150 YA HAN IDO POR LA VÍA JUDICIAL

La pasividad de Interior obliga a cientos de opositores a repetir pruebas ya aprobadas

El retraso en la respuesta al recurso de cientos de candidatos a ingresar en el cuerpo, que fueron suspendidos por la prueba de ortografía, también evita que estos puedan acudir a los tribunales

Foto:  Opositores durante un examen de acceso. (EFE)
Opositores durante un examen de acceso. (EFE)

La División de Formación de la Policía Nacional lleva tres meses de retraso en la respuesta que debe dar a los recursos presentados por un millar de opositores que fueron rechazados durante la última convocatoria de ingreso en el cuerpo, después de que el tribunal examinador modificara los criterios de evaluación. El mencionado departamento, responsable de calificar los procesos de promoción interna y las nuevas incorporaciones al instituto armado, ha contestado a apenas 150 de estos candidatos a policías frustrados en sendas resoluciones del 18 de junio y del 10 de julio de 2020, fallos que están siendo notificados estos días, nada menos que tres meses después.

Hay cerca de mil aspirantes que se quedaron fuera por los mencionados cambios de criterio relacionados con la prueba de ortografía y que, tras conocer su suspenso, decidieron recurrir por la vía administrativa al considerar que se había producido una irregularidad en la corrección de sus ejercicios. En concreto, argumentaron que la nota de corte siempre había estado en el cinco, cuando no se había dicho otra cosa con anterioridad y que, en esta ocasión, las bases no habían expresado nada al respecto. La mayoría de ellos (más de 600) interpusieron recurso a través del abogado Ángel Galindo, conocido por representar también al exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, el denunciante que abrió el 'melón' de la trama Gürtel.

Los 150 opositores que ya han recibido respuesta, por su parte, han iniciado el camino de los tribunales. Todos ellos han sido notificados con una contestación negativa, pero necesitaban el aviso formal para acudir a la vía judicial. De ahí que el resto de opositores, que aún no han tenido noticia de la División de Formación, estén visiblemente enfadados. No pueden dar el mismo paso que sus compañeros porque no han recibido la notificación correspondiente. En este contexto, muchos de ellos han optado por remitir correos electrónicos o realizar llamadas telefónicas a la Dirección General con el fin de pedir explicaciones personalmente por el retraso de las respuestas.

El malestar entre los funcionarios de la División de Formación es patente, pues cada día deben atender las interpelaciones. Muchos candidatos a acceder al cuerpo denuncian ante El Confidencial que el departamento responsable de la organización de las oposiciones no responde ni siquiera a estos requerimientos remitidos por 'e-mail' y que, en ocasiones, los teléfonos se tiran toda la mañana comunicando. Según Galindo, son "cientos" los aspirantes a los que él representa que están interpelando por las dos mencionadas vías a los miembros de la División de Formación.

La razón, explica el abogado, es que no solo están sufriendo un perjuicio con motivo del retraso en la respuesta, porque no pueden acudir a la vía judicial hasta tener la notificación, sino también porque este recurso a los tribunales demorará aún más la futura resolución judicial y esta podría llegar cuando ellos ya se encuentran en otra realidad vital. No en vano, son muchos de estos damnificados los que se han vuelto a presentar a la nueva convocatoria de oferta pública abierta a finales de julio. Podría darse la circunstancia de que todos ellos tuvieran que volver a hacer los ejercicios que ya superaron en la pasada edición, las pruebas físicas y las de conocimiento, además de la de ortografía, que es la que han recurrido.

Más de 2.500 opositores anunciaron inicialmente su intención de recurrir el suspenso en ortografía que les impuso la Dirección General de la Policía en el examen de acceso a la institución. Finalmente, un millar se lanzó a interponer el recurso por la vía administrativa. La mayoría se agrupó en torno al mencionado letrado. Otros lo hicieron a través del abogado Antonio Suárez Valdés, también especializado en la defensa de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y unas decenas más por medio de otros representantes legales.

La pasividad de la División de Formación para contestar a los recursos no ha sido la tónica de este departamento, sin embargo, en otros aspectos. Las bases de la nueva convocatoria mencionada, por ejemplo, sí recogen ya todos los requerimientos que precisamente reclamaban los opositores rechazados por la prueba de ortografía en sus recursos, lo que en el fondo representa una contradicción en el seno de la Dirección General. Por un lado, denegó los mencionados escritos interpuestos por un millar de aspirantes a entrar en el cuerpo que se quejaban por los criterios de corrección y, por otro, modifica esos mismos criterios para abrazar precisamente los que reclamaban los opositores 'repudiados'.

"Para la corrección de las pruebas, se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de referencia de la Academia", refleja por una parte el nuevo texto de las bases, que también deja meridianamente claro que "serán declarados aptos los opositores que obtengan una nota igual o superior a 5". "El tribunal, en el ejercicio de sus competencias, podrá, en el caso de que tras la calificación de la prueba de conocimientos no exista un número suficiente de opositores con puntuación igual o superior a 5 (...), bajar la nota de corte", agrega la resolución, que hace suyos de este modo los argumentos esgrimidos en sus recursos por los opositores. Estos últimos fueron rechazados precisamente porque el tribunal evaluador no tomó el diccionario como referencia, además de subir la nota de corte después de las pruebas, modificando de este modo los criterios en mitad del 'partido'.

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