La Fiscalía pide que se investigue la situación de los migrantes en Canarias

La Fiscalía quiere que se investigue la situación de los migrantes llegados en los últimos meses a Canarias y, más concretamente, los que han estado hacinados en el muelle de Arguineguín. El Ministerio Público no está de acuerdo con la decisión adoptada la pasada semana por la jueza de instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana y ha recurrido el auto en el que esta archivaba la denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán, Oralia Bueno.

Bueno acudió a los tribunales al entender que la situación generada en el campamento improvisado podía revestir carácter de delito. En su escrito, apuntaba a la existencia de responsabilidades penales en las que podría estar incurriendo el Gobierno español por su "inacción" respecto del campamento del muelle y la vulneración de los derechos de los inmigrantes allí acogidos. Entendía, en concreto, que podían haberse cometido delitos por el hecho de mantener retenidos a varios miles de migrantes llegados a Gran Canaria en pateras desde África. Según aseguraba, podrían haber estado detenidos ilegalmente, al haber superado las 72 horas preceptivas sin control judicial.

TE PUEDE INTERESAR

La crisis migratoria con Marruecos revive en Canarias

Ignacio Cembrero

La edil no señalaba formalmente en su denuncia a ningún responsable concreto de la vulneración de los derechos humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento de primera acogida del puerto, donde han llegado a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad. No obstante, apuntaba claramente al Gobierno y, en concreto, al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

La jueza, sin embargo, no atendió su reclamación. Tras realizar una inspección ocular en el muelle —que ya ha sido desmantelado totalmente este lunes—, aludía a la falta de indicios para considerar que lo sucedido en Arguineguín fuera delito. En su auto (consultar en PDF), indicaba que aunque la situación vivida en el campamento ha sido "deplorable", no ve ilícitos penales. La Fiscalía discrepa y entiende que, al menos, es preciso practicar más diligencias para comprobar la situación en que han estado.

TE PUEDE INTERESAR

El viaje de Abdoul: un retrato personal para entender la crisis migratoria en Canarias

Alicia Alamillos. Las Palmas

Para la magistrada, la naturaleza "no delictiva de los hechos" resultaba "reveladora" en este caso concreto. "No ha quedado probado que estén en el recinto en contra de su voluntad o que se les haya prohibido abandonarlo" o se les haya devuelto al mismo por la fuerza, indicaba. Señalaba también que una investigación judicial no puede basarse en "vagas indicaciones o livianas sospechas". No ve en este caso apunte alguno, ni siquiera en la denuncia, sobre a qué persona se atribuyen los hechos, ponía de manifiesto.

Las 72 horas

La jueza descartaba el delito de detención ilegal que se produce cuando se retiene a inmigrantes más allá de las 72 horas legales. No veía la intención necesaria para que este hecho fuera delito. "El delito de detención ilegal exige un dolo específico, es decir, la voluntad de privar a otro de su libertad durante cierto tiempo. Si tal propósito no resulta evidente por las circunstancias del caso, no se cometería este delito", destacaba en su escrito, en el que añadía que los inmigrantes podían marcharse libremente superado el citado plazo.

TE PUEDE INTERESAR

El fiasco de Sophia: por qué mandar la Armada a Canarias sería "contraproducente"

Alicia Alamillos Javier Bocanegra

En su auto, agregaba que la situación se ha generado por la combinación de dos factores. Por una parte, las "limitaciones en cuanto a medios materiales y personales", a lo que se suma el elevado número de ciudadanos de otros países llegados a las costas canarias durante los últimos meses. Por otra, el efecto de la pandemia que, en su opinión, ha provocado que se modifiquen las actuaciones habituales y, para proteger a la población, se ralenticen en muchos casos.

Pese a que la alcaldesa ha sido la única en llevar el asunto a los tribunales, distintos organismos e instituciones lo han denunciado en declaraciones públicas. es el caso de Human Rights Watch o CEAR, que han apuntado a esa detención ilegal por estancias que superan el límite legal.