Mil opositores a policía recurren a los tribunales por esta prueba de ortografía

Un millar de aspirantes a ingresar en la Policía Nacional que fueron rechazados en la prueba de ortografía acudirán a los tribunales. Este jueves acaba el plazo para que el Ministerio del Interior responda a sus recursos de alzada y, de momento, según explican los afectados, no hay contestación alguna. De ahí que el abogado que representa a gran parte de ellos, Ángel Galindo, se encuentre ya redactando la denuncia, que irá dirigida contra el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Es la primera vez que un número tan elevado de opositores trata de llevar a juicio una prueba de acceso al instituto armado.

Inicialmente, más de 2.500 aspirantes a convertirse en policías nacionales (de los 4.000 que se quedaron fuera por la ortografía) interpusieron otros tantos recursos de alzada contra la decisión de la División de Perfeccionamiento de la corporación de dejarles fuera de la oposición de acceso a la escala básica de la corporación, una cifra que se ha ido reduciendo hasta el mencionado millar tras el desarrollo del proceso, que conforme avanzaba se iba complicando en términos técnicos y que ahora requiere del asesoramiento necesario de un abogado colegiado.

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Todos los recurrentes argumentaron en sus primeros escritos de queja que la Dirección General de la Policía cambió los criterios de baremación en mitad del partido. En concreto, según explicaron algunos de los afectados, que conformaron una plataforma para ir de la mano bajo una misma dirección letrada, las bases de la oposición no incluían nota de corte alguna para el examen de ortografía.

Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, tras la celebración de las pruebas, las autoridades impusieron la obligatoriedad de que los aspirantes superaran el 6,2 en ortografía para pasar a la siguiente fase, que se celebraría el siguiente 11 de enero. Se trataba de la nota de corte más alta impuesta desde las oposiciones de 2012, cuando se fijó en un 7, aunque en aquella ocasión se estableció antes de la celebración de la prueba y no 'a posteriori', según argumentaron los afectados, que denunciaron en sus correspondientes recursos de alzada que no ha habido comunicación previa de que existiera esta condición en las bases reguladoras.

Asimismo, los aspirantes también denunciaron en los mismos escritos —que aún no han sido resueltos por Perfeccionamiento— que algunas de las palabras que los examinadores consideraban mal escritas fueron dadas por buenas por la Real Academia Española (RAE), cuyos miembros —según explicaron los candidatos a policías— estarían dispuestos a declarar en sede judicial, como muestran las misivas remitidas por la institución en respuesta a las dudas de los opositores sobre los términos 'ciberataque' y 'LGTBI', entre otros.

"Que no figuren con entrada propia en el diccionario académico no quiere decir que no existan o que no sean correctas", respondió en concreto en relación con las palabras 'ciberataque', 'ciberseguridad', 'ciberdelito' o 'cibercafé' la RAE, que indicó lo mismo sobre las siglas 'LGTBI'. El diccionario, arguyó, "registra un limitado número de siglas". Añadió, asimismo, que el término sí aparece en el diccionario jurídico de la academia. Las cartas de la RAE fueron de hecho adjuntadas en los mencionados recursos de alzada con el fin de corroborar la buena actuación de los aspirantes.

El Ministerio del Interior ha preferido mantenerse en silencio durante todo este tiempo y se ha remitido en todo momento a la decisión que tome la División de Perfeccionamiento, que hasta ahora no ha emitido dictamen, a pesar de que falta un solo día para que se cumpla el plazo. La falta de respuesta de este último departamento, el competente en la materia, de hecho, evitó que los opositores pudieran presentarse a la siguiente prueba, la del 11 de enero, que constaba de una entrevista personal, un reconocimiento médico y un test psicotécnico. Se quedaron así, por lo tanto, completamente fuera de las oposiciones, con lo que ya solo les queda la baza de los tribunales.

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El Ministerio del Interior hubiera tenido un problema de tamaño incalculable en el caso de seguir adelante con las pruebas y que posteriormente Perfeccionamiento diera la razón a los recurrentes. De este modo, al menos, ha conseguido que el número de recurrentes al final se reduzca de 2.500 a algo más de un millar. Estos últimos se han mantenido en contacto desde la celebración de las pruebas a través de cuatro grupos de WhatsApp, de canales de Telegram o de redes sociales como Twitter. Los otros 2.000 que no mantuvieron el contacto son los que se han quedado al margen del proceso.

La polémica en torno al examen de oposición sobrepasó la esfera meramente policial. Varios grupos políticos plantearon diferentes preguntas parlamentarias al Gobierno con el fin de que este explique qué ocurrió en las pruebas, por qué cambió el criterio y por qué motivo se pusieron mal esas palabras. Algunos diputados, como Ana Vázquez, del PP, incluso lanzaron mensajes en las redes sociales para pedir explicaciones al Ejecutivo. "Y, ahora, ¿qué hacemos, Marlaska? ¿Cómo reparamos el daño a esos opositores? ¡Cuánta ineficacia! Varapalo de la RAE a la Policía por suspender a opositores por la ortografía", denunció la congresista popular en Twitter. En paralelo, Ciudadanos emitió una preguntar parlamentaria y tanto el PP como Vox plantearon sendas proposiciones no de ley para reclamar al Gobierno una revisión de las calificaciones.