El TSJM admite los recursos de los opositores a policía 'suspendidos' en ortografía

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de los ocho primeros opositores que lo han interpuesto contra la decisión del Ministerio del Interior de excluirles de la última convocatoria de oposición a la escala básica de la Policía Nacional. El alto tribunal abre así una investigación judicial a la que previsiblemente se adherirán cientos de aspirantes a acceder al cuerpo más que también fueron rechazados en la misma prueba que sirvió para expulsar a los primeros, la que versaba sobre un test de ortografía cuyos criterios de baremación fueron modificados tras acabar los exámenes.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal ha aprovechado el auto de admisión a trámite con el que inicia las diligencias para reclamar a la Dirección General de la Policía el expediente administrativo de los ocho recurrentes. Todos ellos recurrieron inicialmente por vía administrativa ante la División de Personal, organismo responsable de organizar los procesos selectivos, que tumbó todas estas quejas y les obligó a acudir a los tribunales, donde ahora ha aterrizado la patata caliente.

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La prueba generó un gran revuelo inicial, pues había palabras que los opositores entendían que estaban bien escritas según su criterio -y luego la RAE les dio la razón- y la Dirección General decidió a última hora implantar una nota que corte que no había anunciado que impondría. Miles de aspirantes comenzaron a protestar por las redes sociales, los medios se hicieron eco de esas quejas y gran parte de ellos se empezó a organizar a través de grupos de Whatsapp. Estos últimos conformaron entonces gracias a la aplicación de mensajería instantánea una plataforma denominada Justicia 36.

Gracias a esta herramienta, más de 2.500 opositores se organizaron para poner en marcha un procedimiento en masa contra la administración. Finalmente, los meses fueron pasando, y el número se quedó finalmente en un millar de candidatos a ingresar en la Policía Nacional. Todos ellos fueron los que decidieron dar el paso e interponer un recurso ante la División de Personal, que previsiblemente sería rechazado pero que se tornaba como iniciativa imprescindible para acudir luego a los tribunales. Los opositores se organizaron entonces en torno a diferentes abogados para hacer este trámite administrativo previo al recurso judicial.

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El letrado Ángel Galindo, que fue defensor del concejal que dio origen al caso Gürtel, José Luis Peñas, se ofreció a iniciar estos trámites y medio millar de estos postulantes se fue con él. Estos ocho primeros recursos admitidos a trámite son de hecho los primeros que entran en el alto tribunal, que previsiblemente incorporará cientos más. El problema es que Galindo los va interponiendo poco a poco, conforme Interior va resolviendo los trámites administrativos. El cúmulo de reclamaciones provocó que el Ministerio se retrasara en sus respuestas, lo que generó mucha incertidumbre entre los opositores, que no podían recurrir a la justicia hasta tener el escrito de la administración que rechazaba su protesta.

Hasta 450 aspirantes se encuentran en alguno de estos trámites previos a la admisión a trámite, aunque finalmente engrosarán esa demanda colectiva y se incorporarán al procedimiento abierto ya en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a lo largo de los próximos meses. Según explica Galindo, quedan aún por notificar por parte de la administración unos 150 expedientes. Los demás, afirma, han recurrido ya a la justicia, que responderá en los próximos días previsiblemente como ha hecho con los ocho primeros mencionados.

Cambios en la nueva convocatoria

La protesta colectiva ha obligado a la Dirección General de la Policía a modificar las bases de la siguiente convocatoria de plazas de la escala básica del cuerpo, que ya ha sido publicada y a la que se han presentado la mayor parte de los aspirantes que ahora están recurriendo a la justicia, que no quieren perder la oportunidad de hacer de nuevo las pruebas, ya que en caso de que los tribunales tumben sus recursos no tendrían donde agarrarse. Esta nueva convocatoria incluye ya las modificaciones planteadas en su momento por los opositores vía administrativa, como contó El Confidencial el pasado 2 de septiembre.

En concreto, mientras la Dirección General rechazaba estos recursos, relató este diario, corregía los mismos criterios impugnados para que no pudieran volver a serlo en la resolución del pasado 27 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después, que avanzaba las bases de la próxima convocatoria de plazas. "Para la corrección de las pruebas, se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de referencia de la Academia", aclaraba el texto, que igualmente dejaba meridianamente cristalino que "serán declaradoso aptos los opositores que obtengan una nota igual o superior a cinco".

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"El tribunal, en el ejercicio de sus competencias, podrá, en el caso de que tras la calificación de la prueba de conocimientos no exista un número suficiente de opositores con puntuación igual o superior a 5 (...), bajar la nota de corte", agregaba la resolución, que hacía suyos de este modo los argumentos esgrimidos por los opositores en sus recursos, quienes habían reclamado precisamente este punto en el mismo sentido. Aun así, el letrado Galindo ha decidido recurrir también la última convocatoria en representación de otro grupo de opositores, aunque por otros motivos.

Según explica a El Confidencial el abogado, ahora han atacado la prueba psicotécnica, al entender que no figura con nota de corte alguna, y las diferencias en las condiciones que marca la convocatoria para hacer los ejercicios físicos entre hombres y mujeres (a los primeros no les permite utilizar magnesio para mejorar el agarre a la barra de dominadas y a las segundas sí). "Queremos aclarar las bases para que el proceso sea totalmente transparente y se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad", sostiene Galindo, que entiende que "el Ministerio del Interior se lo debe a los aspirantes después de años de arbitrariedades".