Falsificación, dimisiones fingidas y multa a Abascal. El caso catalán se tuerce para Vox

Lo que los dirigentes de Vox creían que sería un mal rato temporal y sin consecuencias para ninguno de ellos está adentrándose en terrenos pantanosos. El juicio que tuvo lugar el pasado lunes en la sala de vistas del Juzgado 44 de Primera Instancia de Madrid dejó en evidencia que el proceso no era precisamente un camino de rosas y que algunas decisiones tomadas por la cúpula del partido en relación con este caso podrían conllevar efectos inesperados. Así lo explican a El Confidencial fuentes jurídicas que tuvieron acceso a la celebración del juicio, que se alargó algo más de dos horas.

Durante el mismo, el que más tiempo estuvo hablando fue el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, que declaró como testigo durante casi una hora, fundamentalmente sobre el acta del comité ejecutivo nacional del 1 de octubre de 2019 que aprobó las modificaciones de más de una veintena de comités provinciales. La parte denunciante puso de manifiesto que, a su entender, ese documento que Ortega Smith estaba entregando en sede judicial estaba manipulado, ya que el formato de lo concerniente al organismo barcelonés no era igual al del resto de territorios. De ahí que la representación legal de los denunciantes —tres afiliados de la delegación catalana— impugnara en la misma vista el mencionado documento.

TE PUEDE INTERESAR

Vista para sentencia la crisis de Vox en Cataluña sin que comparezca Abascal

Roberto R. Ballesteros

Será ahora la jueza María José Ochoa quien determine si efectivamente ha sido falseada el acta con objeto de hacer ver a la magistrada que la decisión del comité ejecutivo nacional del partido fue ajustada a derecho o si es auténtico el documento presentado por Ortega Smith. Dado que lo que el pasado lunes tuvo lugar en la sala de audiencia del Juzgado 44 fue el juicio, no cabe practicar diligencia alguna para investigar la legitimidad de lo mostrado por el secretario general de Vox y dilucidar sobre su certeza, por lo que la posible manipulación sería abordada por la magistrada en la sentencia que emita, donde tendrá que argumentar si tiene en cuenta el documento para dictar su sentencia o no la considera por algún motivo.

Además de Ortega Smith, durante la vista compareció también como testigo el responsable territorial de organización del partido en Cataluña, David Lucas López, quien ofreció su versión sobre la supuesta dimisión de José Manuel Arias, un exmiembro del comité provincial que ahora ocupa el cargo de responsable de Comunicación de la formación en Barcelona. Su renuncia tiene una especial relevancia en este asunto, pues sería el cuarto miembro del organismo territorial que abandonó, lo que según los estatutos permitiría que el comité ejecutivo nacional disolviera el provincial, ya que superaría el 50% establecido para que este último órgano pudiera actuar.

TE PUEDE INTERESAR

Un diputado de Vox renuncia al escaño y al aforamiento tras ser denunciado

D. P.

Según Lucas, Arias le llamó por teléfono el 27 de septiembre de 2019 para comunicarle su dimisión. Esta información transmitida de forma verbal se sumaba a la huida de otros tres miembros del comité de Barcelona que sí habían renunciado por escrito durante los días previos, por lo que ya eran cuatro los que salían voluntariamente, y eso representaba más del 50% que los estatutos establecen que debe haber para dar luz verde al comité ejecutivo nacional. Sin embargo, los denunciantes expresaron durante la vista que la dimisión de Arias fue fingida, pues no hay testigos de la misma. Además, argumentaron a través de su defensa letrada que ni el responsable de comunicación de Barcelona ni Lucas supieron decir a qué hora tuvo lugar la llamada y que, por otro lado, quien renunció no lo comunicó públicamente hasta el 14 de febrero de 2020, meses después de aquel supuesto abandono telefónico, cuando ya había sido disuelto el comité provincial, extremo que tuvo lugar el citado 1 de octubre de 2019.

Sobre este extremo, igualmente se deberá pronunciar la titular del Juzgado 44 de Primera Instancia, pues se trata del tema medular del procedimiento. Dar por buena esa dimisión, en la práctica, conlleva legitimar la decisión del comité ejecutivo nacional de disolver el órgano territorial. Rechazarla, sin embargo, pondría en duda el proceso interno y derivaría previsiblemente en una sentencia condenatoria. Los denunciantes reclaman, en el caso de que la jueza opte por esto último, restituir el comité provincial originario y anular todos los actos que haya llevado a cabo el actual, ya que se habrían vulnerado los derechos de los afiliados, que eligieron democráticamente el citado organismo territorial.

También era importante por estos mismos motivos la declaración como testigo de quien era la presidenta del comité barcelonés cuando la cúpula del partido ordenó su disolución, María Dolores Martín San Cristóbal, que la cúpula de Vox consideraba como otra cuarta dimitida. La mujer, sin embargo, dejó claro en su declaración del pasado lunes en sede judicial que ella no renunció a su puesto al frente del organismo, sino que únicamente puso su cargo a disposición del partido, cosa que a su entender es cuestión distinta. Martín San Cristóbal fue posteriormente cesada.

No menos relevante es, por otra parte, que el presidente de Vox, Santiago Abascal, no compareciera este lunes en la sede judicial de la madrileña calle del Capitán Haya. Fuentes del partido explicaron a El Confidencial que el líder de la formación no acudió al Juzgado 44 a pesar de haber sido citado para evitar la pena de telediario, ya que no eran pocos los medios de comunicación que esperaban inmortalizar al diputado accediendo al edificio. Argumentaron que no era necesario que fuera. Fuentes jurídicas explicaron además que la no presencia de Abascal no conllevaba reproche judicial alguno de forma automática, pues el proceso que se dilucida no es penal, sino civil.

Sin embargo, la representación letrada de los denunciantes no quiso pasar por alto la decisión del presidente de Vox de pasar de la citación y reclamó la aplicación del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que, "si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo 292 de la presente ley", que por su parte contempla una sanción de entre 180 y 600 euros. La propia magistrada expresó durante la vista que en este punto se atendría a lo que establece el mencionado artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La resolución de esta petición no irá recogida, sin embargo, en la sentencia, sino que será dispuesta antes o después del fallo, según decida la jueza.

TE PUEDE INTERESAR

Vox esboza su giro social frente a las medidas anticovid y toma posiciones ante la crisis

Javier Bocanegra

El comité ejecutivo nacional de Vox acordó la disolución del organismo barcelonés el 1 de octubre de 2019 y puso al frente del territorio a una gestora liderada por Juan Garriga, primo del diputado por la Ciudad Condal Ignacio Garriga, que hoy por hoy ejerce como portavoz del comité ejecutivo nacional y que fue la persona elegida por Abascal para defender la moción de censura fallida presentada por la formación el pasado 22 de octubre en el Congreso. Desde entonces, la cúpula de Vox ha defendido, como el pasado lunes hicieron Ortega Smith y Lucas López, que disolvió el ente provincial porque así le obligaban los estatutos de la propia formación.

El comité provincial llevaba funcionando desde el 11 de julio de 2018, cuando fue proclamada presidenta Martín San Cristóbal tras obtener el respaldo de la mayoría de afiliados de Barcelona. Desde entonces, y hasta la disolución, ningún miembro del organismo fue sancionado por no asumir las directrices del comité nacional, como recordó de hecho la demanda interpuesta por los afiliados después de que la cúpula de Vox optara por deshacer el ente provincial. Tras ordenar la disolución el 1 de octubre de 2019, el comité central del partido comunicó a los afiliados por 'mail' un día después que, para "fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial de cara a los próximos comicios del 10 de noviembre", había "decidido disolver" el organismo barcelonés y que la nueva gestora la encabezaría Juan Garriga.