Los 'señores de la guerra' con base en España que vendían armas en África y Oriente Medio

El 25 de septiembre de 2008, piratas somalís abordaron el buque ucraniano Faina. Más de 20 embarcaciones habían sido capturadas en el cuerno de África ese año, pero la carga del Faina le diferenciaba del resto: sus bodegas escondían 33 carros de combate T-72, 42 armas antiaéreas ZPU-4 y 36 lanzagranadas. Las alarmas saltaron en medio mundo y, mientras el destructor Howard de Estados Unidos se acercaba al buque, el portavoz de la naviera ucraniana, Viktor Murenko, se convirtió en la cara visible del suceso.

Con tal de que el arsenal no llegara a tierra, todas las opciones estaban sobre la mesa. La tensión se mantuvo hasta el 5 de febrero de 2009, cuando se pagó un rescate de 3,2 millones de dólares y el buque fue liberado, pero 12 años después, Murenko vuelve a aparecer en informes de Inteligencia. Esta vez, como el supuesto cabecilla de una organización que vendía grandes cargamentos de armas y explosivos en el norte de África y Oriente Medio saltándose todos los controles y embargos internacionales.

La Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Fiscalía Anticorrupción le puso las esposas el pasado 12 de noviembre junto a otras seis personas en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol. El dispositivo, desarrollado en Cataluña y Comunidad Valenciana, se centra en los posibles delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y tráfico de armas. Fuentes cercanas a la investigación explican que la red tenía su origen en Ucrania, donde compraban enormes partidas de armamento que después vendían en zonas de conflicto. Los detenidos son de nacionalidad ucraniana, letona o española. Junto a Murenko, el otro cabecilla de la red sería Alexander Dircenko, instalado igualmente en territorio nacional.

El dominio de las rutas del Mediterráneo que tenía este grupo se refleja en un segundo incidente con otra embarcación. El 25 de mayo de 2017, las autoridades griegas detuvieron el buque Mekong Spirit ante la sospecha de que transportaba armas. No se equivocaban: con una veintena de tripulantes a bordo, la mayoría de nacionalidad ucraniana, las bodegas escondían explosivos y armas. Fuentes de la investigación sitúan tras este incidente a la misma red y apuntan a que la tripulación permaneció cerca de un año bajo arresto.

"La capacidad operativa de carácter internacional era una de las particularidades más destacables de esta organización", explicaba la Policía Nacional el pasado 14 de noviembre en un comunicado, poniendo como ejemplo que en una ocasión la organización llegó a planificar "la fuga del capitán de uno de los cargueros, detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas".

Con este supuesto tráfico de armas como telón de fondo, la tesis de los investigadores pasa por que más de 10 millones de euros sus ganancias se blanquearon en España. Para ello, ponen el foco en un tercer hombre que habría hecho de testaferro, Boris Lunovs. Los cargueros que se utilizaban para el trasporte se domiciliaban en países que no destacan por su control bancario, como se refleja en que el Faina navegara bajo bandera de Belice y el Mekong Spirit bajo bandera de Malta, pero después se transfería el dinero a cuentas corrientes de sociedades europeas, con Suiza y el Reino Unido a la cabeza. "Una vez allí, las mercantiles que controlaban las cuentas corrientes, transferían a España todo el capital blanqueado, simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida", explica la Policía.

El tráfico de armas supuestamente siguió funcionando bajo este esquema hasta que una pelea entre miembros de la organización terminó por reventar las medidas de seguridad que guardaban los líderes, que dirigían las operaciones desde Gavá, en Barcelona, y Calpe, en Alicante. Según adelantó el diario 'ABC', el detonante fue la denuncia que presentó uno de los cabecillas ante los Mossos d'Esquadra en 2018, escrito en el que acusaba a su hasta entonces socio de haberle quitado 1,4 millones de euros.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a tirar de un hilo que los llevó a encontrarse con extorsiones y amenazas, una guerra interna que tenía como objetivo hacerse con el control de las rutas marítimas que utilizaban para vender las armas procedentes de Ucrania. Tras más de un año indagando en estos hechos, el 12 de noviembre se puso en marcha la operación Yakir (ancla en ucraniano).

Bajo el mando del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción, se detuvo a siete supuestos miembros de la organización y se produjeron siete entradas y registros en domicilios, interviniendo documentación de índole económica, equipos informáticos y dinero en efectivo.

Tras pasar a disposición judicial Murenko, Dircenko y Lunovs, el juez acordó el ingreso en prisión provisional de los tres, así como el embargo sobre 18 propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros como medidas cautelares, patrimonio que supera los 10 millones de euros. A la espera de que avance la investigación, el magistrado ha acordado el secreto de las actuaciones para seguir indagando en los presuntos señores de la guerra que operaban desde España.