Varapalo del Defensor del Pueblo a Interior: "El examen de ortografía era ambiguo"

El Defensor del Pueblo ha dado un toque de atención al Ministerio del Interior. El pasado 18 de noviembre, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán remitió más de una veintena de escritos a otros tantos opositores que suspendieron el polémico examen de ortografía de la prueba de acceso a la Policía y que habían recurrido al organismo en busca de apoyo. En estas respuestas, el Defensor del Pueblo explica a los aspirantes a ingresar en el cuerpo que se ha puesto en contacto con el departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska para tirarle de las orejas.

En concreto, el organismo indica a los candidatos que "ha puesto de manifiesto a la Dirección General" que, a su juicio, las pruebas deberían ser reformadas. "En base a los antecedentes de los que se dispone relativos a las distintas actuaciones llevadas a cabo motivadas por la prueba de ortografía incluida en las convocatorias y a la inquietud que los aspirantes para el acceso expresan sobre la citada prueba, debería ser revisada la ambigüedad con la que las bases de la convocatoria describen la prueba ortográfica, de modo que los criterios y parámetros de la misma sean más concretos y más previsibles para conocimiento de los opositores".

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El Defensor del Pueblo subraya asimismo en las misivas remitidas a los opositores que "ha insistido" a Interior en que el número de plazas de la convocatoria no puede determinar el nivel del polémico examen. El ministerio, afirma en concreto el organismo en las mencionadas cartas, "ha de reparar en que la utilización de la prueba de ortografía como filtro del número de aspirantes que han de concurrir a la siguiente prueba (con tres partes eliminatorias) en función del número de las plazas convocadas podría estar alterando la finalidad de la misma y generando inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo".

El abogado que ha vehiculado las protestas ante el Defensor del Pueblo en nombre de los mencionados opositores, Ángel Galindo, asegura que, a través de estas misivas, el organismo confirma que "el Ministerio del Interior reconoce que el tribunal calificador consideró que el corte debía establecerse en una ratio que permitiese contar con un número suficiente de opositores para la siguiente prueba". "Este criterio siempre se ha previsto para el caso de que el número de aprobados con cinco puntos o más fuera inferior al número que estimarían para pasar la prueba, no era nuestro caso".

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Los opositores se quejaron, entre otras cosas, de que en mitad del proceso la Dirección General de la Policía estableció una nota de corte. "Cambió las reglas una vez el partido había comenzado", ejemplificaron algunos de los aspirantes, que tras la controversia optaron por agruparse a través de WhatsApp. Galindo, que aglutinó a casi un millar de personas que habían sido descalificadas por la prueba de ortografía, interpreta que con estas cartas "el Defensor del Pueblo reconoce que las bases deben ser revisadas para que la prueba de ortografía tenga unos criterios concretos y parámetros previsibles para los opositores, como pedíamos en nuestros recursos".

"Según el Defensor del Pueblo, la prueba de ortografía ha alterado su finalidad al haberse utilizado con carácter eliminatorio", añade el letrado, que considera que "la no fijación de la puntuación que determina el apto con carácter previo a la realización de la prueba ha generado inseguridad". "Se trata de afirmaciones muy relevantes las que hace el Defensor del Pueblo, que confirman que tenemos razón para sostener los recursos judiciales", valora Galindo, que ha presentado por el momento casi medio millar de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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"300 han sido ya admitidos a trámite", recalca el abogado, quien explica que todos ellos han sido asumidos por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del mencionado TSJM. Aún quedan muchos por poner, subraya en referencia a que todavía hay muchos recursos administrativos que no ha resuelto la Dirección General de la Policía, ante la que deben presentarse primero estas quejas y sin cuyo dictamen negativo los interesados no pueden acudir a la vía judicial. La resolución de estos recursos administrativos ha ido realizándose como un goteo poco a poco durante los últimos meses.

La prueba de ortografía expulsó de la carrera de acceso a la Policía Nacional a 4.000 aspirantes. De ellos, alrededor de 2.500 interpusieron un recurso ante la Dirección General. La cifra se fue reduciendo hasta el millar de aspirantes conforme se iba desarrollando el proceso, que se complicaba en términos técnicos y que en un momento dado requirió del necesario asesoramiento de un abogado colegiado. El elevado número de aspirantes a policía descontentos con su nota tenía toda la lógica, ya que la prueba siempre se había superado con un cinco (salvo un año en que se situó en un siete, pero en aquel caso lo advirtieron las bases) y, como esta vez no se decía lo contrario, todos los candidatos entendieron que esa seguía siendo la puntuación de corte. No arriesgaron, por lo tanto, cuando entendieron que habían contestado las preguntas suficientes para alcanzar el mencionado cinco.