantes redactaron conforme a la opinión de la academia.

Desde la dirección general, sin embargo, contradicen a los opositores. Aseguran a El Confidencial, en concreto, que "todos los recursos de alzada que han llegado" a la División de Formación y Perfeccionamiento "se han respondido en tiempo". Lo contrario exactamente a lo que dicen los aspirantes a formar parte de la Policía Nacional, que niegan haber recibido respuesta oficial alguna por parte del órgano competente, que añade además que seguirá contestando "así" a todos los escritos que lleguen "hasta el día 11", en el que tendrá lugar la siguiente prueba.

Interior dice que sí responde

"Se están respondiendo todos los recursos de alzada, todos", insisten desde la dirección general del instituto armado, que asegura que cada respuesta es diferente en función de lo que cada demandante argumenta en su escrito. Las fuentes consultadas no desvelan, sin embargo, cuántos recursos está aceptando la División de Formación ni cuántos está rechazando. Sí aclaran que en el caso de que un aspirante presente un recurso de alzada y este sea admitido, el opositor estaría habilitado para presentarse a la siguiente prueba, que tendrá lugar mañana. Esta última constará de una entrevista personal, un reconocimiento médico y un test psicotécnico.

El cambio de criterio de la dirección general en mitad del proceso que denuncian los aspirantes afecta a 4.000 de ellos, según explican desde la plataforma mencionada. Sin embargo, han sido algo más de 2.500 los que han interpuesto el citado recurso de alzada. El abogado Ángel Galindo, uno de los denunciantes de la trama Gürtel, se ha ofrecido a llevar gratuitamente todos los procedimientos en caso de que estos tengan que recurrir ante los juzgados de lo contencioso porque la Administración rechace sus escritos.

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El letrado, de hecho, está preparando ya los argumentos jurídicos para representar a los opositores ante los tribunales en el caso de que estos finalmente decidan explorar esta vía, algo a lo que parecen decididos al menos los 2.500 que ya interpusieron el recurso de alzada. La mayoría de ellos —más de un millar— se mantienen en contacto desde la celebración de las pruebas a través de cuatro grupos de WhatsApp. Otros están unidos por medio de Telegram o de redes sociales como Twitter. Otros 2.000 no están conectados de ningún modo y son aún un caldo de cultivo para los recurrentes, que pretenden llegar a ellos con el fin de que se sumen a la reclamación masiva. La plataforma desconoce, por ejemplo, si estos últimos han presentado recurso de alzada por su cuenta sin comunicárselo al resto.

La polémica en torno al examen de oposición ha sobrepasado la esfera meramente policial. Varios grupos políticos —como Ciudadanos o Vox— están planteándose presentar diferentes preguntas parlamentarias al Gobierno con el fin de que este explique qué ha ocurrido en las pruebas, por qué cambió el criterio y por qué motivo se pusieron mal esas palabras. Algunos diputados, como Ana Vázquez, del PP, incluso han lanzado mensajes en las redes sociales para pedir explicaciones al Ejecutivo. "¿Y ahora qué hacemos, Marlaska? ¿¿Cómo reparamos el daño a esos opositores?? ¡¡¡Cuánta ineficacia!!! Varapalo de la RAE a la Policía por suspender a opositores por la ortografía", ha denunciado la congresista popular en Twitter.